El Mundial como horizonte y como coartada
México, Estados Unidos y Canadá serán sede del Mundial de Futbol en 2026. Las sedes mexicanas —Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey— son también epicentros históricos de violencia urbana y presencia del crimen organizado.
La presión internacional para proyectar una imagen de país seguro, funcional y turísticamente atractivo es enorme. No es conspirativo afirmarlo: es elemental.
Los gobiernos ajustan sus narrativas de seguridad antes de grandes eventos. Lo hicieron para los Juegos Olímpicos de México 68, para el Mundial de 1986, para cada visita de Estado relevante.
El pico de optimismo estadístico del SESNSP coincide puntualmente con el año en que el mundo pondrá los ojos en los estadios mexicanos.
Lo que sí podría funcionar
Hay salidas reales, aunque incómodas.
Primera: transparencia metodológica obligatoria —que cualquier cambio en las métricas del SESNSP sea auditado por organismos independientes y publicado con anterioridad, no descubierto después.
Segunda: financiamiento robusto y autónomo a los observatorios ciudadanos de violencia, especialmente en municipios de alta incidencia, para contrastar cifras oficiales con registros comunitarios.
Tercera: una política de prevención que financie infraestructura cultural, deportiva y educativa en los cincuenta municipios más violentos del país, con metas medibles y evaluación externa.
Cuarta: depuración real y sostenida de los ministerios públicos locales, que son hoy el cuello de botella donde la impunidad se fabrica.
Quinta: reconocer públicamente que la violencia tiene raíces económicas, y articularlas con política laboral concreta en zonas de conflicto.