Hay una escena que se repite con asombrosa regularidad: un gobernador o un presidente municipal convoca a rueda de prensa, anuncia una crisis de seguridad y presenta a su nuevo secretario. El funcionario luce condecoraciones militares en el pecho. El mandatario lo llama "elemento de primer nivel". La prensa anota el rango militar.
Los ciudadanos, hartos, aplauden o callan.
Y el ciclo vuelve a comenzar, en otro estado, en otro municipio con idéntico libreto. Esto no es anécdota: es la descripción de una política que lleva dos décadas perpetuándose a pesar de una verdad documentada.
No funciona.
Los datos no admiten interpretaciones generosas.
Desde que Felipe Calderón militarizó la seguridad pública en diciembre de 2006, cada administración ha profundizado la apuesta castrense y cada una ha cosechado más violencia. Con Calderón los homicidios dolosos aumentaron 86% respecto al sexenio anterior. Con López Obrador y su Guardia Nacional —integrada en 77% por militares del Ejército Proceso— se registraron 193 mil 377 homicidios, 36,000 más que con Peña Nieto, y 51,387 desapariciones, 57% más.
Hay estudios donde la evidencia es categórica: los estados y municipios con secretarios de seguridad provenientes de las Fuerzas Armadas exhiben homicidios más altos que aquellos con secretarías civiles.
La militarización no apaga el fuego; lo alimenta.
Si los resultados son tan malos, ¿por qué la política persiste?
La respuesta no está en la seguridad: está en la política.
Colocar un militar al frente de una secretaría cumple funciones ajenas a reducir delitos. Permite al gobernador o al alcalde transferir la responsabilidad del fracaso hacia instituciones de alta legitimidad: el Ejército y la Marina gozan de aprobación de 84 y 86 por ciento Proceso respectivamente.
Si la violencia sube, el funcionario dice "está coordinando con las fuerzas federales". Los mandos militares asignados federalmente son palancas de negociación entre gobiernos locales y federación. La lógica castrense —vertical, discreta, opaca— conviene a quienes rechazan controles civiles rigurosos.
Mientras México sigue apostando al uniforme verde, existe una vía menos espectacular pero más eficaz: la profesionalización de la policía civil.
Esta vía exige lo que la clase política raramente quiere enfrentar: inversión sostenida, paciencia institucional y renuncia al control discrecional.
Una carrera policial sólida requiere exámenes de ingreso rigurosos en habilidades, ética y aptitud psicológica; evaluaciones periódicas con consecuencias reales; salarios que eliminen el terreno de la corrupción; ascenso por desempeño, no por lealtades. Se ha documentsdo que solo 18% de los responsables de seguridad estatal son policías de carrera. El resto son militares o abogados sin formación operativa.
Esa cifra lo explica todo.
El caso de Atizapán merece detenerse. Entre 2022 y enero de 2026, Fabián Gómez Calcáneo —abogado, politólogo, con maestrías en seguridad pública en Colombia e Italia, marino— transformó una corporación municipal que recibió descuidada y con corrupción interna. Implementó vigilancia por cuadrantes, depuró a los elementos corruptos —el 50% del personal se fue antes que aceptar los nuevos estándares —, aumentó salarios y formalizó ascensos por mérito.
Apostó por inteligencia policial sobre presencia intimidatoria.
El resultado: Atizapán pasó de ser uno de los municipios más inseguros del Estado de México al mejor evaluado en percepción de seguridad según el INEGI, con una caída de más de 20 puntos porcentuales. Los robos de vehículos bajaron de 1,400 a 400 casos anuales. No llegaron soldados; llegó una metodología civil, honesta asumiendo la identidad policial.
El cambio de paradigma exige decisiones concretas. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública debe reformarse para exigir perfiles civiles certificados al frente de secretarías estatales y municipales. El Secretariado Ejecutivo debe financiar una carrera policial nacional con escalafón unificado, salario base de tres veces el salario mínimo y evaluaciones públicas de desempeño.
Un programa federal de asistencia técnica debe replicar el modelo Atizapán en municipios dispuestos a reestructurar sus corporaciones bajo criterios civiles. El Congreso debe legislar para que mandos militares en funciones policiales queden sujetos a auditorías civiles y jurisdicción ordinaria.
El sistema necesita métricas vinculantes —no declarativas— con consecuencias reales por incumplimiento.
México lleva 20 años buscando en el cuartel lo que solo puede encontrar en la institución civil.
La militarización seduce porque ofrece certezas inmediatas: cadena de mando, disciplina aparente, imagen de poder. Pero la seguridad pública no es una operación de combate; es un servicio de proximidad, de inteligencia cotidiana, de confianza construida entre ciudadanos y policías que comparten colonia y vida diaria.
Ningún teniente designado por decreto puede ofrecer eso. Hay municipios que pueden demostrar que existe otro camino. Los miles de mexicanos desaparecidos y las familias rotas exigen que definitivamente lo transitemos de una vez.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
