Donde el Estado no llega; los planes de intervención que México no se ha atrevido a hacer

El patrón del fracaso es reconocible: el gobierno federal despliega fuerzas, anuncia operativos con nombres contundentes, presenta detenciones espectaculares. Luego retira gradualmente los recursos, sin haber construido capacidad institucional local, sin haber intervenido la economía criminal que sostiene a los grupos, y sin haber instalado mecanismos de gobernanza que sobrevivan al repliegue federal. El crimen reorganiza, renombra y regresa. Lo que el Estado llama “éxito táctico” es frecuentemente una pausa en la que el territorio se disputa entre facciones antes de consolidarse bajo un nuevo mando. Michoacán enseña que intervenir sin transformar es, en el mejor de los casos, administrar el caos.

El mapa de la urgencia: cuatro estados que ya no pueden esperar

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la geografía del crimen organizado permiten identificar, con rigor técnico, al menos cuatro entidades que hoy exhiben condiciones equivalentes o superiores a las que históricamente justificaron la intervención en Michoacán.

Guanajuato encabeza cualquier análisis serio. Con tasas de homicidio doloso que lo han situado consistentemente entre las tres entidades más violentas del país en los últimos cinco años, el estado padece la guerra abierta entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima.

La violencia ya no es sólo un fenómeno entre bandas: extorsión a industria, desplazamientos forzados en el corredor industrial del Bajío y la connivencia documentada de funcionarios municipales con grupos delictivos configuran un escenario de ingobernabilidad parcial que ningún plan estatal ha podido revertir.

Zacatecas representa quizá el caso más dramático de los últimos años. De ser una entidad relativamente pacífica, su posición geográfica como corredor entre el norte y el Pacífico la convirtió en campo de batalla para múltiples organizaciones. Los colgados en puentes, las ejecuciones masivas y la virtual ausencia del Estado en decenas de municipios no son fenómenos ocasionales: son el síntoma de una entidad que perdió control territorial de manera acelerada y cuya Policía Estatal carece de capacidad técnica y presupuestal para revertirlo.

Guerrero, que lleva décadas en esta discusión, nunca ha recibido un plan de intervención con la coherencia y los recursos que su crisis demanda. La fragmentación criminal extrema —con decenas de grupos operando en la costa, la sierra y la zona metropolitana de Acapulco— hace de Guerrero un caso que exige no un operativo sino una política de reconstrucción institucional de largo plazo. Colima, con la tasa de homicidios per cápita más alta del país en años recientes, completa este mapa de la urgencia.

Intervenir para mejorar: condiciones técnicas y jurídicas

La discusión no puede limitarse a señalar qué estados están en crisis. La pregunta estructural es qué tipo de intervención es técnica y constitucionalmente viable, y qué mecanismos garantizan que no repita el ciclo del fracaso michoacano.

Aquí es donde el debate político suele vaciarse.

Primero: toda intervención federal debe estar precedida de un diagnóstico de economía criminal —no sólo de estadísticas de violencia—, que identifique los mercados ilegales que financian a los grupos, los nodos de lavado de dinero y las cadenas de corrupción institucional específicas. Sin ese mapa, los operativos golpean síntomas.

Segundo: los planes de intervención deben incluir una cláusula de reconstrucción institucional con metas verificables: depuración y certificación de policías locales, fortalecimiento de fiscalías estatales con recursos federales condicionados a resultados, y mecanismos de rendición de cuentas con auditoría ciudadana independiente. El SESNSP debería contar con una unidad técnica autónoma que evalúe trimestralmente el avance, con facultad para alertar al Congreso cuando los indicadores retroceden.

Tercero: cualquier intervención de largo aliento requiere una estrategia de política social focalizada que compita con la economía criminal en los territorios de mayor reclutamiento. No como sustituto de la acción policial, sino como condición de su sostenibilidad. La intervención que sólo desarma sin ofrecer alternativas económicas produce vacíos que el crimen vuelve a llenar.

Cuarto: el blindaje jurídico es indispensable. Los planes deben tener sustento en acuerdos formales entre los poderes ejecutivos federal y estatal, con supervisión del Poder Legislativo local, para evitar que sean instrumentalizados políticamente. La historia reciente de México acumula suficientes ejemplos de «seguridad» usada como palanca electoral.

Intervenir con rigor o seguir gestionando el caos

México no tiene un problema de falta de diagnósticos: tiene un déficit crónico de voluntad política para ejecutar intervenciones con la profundidad, la duración y la auditoría que la crisis exige.

Guanajuato, Zacatecas, Guerrero y Colima no son excepciones anómalas: son el producto previsible de décadas de instituciones débiles, economías criminales florecientes y respuestas del Estado que priorizan la imagen sobre la transformación.

Michoacán sigue siendo el espejo que México no quiere ver con honestidad. Lo que ahí fracasó no fueron los operativos en sí: fue la ausencia de una arquitectura de intervención que incluyera diagnóstico económico, reconstrucción institucional verificable, política social articulada y blindaje jurídico contra la politización. Replicar los mismos instrumentos en nuevos territorios no es una política de seguridad: es una costosa e irresponsable liturgia del Estado.

El país necesita planes de intervención que merezcan el nombre. No como declaración de guerra, sino como actos de gobierno: técnicos, medibles, auditados y diseñados para que el Estado, una vez que entra, no necesite salir porque ha construido las condiciones para que las instituciones locales puedan sostenerse. Eso no es utopía: es simplemente la diferencia entre gobernar y simular que se gobierna.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.