Hay operaciones militares que hablan por sí solas, no por lo que lograron, sino por lo que no sucedió.
La captura del líder más buscado de México en las estribaciones de Tapalpa, Jalisco, concluyó con una cantidad considerable de bajas mortales del lado del Ejército.
Ningún helicóptero derribado. Ninguna emboscada de las que la sierra jalisciense ha protagonizado con brutal eficacia en el pasado.
Solo el traslado aéreo de un hombre viejo y enfermo que murió convenientemente antes de tocar tierra en la Ciudad de México. Quien ha seguido de cerca las dinámicas criminales del occidente del país sabe que esa asimetría no se explica desde la táctica militar. Se explica desde la política.
En 2015, cuando el Estado intentó una detención similar sin acuerdo implícito de por medio, el saldo fue de helicópteros derribados y decenas de elementos caídos. El anillo de seguridad que rodea a un líder de ese perfil no se desvanece solo: requiere armas antiaéreas, blindaje nivel siete, cuadros de élite dispuestos a morir por su jefe.
Para que una operación de extracción culmine sin una sola baja mortal del lado del operativo, la resistencia tiene que ser simulada o el perímetro tiene que haber sido desmantelado desde adentro, con anticipación, por quienes conocen cada movimiento del objetivo.
No se trata de heroísmo institucional.
Se trata de una entrega negociada disfrazada de hazaña de inteligencia.
La muerte en el helicóptero es el detalle que lo revela todo.
Un líder de ese calibre llegando vivo a la Ciudad de México habría desatado una crisis institucional sin precedente. Washington habría exigido extradición en menos de 48 horas, y una corte federal de Nueva York no es un escenario que México pueda controlar.
Ahí, bajo inmunidad y con incentivos procesales, ese hombre hubiera revelado la anatomía completa del pacto político que lo sostuvo durante tres sexenios: generales, gobernadores, empresarios, jefes de aduana. El archivo vivo más peligroso de la historia reciente del crimen organizado en México.
Al morir en tránsito, el gobierno entrega a Donald Trump el trofeo que pedía a gritos, pero lo entrega mudo.
Es el crimen político perfecto: un cuerpo que satisface la narrativa de mano dura sin que abra la boca jamás.
El contexto geopolítico no es accidental. Jalisco es sede del Mundial 2026.
Trump presionaba con aranceles y amenazas de intervención directa. La administración de Claudia Sheinbaum necesitaba con urgencia una moneda de cambio que desactivara esa presión sin ceder soberanía de forma explícita.
El fundador del cártel, ya operativamente prescindible, clínicamente deteriorado por una enfermedad renal severa, representaba exactamente esa moneda: un sacrificio que le costaba poco a los herederos de la organización y que valía mucho en la mesa bilateral.
La nueva gerencia, encabezada por figuras como "El Jardinero" y "El 03", asume el control de forma limpia. La empresa criminal no se interrumpe. Solo cambia de rostro visible.
Si existe voluntad real de transformar esta situación en algo distinto al eterno reseteo del tablero, hay medidas concretas y viables que deben plantearse.
Primero, México necesita un mecanismo de transparencia procesal post-captura auditado por un órgano ciudadano autónomo. Cada detención de alto perfil debería activar protocolos de salud y custodia con registro público en tiempo real, eliminando la opacidad que permite muertes convenientes en traslados.
Segundo, la estrategia anticrimen debe redirigirse hacia las estructuras financieras. Los Cuinis, el brazo bancario del cártel, y el control de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas son los nodos reales de poder. Sin golpear el dinero y la logística de exportación química, decapitar líderes simbólicos es solo gestión de imagen.
Tercero, México debe exigir que la cooperación con Estados Unidos incluya cláusulas de reciprocidad en persecución de lavado de activos en territorio norteamericano. La deuda está en los dos lados de la frontera.
Cuarto, el Congreso debe legislar un estatuto de protección para testigos cooperantes de alto valor, un marco que incentive la revelación de redes de complicidad institucional sin que el destino del declarante sea la celda o el ataúd.
Sheinbaum se cuelga la medalla. Trump presume que México acata sus mandatos.
La nueva dirección criminal toma posesión sin sobresaltos. El dinero transnacional sigue fluyendo a través de estructuras intactas.
Todos ganan, excepto los ciudadanos de Jalisco, Michoacán y las docenas de municipios donde el cobro de piso, la extorsión y el reclutamiento forzado continúan inalterados al día siguiente de la operación.
Un Estado que confunde la gestión negociada del crimen con su combate efectivo no está ganando ninguna guerra.
Está administrando una derrota para que no se vea como tal.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
