La madrugada del 14 de febrero, en el valet parking del bar "Sala de Despecho" —a pasos de la Estrella de Puebla, en la vitrina comercial más cara de Angelópolis— tres personas fueron acribilladas por hombres armados que llegaron en motocicletas.
La fiscalía determinó rápidamente que se trató de un homicidio planeado. El dato más revelador no es el crimen en sí: es la infraestructura que lo hizo posible.
Los agresores rentaron durante un mes un departamento de lujo en la zona del Parque del Arte. Desde ahí vigilaban a su objetivo real, acumulaban evidencia fotográfica y preparaban la emboscada con una meticulosidad que contradice cualquier narrativa de crimen espontáneo o marginal. Eso no es un ajuste de cuentas impulsivo.
Es una operación sostenida, logística, financiada, ejecutada en el corazón de la ciudad próspera, donde Puebla presume de sí misma y donde el Estado presume de controlar el territorio. Ese contraste es el verdadero escándalo.
Para responder esta pregunta con honestidad hay que abrir los archivos incómodos.
Durante 2025, al menos 135 personas perdieron la vida a manos del crimen organizado en Puebla, lo que equivale a una ejecución vinculada a estructuras delictivas cada 30 horas.
La capital del estado encabezó los municipios con más homicidios, con 186 casos registrados en el año. Al mismo tiempo, expertos advierten que el fenómeno se ha complejizado: hay registros de balaceras y homicidios en zonas como Lomas de Angelópolis, supuestamente seguras y de alto poder adquisitivo. El riesgo ya no está confinado a los márgenes urbanos.
La disputa territorial entre organizaciones criminales que operan en el estado ha expandido su radio de acción con una claridad que el discurso oficial se niega a nombrar.
En los últimos meses se han encontrado cadáveres emplayados con mensajes de grupos criminales en Puebla y su zona conurbada.
Lo de Angelópolis no es una anomalía geográfica ni social: es el resultado acumulado de una presencia delictiva organizada que lleva tiempo instalada en el estado, que opera con inteligencia propia y que ha comenzado a cobrar sus cuentas donde antes no se atrevía.
La pregunta correcta no es por qué ocurrió esto aquí. Es por qué el sistema tardó tanto en advertirlo.
El gobierno de Puebla celebró en enero de 2026 una reducción de 41 por ciento en el promedio diario de homicidios. El promedio pasó de 3.97 a 2.35 homicidios diarios entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025. Es un dato que merece reconocimiento, pero también interrogación: ¿qué calidad de control territorial es esa, si una organización criminal puede planear durante treinta días, sin detección alguna, un atentado a doscientos metros de una de las avenidas más transitadas y vigiladas de la capital?
La respuesta está en los propios indicadores del sistema.
Solo el 3% de la población de Puebla confía en la policía preventiva, y más de la mitad de quienes han tenido contacto con autoridades reporta actos de corrupción. Una corporación sin credibilidad es una corporación sin inteligencia ciudadana, y una corporación sin inteligencia ciudadana es operativamente ciega. El 74.5% de los habitantes de la capital consideran que vivir en la ciudad es inseguro, cifra que supera el promedio nacional de 61.9%.
Las autoridades capturaron a los autores materiales en minutos gracias a drones y helicópteros. Pero no detectaron durante cuatro semanas a sicarios rentando un departamento en zona residencial de alto valor.
Esa brecha —entre reactividad y prevención— define el modelo de seguridad que Puebla tiene: uno construido para responder ante cámaras, no para anticipar ante la amenaza.
La pregunta más incómoda no es la criminal, sino la política: ¿por qué el gobernador Alejandro Armenta reaccionó con tanta velocidad ante los medios y con tanta lentitud ante la inteligencia preventiva?
La ecuación tiene una lectura clara.
Puebla vive con la mirada puesta en sus propias tensiones partidistas: un gobernador morenista que heredó un aparato de seguridad construido bajo administraciones anteriores, y un ayuntamiento capital que opera en la misma órbita política pero con agenda propia. En ese contexto, los operativos de alto impacto visual —drones, helicópteros, detenidos en horas— sirven tanto para capturar delincuentes como para capturar narrativa mediática.
Las omisiones en materia de inteligencia territorial no siempre responden a órdenes directas de dejar pasar.
Con frecuencia son el resultado estructural de corporaciones mal pagadas, mal entrenadas y progresivamente cooptadas por las mismas redes que deben combatir.
Pero el resultado político es idéntico: la violencia avanza en silencio y el gobernante aparece cuando ya hay ataúdes. La pregunta no es si existe complicidad explícita con el crimen organizado. Es si existe voluntad real de reformar un sistema que, en su estado actual, sirve más para documentar lo ocurrido que para prevenirlo, y que resulta políticamente más rentable así.
Armenta no descartó una posible reforma legal para regular los horarios de bares y antros, argumentando que las cuatro de la madrugada es un horario "muy complicado". La propuesta tiene un problema de fondo y uno de forma que merecen examinarse por separado.
El de fondo: el ataque no ocurrió dentro del establecimiento.
Ocurrió en la vía pública, ejecutado por operadores que llevaban 30 días planeando con precisión. Cerrar los bares a las dos de la madrugada no habría detenido a grupos que rentaron departamentos, adquirieron motocicletas y realizaron vigilancia sistemática durante semanas. Habría desplazado la hora del ataque, no su lógica ni su capacidad. Reducir el horario nocturno es una medida de gestión urbana que puede tener otros fundamentos válidos, pero presentarla como respuesta a una ejecución organizada es, en el mejor de los casos, una confusión analítica; en el peor, una distracción deliberada.
El problema de forma es igualmente grave: el horario de operación de centros nocturnos en la capital es, constitucionalmente, una atribución del ayuntamiento de Puebla, no del Ejecutivo estatal. Que el gobernador anuncie esa medida —incluso como posibilidad— revela una tendencia a escenificar autoridad sobre competencias ajenas cuando los reflectores están encendidos. Es el centralismo de emergencia en su expresión más pura: cuando algo sale mal, el actor político de rango superior invade el espacio institucional del inferior para apropiarse del protagonismo de la respuesta y diluir la responsabilidad compartida.
Tres medidas concretas y viables podrían transformar la situación de fondo.
Primera: una unidad de inteligencia territorial permanente con intercambio real de información entre policía estatal, municipal y fuerzas federales, enfocada en detección temprana de patrones anómalos —arrendamientos inusuales, cambios en movilidad, vigilancias sostenidas— en zonas de alto tráfico y valor económico.
Segunda: depuración y certificación efectiva de mandos policiales, con supervisión ciudadana vinculante y estructuras salariales que reduzcan la permeabilidad institucional a la corrupción. La confianza en la policía no se reconstruye con conferencias de prensa: se reconstruye con policías que el sistema haga confiables.
Tercera: coordinación formal y protocolizada entre el Ejecutivo estatal y el Ayuntamiento de Puebla para saturar preventivamente con presencia policial los puntos de mayor concentración nocturna en los horarios de mayor riesgo, sin suplantar competencias municipales sino articulándolas con voluntad política real.
Lo que ocurrió en Angelópolis el 14 de febrero no es una excepción al sistema de seguridad de Puebla. Es su expresión más transparente: un modelo institucional que reacciona con eficiencia mediática pero que carece de capacidad preventiva real; un liderazgo político que anuncia medidas sobre competencias ajenas para gestionar la percepción antes que la crisis; y una arquitectura de inteligencia territorial tan porosa que permite operar durante un mes, en zona residencial de primer nivel, a una célula criminal sin que ninguna corporación lo advierta.
El problema no es el horario de los bares.
El problema es un Estado que, en Puebla, todavía confunde visibilidad con control, y que sigue apostando a que la velocidad de la respuesta compense la ausencia de la prevención. Esa apuesta tiene un costo que se paga, de manera invariable, en vidas ajenas.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
