En enero de 2025, el Ayuntamiento de Morelia difundió en redes sociales imágenes de un joven realizando trabajo comunitario por haber grafiteado una barda. Su rostro era plenamente identificable. El gobierno municipal celebró el acto como ejemplo de “justicia restaurativa”, sin advertir que había convertido un mecanismo diseñado para rehabilitar en una forma de humillación pública.
Justicia cívica: bonita en el papel, desastrosa en las calles
El único modelo nacional que opera sin datos, sin protocolos, sin resultados, pero con muchas fotografías.
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Más que un error aislado, el caso es síntoma de un problema estructural: la mala comprensión e implementación del sistema de justicia cívica en México.
El modelo en el papel: promesas incumplidas
El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, aprobado en 2019, prometía transformar la atención de faltas administrativas mediante mecanismos restaurativos. Su objetivo era intervenir tempranamente en conductas de bajo impacto —riñas, consumo de alcohol en vía pública, grafiti, escándalos— para mejorar la convivencia social y prevenir trayectorias delictivas.
Seis años después, los resultados son pobres. Datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) muestran que la percepción de conflictos vecinales se mantiene prácticamente intacta: entre 30% y 35% de la población reporta altercados. Las faltas administrativas que el modelo buscaba reducir siguen siendo cotidianas.
Más grave aún, no existe evidencia estadística que demuestre que la justicia cívica haya logrado frenar la progresión de infractores administrativos hacia conductas delictivas. El modelo apostó por la prevención temprana, pero ningún municipio construyó sistemas de seguimiento que permitan comprobar si esa hipótesis se cumple. La teoría quedó sin verificación empírica.
Recursos fantasma: el destino de las multas
El Modelo Nacional establece que los recursos provenientes de multas administrativas deben destinarse prioritariamente al fortalecimiento policial y a programas de prevención. En la práctica, esto no ocurre. En la mayoría de los municipios, dichos recursos ingresan a bolsas generales de gasto corriente, sin etiquetación ni transparencia.
El resultado es una paradoja: municipios que presumen justicia restaurativa mientras operan con policías mal pagadas, con déficit de personal, equipamiento obsoleto y sin sistemas digitales de registro. Si los recursos de multas realmente se canalizaran a seguridad, existirían corporaciones fortalecidas. En su lugar, hay policías precarias que compensan su debilidad institucional con actos mediáticos.
La pregunta incómoda permanece abierta: ¿cuánto dinero generan las multas administrativas en ciudades como Morelia, Guadalajara o Monterrey, y por qué sus policías siguen operando con estándares del siglo pasado?
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Improvisación institucional y ausencia de protocolos
La publicación de imágenes sin consentimiento expone otra falla estructural: la inexistencia de protocolos claros de protección de datos e identidad en procesos de justicia cívica. El Modelo Nacional menciona estos derechos de forma marginal, pero no establece lineamientos operativos vinculantes.
Esto ha derivado en implementaciones caóticas.
Algunos municipios operan juzgados cívicos sin videograbar audiencias; otros publican listas de infractores en espacios públicos; y casos como Morelia convierten las sanciones en contenido para redes sociales.
El problema es conceptual: el modelo se diseñó pensando en resultados, pero omitió construir los andamiajes institucionales necesarios para operar dentro del marco de derechos fundamentales.
Asumió buena fe y comprensión constitucional por parte de funcionarios. La realidad mostró lo contrario.
Primo delincuentes: una oportunidad desperdiciada
Uno de los pilares del modelo era la atención temprana a primo delincuentes: personas detenidas por primera vez por faltas menores, a quienes se debía orientar, tratar y reintegrar, evitando la estigmatización.
¿Funciona? No lo sabemos.
Ninguna entidad ha desarrollado sistemas que crucen datos de justicia cívica con registros ministeriales para medir reincidencia o escalamiento delictivo. Esta ausencia de medición no es casual: evidenciaría el fracaso del modelo.
El trabajo comunitario sin seguimiento es teatro institucional. La verdadera justicia restaurativa requiere evaluación psicosocial, vinculación con servicios y supervisión posterior. México ha adoptado la forma, pero no el fondo.
Selectividad y discriminación en la aplicación
Aunque el modelo es teóricamente universal, su aplicación es selectiva. Las faltas administrativas se persiguen de manera diferenciada según clase social y territorio.
En zonas turísticas o céntricas, grafiteros, vendedores ambulantes y jóvenes ruidosos enfrentan sanciones visibles. En zonas residenciales, infracciones similares se manejan con discreción. En colonias populares, el sistema simplemente no opera.
Esta selectividad reproduce desigualdades estructurales.
La justicia cívica se convierte en un mecanismo de control social sobre sectores vulnerables, mientras tolera infracciones de clases acomodadas. Morelia no habría exhibido a un empresario sancionado por contaminar un río, pero sí a un joven grafitero de barrio popular.
El modelo no incorporó mecanismos de monitoreo para detectar estos sesgos. Apostó nuevamente a la buena fe institucional.
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Ajustes estructurales necesarios
Rescatar la justicia cívica requiere cambios profundos:
1. Crear un sistema nacional de información que registre infracciones, sanciones y seguimiento, permitiendo evaluar resultados reales.
2. Obligar legalmente a etiquetar los recursos de multas para fortalecimiento policial y programas restaurativos, con transparencia periódica.
3. Emitir protocolos federales vinculantes de protección de datos e identidad, con sanciones a funcionarios que los violen.
4. Desarrollar programas integrales de atención a primo delincuentes con seguimiento mínimo de un año.
5. Establecer auditorías ciudadanas para detectar selectividad y discriminación en la aplicación del modelo.
Del simulacro a la sustancia
El caso de Morelia refleja un problema nacional: un modelo atractivo en el discurso, pero fallido en la práctica.
No ha reducido faltas, no ha prevenido delincuencia, no ha fortalecido policías ni ha protegido derechos.
México debe decidir entre una justicia cívica real o simulacros mediáticos. La primera exige profesionalización, inversión, medición y respeto a la dignidad humana. La segunda solo requiere una cámara y desprecio por los derechos.
La justicia restaurativa puede funcionar, pero solo si restaura.
No si exhibe, estigmatiza y destruye.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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