Democracia capturada. Cómo el narco llegó a tu ayuntamiento

Es la fotografía de una herida abierta en el sistema político mexicano: la infiltración sistemática del crimen organizado en las estructuras de gobierno local. La pregunta incómoda persiste: ¿cómo llegaron ahí? La respuesta está en los vacíos institucionales que convierten las candidaturas municipales en puertas giratorias para la delincuencia.

Controlar una alcaldía significa dominar permisos, administrar policías locales y garantizar impunidad territorial. No hablamos de corrupción tradicional, sino de captura institucional: el crimen organizado no soborna al Estado, lo ocupa desde el proceso de selección de candidatos y el financiamiento opaco de sus campañas.

El filtro que no filtra: cómo blindar las candidaturas

Los partidos políticos eligen candidatos con márgenes de discrecionalidad preocupantes. Un candidato puede llegar a la boleta sin verificación patrimonial seria, sin revisar vínculos familiares o empresariales, sin analizar su trayectoria pública.

La solución comienza con protocolos obligatorios de debida diligencia. Los partidos deben implementar unidades de inteligencia que revisen patrimonio inexplicable, vínculos con personas investigadas y presencia en zonas de disputa criminal, cruzando información con la FGR, la UIF y fiscalías estatales.

El INE debe tener facultades para vetar candidaturas cuando existan indicios fundados de vínculos criminales. Otros países latinoamericanos lo han implementado sin vulnerar derechos políticos, operando con garantías de audiencia y revisión judicial.

La trastienda electoral: cuartos de guerra y dinero invisible

La infiltración ocurre también en los cuartos de guerra, donde el dinero criminal encuentra su cauce más efectivo. Estos espacios coordinan campañas, pagan brigadas y almacenan materiales, pero operan al margen de fiscalización real. ¿Quién audita el inmueble prestado por un empresario local? ¿Quién verifica que la bodega no pertenece a una empresa fachada?

Todo inmueble usado en campañas debe registrarse ante el OPLE en 72 horas, con escrituras o contratos que identifiquen al propietario real, cotejándose con bases de la UIF y el Registro Público de la Propiedad para detectar señalamientos o patrimonios inexplicables.

Los equipos operativos deben registrarse nominativamente. Cada persona que reciba pago debe quedar en una base verificable, con cuenta bancaria, INE y comprobante de domicilio. Los pagos en efectivo deben prohibirse; toda transacción debe ser rastreable. Esto permite identificar operadores que trabajan en múltiples campañas de zonas en disputa criminal o reciben pagos desproporcionados.

Los OPLES deben realizar auditorías sorpresa durante las campañas, verificando que el personal presente coincida con el registrado y que los inmuebles correspondan a los declarados. La fiscalización a posteriori llega tarde.

Interconexión institucional: el blindaje que falta

Se requiere una plataforma nacional de alertas tempranas donde fiscalías, la UIF y secretarías de seguridad alimenten un registro de personas bajo investigación, accesible para órganos electorales bajo protocolos de confidencialidad. Esta plataforma permitiría consultas antes de formalizar candidaturas.

Debe extenderse al financiamiento: los OPLES necesitan acceso en tiempo real a información de la UIF sobre transferencias sospechosas y propietarios de inmuebles. La desconexión actual permite que empresas investigadas por lavado donen propaganda sin alertas.

Durante campañas, si surgen elementos incriminatorios, debe existir un procedimiento expedito para cancelar candidaturas. Los gobiernos municipales electos deben someterse a auditorías de seguridad en sus primeros 90 días.

Castigos ejemplares: consecuencias reales

Debe tipificarse como delito autónomo la postulación dolosa de candidatos con nexos criminales. Dirigentes partidistas con conocimiento de estos vínculos deben enfrentar responsabilidad penal. Los partidos deben perder financiamiento público cuando se compruebe que postularon conscientemente a personas vinculadas con grupos delictivos.

Para candidatos electos culpables: inhabilitación permanente, decomiso total de bienes y prisión sin beneficios. Debe sancionarse penalmente a quienes faciliten infraestructura para campañas con conocimiento de su financiamiento ilícito: propietarios de inmuebles, proveedores y operadores de campo.

Democracia con candados

Blindar las candidaturas municipales requiere que partidos, autoridades electorales y fiscalías cedan opacidad a cambio de legitimidad. Requiere inversión en tecnología, capacitación y cultura institucional.

La infiltración sucede en cada inmueble no registrado, en cada nómina invisible, en cada transacción en efectivo que escapa a la fiscalización. Cerrar esos espacios grises es la diferencia entre una democracia funcional y un sistema capturado.

Los municipios son la primera trinchera de la democracia mexicana. La solución no está solo en detener alcaldes corruptos, sino en evitar que lleguen a serlo. Eso se construye con filtros rigurosos, fiscalización en tiempo real, coordinación interinstitucional y castigos que duelan. La democracia mexicana merece candidatos a la altura de su nombre.

____

Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.