En una metrópoli de más de nueve millones de habitantes y 16 demarcaciones con dinámicas criminales distintas, este modelo centralizado resulta obsoleto. La falta de mando mixto o coordinado impide diseñar estrategias adaptadas a cada territorio, lo que convierte a la seguridad en un esquema uniforme que no atiende la diversidad urbana ni social de la capital.
El centralismo, en este contexto, no previene la corrupción: genera anarquía operativa e irresponsabilidad compartida.
La paradoja resulta grotesca: la policía de la ciudad, ya sea la contratada a través de las alcaldías o directamente por la SSC, parece obedecer al contentillo político, y no tanto a una estrategia integral.
El mando único existe en los organigramas; en la calle, un oficial patrulla con logotipos de la alcaldía y afirma no saber que pertenece al mando único. El resultado no es orden centralizado: es confusión institucionalizada.
El costo político de no ceder poder
Cuando una alcaldesa termina golpeada en una avenida mientras espera que llegue "la ciudad" a respaldarla, el mensaje político que recibe la ciudadanía es devastadoramente sencillo: nadie manda aquí.
La percepción de inseguridad no es irracional ni caprichosa. Según la ENSU 2025 del Inegi, el 62% de los capitalinos se siente inseguro en su colonia. Y ese dato coexiste con la existencia de más de 80,000 elementos policiales en la ciudad. El problema no es de cantidad; es de arquitectura institucional.
El costo político del modelo centralizado lo paga quien tiene el rostro: el alcalde.
El Gobierno central cobra los impuestos, controla la policía, otorga los permisos de comercio —o los niega, o los vende— y cuando la violencia estalla, la imagen que circula en redes es la de la alcaldesa con el pómulo hinchado.
La ambigüedad del mando se convierte en un recurso para que el poder central evite rendir cuentas territoriales, mientras la oposición local asume el costo electoral de la inseguridad cotidiana.
