Seguridad y protesta. Hacia un modelo de vigilancia respetuosa en movilizaciones sociales

Mientras centenares de manifestantes bloquean la circulación demandando justicia por desapariciones forzadas, miles de ciudadanos permanecían impedidos de ejercer su derecho a la libre circulación y acceso a servicios básicos.

Esta situación ilustra el dilema constitucional contemporáneo: ¿cómo conciliar el derecho a la manifestación pacífica con los derechos de terceros no participantes?

La protesta social constituye un termómetro democrático insustituible.

Sin embargo, la ausencia de marcos regulatorios claros genera conflictos donde el ejercicio legítimo de un derecho anula sistemáticamente otros igualmente protegidos constitucionalmente. La infiltración de grupos violentos en movilizaciones pacíficas agrava esta problemática, difuminando la distinción entre manifestación legítima y conductas delictivas.

Marco regulatorio: restricciones proporcionales sin criminalización

La implementación de restricciones específicas a las movilizaciones resulta imperativa, no como instrumento represivo sino como mecanismo garante de convivencia democrática.

El derecho a manifestarse encuentra sus límites naturales en la colisión con derechos fundamentales concurrentes: libre tránsito, acceso a servicios de emergencia médica y protección del patrimonio.

Las restricciones deben fundamentarse en criterios de proporcionalidad y razonabilidad: establecimiento de rutas alternativas obligatorias, límites temporales para bloqueos totales, protocolos escalonados de desalojo preventivo y delimitación de zonas de protección alrededor de infraestructura crítica sanitaria. La experiencia europea, particularmente alemana y española, demuestra que regulación no equivale a supresión.

Estos sistemas requieren notificación anticipada, trazado concertado de rutas y sanciones diferenciadas proporcionales al daño causado, preservando íntegramente el derecho de manifestación.

Estrategia policial: inteligencia preventiva y respuesta diferenciada

El diseño operativo de seguridad en manifestaciones demanda transformación paradigmática.

El modelo tradicional basado en confrontación física mediante líneas antimotines resulta contraproducente y anacrónico. La estrategia contemporánea debe estructurarse sobre tres ejes: inteligencia anticipatoria, diferenciación de actores y respuesta gradual proporcional.

1. Desplegar unidades especializadas de inteligencia que monitoreen plataformas digitales para identificar convocatorias y detectar indicadores de infiltración violenta, mediante análisis de patrones comunicacionales anómalos sin vulnerar garantías individuales de privacidad.

2. Implementar equipos de enlace institucional integrados por funcionarios especializados en mediación, identificables y desplegados dentro de las movilizaciones, cuya función exclusiva sea establecer canales de diálogo con organizadores, anticipar riesgos y facilitar acuerdos operativos. Este modelo, validado en contextos urbanos europeos, reduce significativamente la escalada de tensiones.

3. Mantener unidades de respuesta táctica reservadas para intervención exclusiva ante materialización comprobada de violencia, con equipos reducidos y capacitados para extracciones quirúrgicas de agresores sin afectación masiva a manifestantes pacíficos.

Identificación de infiltrados: protocolos de detección temprana

La identificación anticipada de grupos violentos constituye el desafío técnico más complejo. Los infiltrados presentan patrones conductuales reconocibles: vestimenta de anonimato desde inicio de movilización, posicionamiento periférico respecto al núcleo manifestante, portación de instrumentos de destrucción y desvinculación de liderazgos visibles.

Las herramientas tecnológicas ofrecen soluciones verificables. Sistemas de aeronaves no tripuladas equipadas con reconocimiento conductual algorítmico detectan anomalías de desplazamiento en tiempo real. Plataformas de inteligencia artificial identifican patrones previos a actos vandálicos. No obstante, la efectividad superior corresponde a observadores capacitados capaces de distinguir manifestación genuina de provocación profesional.

El protocolo operativo debe priorizarse: identificación no confrontativa, registro audiovisual continuo con respeto a protocolos de protección de datos, advertencias públicas dirigidas a organizadores legítimos e intervención preventiva antes de materialización del primer acto violento.

Reformas jurídicas: responsabilidad diferenciada y reparación integral

El vacío normativo actual resulta insostenible. Se requieren reformas legislativas en tres niveles:

a) Promulgación de una Ley Federal de Manifestaciones que codifique derechos y obligaciones: notificación institucional 48 horas previas, designación de responsables identificables, trazado concertado de rutas y mecanismos obligatorios de mediación ante conflictos entre derechos concurrentes.

b) Modificaciones a códigos penales para establecer tipificaciones diferenciadas entre manifestante pacífico y perpetrador de violencia. La obstrucción temporal de vialidades no puede equipararse jurídicamente con destrucción de patrimonio o violencia física. Las sanciones deben graduarse proporcionalmente: trabajo comunitario y reparación directa para conductas menores, medidas cautelares restrictivas exclusivamente para casos de violencia grave comprobada.

c) Creación de fondos de reparación del daño financiados mediante sanciones administrativas proporcionales, complementados con presupuesto público destinado a resarcir comerciantes afectados cuando la manifestación, siendo legítima, genera pérdidas económicas documentadas.

Capacidad institucional: brechas entre potencial y realidad

México posee capacidad institucional y recursos técnicos suficientes, pero adolece de dos elementos fundamentales: voluntad política sostenida y confianza interinstitucional ciudadana.

Ninguna reforma legislativa funcionará efectivamente si los manifestantes la perciben como instrumento represivo encubierto, o si las autoridades la interpretan como debilidad institucional. Se requiere un pacto nacional por la manifestación democrática: convocatoria de actores gubernamentales, organizaciones civiles, instituciones académicas y cuerpos de seguridad para construcción consensuada de normatividad mutuamente aceptable.

La eliminación de grupos violentos demanda cerrar circuitos de impunidad que los amparan. Simultáneamente, debe reconocerse que numerosos grupos radicalizados surgen de exclusión sistemática y ausencia prolongada de respuestas institucionales efectivas.

Democracia funcional mediante regulación proporcional

Las calles mexicanas continuarán siendo escenarios de manifestación porque persisten las causas estructurales que las generan. Ninguna legislación modificará esta realidad sociopolítica. Sin embargo, la sociedad puede determinar si este encuentro entre ciudadanía y Estado ocurre mediante marcos de respeto mutuo o confrontación permanente.

Regular proporcionalmente no constituye silenciamiento; limitar razonablemente no equivale a reprimir. Una democracia consolidada reconoce que todos los derechos fundamentales encuentran límites donde inician derechos concurrentes de otros. El desafío institucional radica en trazar estas delimitaciones con justicia, aplicarlas proporcionalmente y defenderlas sin violencia estatal.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.