El sistema penitenciario mexicano atraviesa en 2025 una crisis de gobernanza sin precedentes. No es un problema emergente, sino la culminación de décadas de abandono institucional que transformaron las cárceles en enclaves de poder criminal donde el Estado dejó de ejercer autoridad efectiva. Comprender esta crisis exige aceptar una realidad incómoda: muchas prisiones operan hoy bajo códigos impuestos por organizaciones criminales, no por instituciones penitenciarias. La pregunta ya no es si existe un problema, sino si el Estado mexicano está dispuesto a recuperar estos espacios perdidos.
El sistema penitenciario mexicano, manual de autogobierno criminal
Si el objetivo era delegar la autoridad, las cárceles funcionan con notable eficiencia.
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El diagnóstico: cuando las cárceles dejaron de ser del Estado
Durante 2025, los sistemas penitenciarios federal y estatales consolidaron dinámicas que llevaban años gestándose. Las cárceles se convirtieron en nodos operativos del crimen organizado, desde donde se coordinan extorsiones, homicidios y economías ilícitas. Este fenómeno no es homogéneo y presenta diferencias clave según el nivel de gobierno responsable.
Los penales federales, administrados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, concentran a internos de alta peligrosidad, delincuentes de cuello blanco y sentenciados por delitos federales. Operan catorce Centros Federales de Readaptación Social con alrededor de 28,000 internos.
Aquí el problema central no es la sobrepoblación, sino la corrupción institucional. Pese a mayores recursos y protocolos, persisten filtraciones que permiten comunicación externa, privilegios ilegales y control criminal.
Las extorsiones telefónicas desde prisión, el ingreso de armas y drogas, y las riñas mortales evidencian fallas estructurales. La fuga de Joaquín Guzmán en 2015 sigue siendo símbolo de una red de complicidades profundas. En 2025 hubo mejoras tecnológicas, pero el fondo no cambió: custodios mal pagados, sin carrera profesional sólida, siguen siendo vulnerables a sobornos que superan con facilidad su ingreso anual.
El panorama en penales estatales es aún más crítico. México cuenta con cerca de 240 centros estatales que alojan aproximadamente 215 mil personas privadas de libertad. Ahí confluyen sobrepoblación extrema, infraestructura precaria, presupuestos mínimos y ausencia casi total de programas de readaptación. Algunos operan al ciento cincuenta por ciento de su capacidad.
En estos espacios, el autogobierno criminal se institucionalizó. Grupos delictivos controlan áreas internas, cobran cuotas por servicios básicos y administran economías ilegales. La violencia es el principal mecanismo de control. Las masacres registradas en distintos estados no son accidentes, sino disputas por el dominio del penal. El Estado observa, reacciona tarde y rara vez recupera el control.
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¿Por qué el Estado perdió el control?
Las causas se refuerzan entre sí. La corrupción es central.
Salarios de 8,000 a 12,000 pesos mensuales para custodios estatales hacen que un soborno equivalga a meses de ingreso. La falta de una carrera penitenciaria profesional agrava la situación: escasa capacitación, nulas evaluaciones de confianza y alta rotación.
La sobrepoblación genera mercados internos de escasez que el crimen explota. El hacinamiento vuelve imposible la vigilancia real. A ello se suma la ausencia de inteligencia penitenciaria: no se identifican liderazgos, no se anticipan motines y se actúa sólo de forma reactiva.
Finalmente, existe una clara falta de voluntad política.
Las cárceles no dan rédito electoral. Los presupuestos son residuales, los nombramientos improvisados y la rendición de cuentas inexistente. Así se normalizó el colapso.
Las rutas hacia la recuperación institucional
Recuperar la gobernanza es posible, pero exige decisiones sostenidas. En el sistema federal, la prioridad es blindar los Ceferesos contra la corrupción: salarios dignos, controles de confianza semestrales, rotación de personal y tecnología funcional de vigilancia y bloqueo de comunicaciones.
Debe aplicarse un régimen de máxima seguridad real para líderes criminales: aislamiento efectivo, comunicación monitoreada y visitas estrictamente controladas. La experiencia internacional demuestra que es viable cuando hay voluntad institucional.
En el ámbito estatal se requiere coordinación federalista. Un Fondo Federal de Modernización Penitenciaria podría condicionar recursos al cumplimiento de estándares mínimos. Reducir la sobrepoblación es urgente mediante alternativas a la prisión preventiva, agilización judicial y preliberaciones responsables.
La separación por perfiles criminológicos debe ser obligatoria. Los programas de readaptación deben ser funcionales: educación técnica, trabajo productivo y atención psicológica real. No se trata de benevolencia, sino de reducir reincidencia.
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La transparencia es clave.
Cada muerte debe investigarse como homicidio. Los directores deben responder por corrupción. La sociedad civil debe poder supervisar.
La recuperación será conflictiva. Habrá resistencia violenta. Pero la alternativa es aceptar cárceles como fábricas de criminales.
La encrucijada
El sistema penitenciario mexicano puede corregirse, pero requiere inversión, continuidad y decisión política. La pregunta es simple y brutal: ¿recuperar el control o seguir administrando bodegas de violencia? La respuesta definirá el futuro de la seguridad, la justicia y el Estado de derecho en México.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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