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Brugada y la confusión entre percepción y realidad

Reducir cobertura mediática no reduce las tasas delictivas verificables.
jue 05 febrero 2026 06:06 AM
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Desde las páginas de Alarma!, en los años 40, hasta los portales digitales de hoy, la nota roja ha cumplido una función que trasciende el morbo: documentar la violencia cotidiana que las cifras oficiales muchas veces ignoran o maquillan, apunta Alberto Guerrero Baena. (Foto: Diego Costa Costa/Cuartoscuro.)

El pasado 4 de febrero, Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, propuso un "gran acuerdo" con los medios de comunicación para reducir la difusión de nota roja. El argumento: controlar la percepción de inseguridad.

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La propuesta no es nueva.

Felipe Calderón intentó algo similar durante la espiral de violencia que marcó su sexenio. Entonces fracasó. Hoy, la estrategia regresa con el mismo diagnóstico equivocado: culpar al termómetro por la fiebre.

Como alguien que ha dedicado tres décadas al estudio de las dinámicas criminales y las políticas de seguridad en México, debo advertir que esta ruta no solo es ineficaz, sino peligrosa.

Confunde síntoma con enfermedad. Peor aún, subestima la inteligencia ciudadana y la función social del periodismo de seguridad. Analicemos por qué este camino está destinado al fracaso.

La nota roja como termómetro histórico de la violencia

Desde las páginas de Alarma!, en los años 40, hasta los portales digitales de hoy, la nota roja ha cumplido una función que trasciende el morbo: documentar la violencia cotidiana que las cifras oficiales muchas veces ignoran o maquillan.

En colonias populares, mercados y transporte público, la nota roja ha sido durante décadas la única fuente de información sobre crímenes que las autoridades minimizan o archivan sin investigar.

Históricamente, este género periodístico ha visibilizado patrones delictivos, zonas de riesgo y fallas estructurales en la procuración de justicia. Cuando las estadísticas oficiales tardaban meses en publicarse —o simplemente no existían—, la nota roja alertaba a las comunidades. Eliminarla o reducirla no borra la violencia; solo la vuelve invisible para quienes diseñan políticas públicas desde oficinas alejadas de la realidad.

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Percepción versus realidad, ¿quién miente?

La tesis oficial sugiere que la percepción de inseguridad crece por la sobreexposición mediática, no por hechos concretos. Esta narrativa ignora datos contundentes.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la Ciudad de México registró incrementos sostenidos en delitos de alto impacto durante 2024 y 2025: robo con violencia, homicidios dolosos, extorsión y secuestro muestran tendencias al alza en alcaldías específicas.

Los ciudadanos no perciben inseguridad porque lean periódicos; la perciben porque han sido víctimas, conocen a alguien que lo fue o modifican sus rutas diarias para evitar zonas peligrosas.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) muestra que más del 70% de los habitantes de CDMX consideran su ciudad insegura. ¿Eso es culpa de los medios o de la realidad que viven?

Las cifras son más crudas que cualquier titular

Aquí reside una paradoja incómoda: las estadísticas del SESNSP, cuando se analizan con rigor, revelan una violencia más sistemática y perturbadora que cualquier nota roja sensacionalista. Un titular puede mostrar un cuerpo en la vía pública; las cifras revelan que detrás hay estructuras criminales operando con impunidad, tasas de esclarecimiento inferiores al 5%, y víctimas que nunca denunciaron porque no confían en las autoridades.

Los análisis criminológicos serios —basados en esos mismos datos oficiales— demuestran territorios capturados por grupos delictivos, policías infiltradas y ministerios públicos colapsados. Esto no lo inventa el periodismo; lo documentan los propios organismos de gobierno.

La diferencia es que las bases de datos no tienen portadas llamativas, pero sus conclusiones son demoledoras.

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La regulación ya existe, el problema no está en la prensa

Es fundamental recordar que la nota roja ya está regulada.

Desde hace años, existen protocolos que prohíben mostrar rostros de víctimas menores de edad, datos personales que violen derechos de privacidad, y contenidos que inciten a la violencia. Los medios serios cumplen estas normativas.

¿Entonces cuál es el verdadero objetivo de este "gran acuerdo"?

La respuesta es evidente: no regular contenidos, sino controlar la agenda informativa.

Reducir la cobertura de delitos no reduce los delitos. Solo reduce la presión pública sobre autoridades que no están cumpliendo su función primordial: garantizar seguridad. Este tipo de acuerdos convierten al periodismo en cómplice de la simulación, y a la ciudadanía en rehén de la desinformación.

Propuestas concretas que sí funcionan

Si Clara Brugada realmente quiere reducir la inseguridad —no solo su percepción—, existen rutas probadas internacionalmente:

Primero: implementar un sistema de justicia cívica efectivo que procese delitos menores en 48 horas, evitando que escalene hacia crímenes mayores.

Segundo: crear unidades especializadas contra extorsión y robo con violencia, con tecnología de geolocalización y análisis criminal predictivo.

Tercero: establecer un programa de protección a testigos robusto que incentive la denuncia ciudadana.

Cuarto: profesionalizar policías de proximidad con salarios dignos, evaluaciones continuas y rotación controlada para evitar cooptación.

Quinto: transparentar en tiempo real las carpetas de investigación para que la ciudadanía monitoree el desempeño ministerial.

Estas acciones atacan causas reales. Exigen presupuesto, voluntad política y coordinación interinstitucional. Son difíciles. Pero funcionan.

La verdad incómoda

El pacto mediático propuesto por Brugada es un paliativo que confunde prioridades.

No se combate la inseguridad ocultando información, sino generando resultados verificables que reduzcan los índices delictivos.

La nota roja no crea violencia; la documenta. Silenciarla no protege a nadie; solo protege a gobiernos incapaces de cumplir su mandato.

En tres décadas de experiencia he visto este patrón repetirse: cuando las autoridades atacan a los mensajeros, es porque no tienen respuestas para el mensaje. Los ciudadanos merecen mejores estrategias.

Merecen seguridad real, no narrativas controladas. Y merecen gobernantes que entiendan que en democracia, la información libre no es el enemigo —es el aliado indispensable para exigir cuentas.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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