El pasado 24 de enero se celebró en Washington la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos.
Negociando nuestra propia inseguridad
El comunicado oficial fue breve, diplomáticamente cordial, técnicamente vago: se habló de drones, de intercambio de información aduanera, de cooperación judicial. Pero ni una palabra sobre indicadores medibles, sobre plazos concretos, sobre cómo estas reuniones contribuirán a que un ciudadano en Guanajuato, Sinaloa o Guerrero viva más seguro.
Mientras tanto, México cerró 2024 con cifras contradictorias: el gobierno celebra reducciones en homicidios dolosos, pero el país registra más de 14,000 desapariciones en los primeros 12 meses del actual gobierno.
El mensaje es claro: la violencia se transformó, no desapareció. La pregunta central no es si México debe cooperar con Estados Unidos en seguridad, sino si estas reuniones bilaterales están diseñadas para resolver los problemas de México o para administrar las preocupaciones de Washington.
La asimetría que nos condena
La cooperación bilateral México-Estados Unidos arrastra un pecado original: nació como respuesta a las prioridades estadounidenses, no mexicanas.
Desde la Iniciativa Mérida en 2007, el esquema ha sido consistente: Estados Unidos identifica una amenaza a su seguridad nacional, México se convierte en el territorio donde debe contenerse esa amenaza, y la cooperación consiste fundamentalmente en equipar a las instituciones mexicanas para cumplir objetivos trazados en Washington.
El actual Grupo de Implementación de Seguridad no escapa a esta lógica. La tercera reunión priorizó sistemas aéreos no tripulados y cooperación judicial, mientras que en México el crimen organizado ya controla recursos vitales básicos.
La Operación Caudal en el Estado de México reveló redes criminales robando y revendiendo agua bajo esquemas de extorsión. Este fenómeno, ausente de las agendas bilaterales, representa una amenaza existencial para comunidades enteras.
La asimetría no es solo temática, es estructural. México negocia desde una posición de debilidad institucional reconocida. La Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos clasifica explícitamente a México como asunto de seguridad nacional cuando el Estado pierde control territorial. Esta narrativa condiciona toda negociación: México no es un socio en igualdad, sino un territorio problemático que debe ser estabilizado.
Para ello México debe:
Primero, México debe elaborar una Evaluación Nacional de Impacto de la Cooperación Bilateral en Seguridad, documento público anual con indicadores verificables sobre resultados concretos.
Segundo, establecer reciprocidad operativa certificada: por cada tonelada de droga decomisada en México, Estados Unidos debe documentar acciones equivalentes contra el tráfico de armas y lavado de dinero.
Tercero, crear un Observatorio Ciudadano Binacional de Seguridad con acceso a información clasificada que evalúe semestralmente si la cooperación produce resultados medibles.
Cuando los acuerdos no llegan a las calles
El problema más profundo es que estas reuniones ocurren en una dimensión paralela a la realidad de millones de mexicanos. Mientras en Washington se habla de intercambio de información aduanera, en Michoacán los cortadores de limón esquivan minas antipersona sembradas por el crimen organizado.
Los datos del INEGI confirman un promedio de ochenta asesinatos diarios en el primer semestre de 2025. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana reporta que el treinta y cuatro por ciento de la población considera que la situación seguirá igual de mal. Estas cifras revelan algo fundamental: la cooperación bilateral no ha logrado traducirse en mejores condiciones de seguridad para la población.
La extorsión ilustra esta desconexión. Este delito se incrementó veintitrés por ciento entre enero y noviembre de 2025 respecto a 2019. Es el mecanismo central mediante el cual el crimen organizado construye hegemonía territorial, pero no figura como prioridad en las agendas bilaterales porque no representa amenaza directa para Estados Unidos. Lo mismo ocurre con las desapariciones: un promedio de cuarenta personas desaparecidas diariamente que no han sido localizadas.
Se debe rediseñar la agenda bilateral para que el setenta por ciento de recursos se concentre en delitos que afectan directamente a la población mexicana: extorsión, secuestro, desaparición, robo con violencia.
Implementar el Programa de Unidades Territoriales de Prevención del Delito, financiado bilateralmente, con equipos multidisciplinarios en los cien municipios con mayor incidencia delictiva. Crear el Fondo Bilateral para Víctimas de Violencia Criminal con aportes equivalentes de ambos países destinado a reparación integral del daño.
Lo que México debería exigir
Dos décadas de cooperación bilateral permiten identificar un patrón: México recibe equipamiento, entrenamiento, asistencia técnica. Estados Unidos recibe inteligencia operativa, extradiciones, decomisos.
El balance es desigual porque las prioridades nunca fueron simétricas.
México debe replantear qué objetivos persigue.
Primero: control real del tráfico de armas. Setenta y dos por ciento de los homicidios se cometen con armas de fuego provenientes de Estados Unidos. México debe exigir un sistema nacional de trazabilidad de armas con sanciones penales y económicas verificables.
Segundo: desmantelamiento de redes financieras del crimen organizado en territorio estadounidense. El lavado de dinero ocurre principalmente en el sistema financiero estadounidense. México debe exigir acceso a información bancaria en tiempo real.
Tercero: reducción verificable del consumo de drogas en Estados Unidos mediante inversión en tratamiento y prevención.
Se debe elaborar la Política Criminal Nacional de México, documento rector que articule seguridad pública, procuración e impartición de justicia bajo una estrategia integral. Fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia con capacidades autónomas de producción de inteligencia criminal, reduciendo la dependencia de inteligencia estadounidense. Establecer mecanismos permanentes de coordinación operativa entre policías y fiscalías basados en unidades conjuntas de investigación territorial.
Conclusión
La tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad terminó con un comunicado que promete resultados tangibles.
Llevamos 20 años escuchando promesas similares mientras la violencia se transforma y las desapariciones se multiplican. El problema no es la cooperación bilateral en sí misma, sino el modelo actual que privilegia las prioridades estadounidenses sobre las necesidades mexicanas, que celebra reuniones sin exigir resultados verificables, que desconecta la diplomacia de la realidad cotidiana.
México necesita redefinir radicalmente su estrategia de cooperación bilateral en seguridad. Esto implica negociar desde una posición de claridad sobre objetivos nacionales innegociables, exigir reciprocidad verificable en cada línea de cooperación, reorientar recursos hacia los delitos que realmente afectan a la población y construir capacidades autónomas.
Sin estos cambios, seguiremos celebrando reuniones que producen comunicados vagos mientras el país enfrenta una crisis que no se resuelve con retórica diplomática sino con resultados tangibles en las calles donde la violencia se vive cada día.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.