De la procuración de justicia a la procuración de cócteles: el retiro dorado de Gertz Manero

Es la manifestación tangible de cómo, en México contemporáneo, la justicia permanece subordinada a cálculos políticos, y cómo una institución que nació para ser autónoma se disuelve ante la presión de las mayorías legislativas.

¿A quién beneficia la salida del fiscal?

La pregunta esencial que debiera ocupar a cualquier analista es quién sale ganando. Gertz Manero no desapareció del imaginario público por su competencia o entrega institucional. Su gestión estuvo atravesada por ausencias notables: investigaciones emblemáticas como Ayotzinapa, Odebrecht, Estafa Maestra y Segalmex avanzaron con pasos lentos y resultados parciales.

No fue una coincidencia que su mayor visibilidad proviniera de persecuciones selectivas—como las órdenes de aprehensión que giró contra las hermanas Cuevas, acusadas de la muerte de su propio hermano, un caso que la Suprema Corte determinó que nunca existió.

Ahora bien, ¿qué se consigue con su salida? Adán Augusto López, coordinador de la bancada de Morena, emergió como protagonista de esta transición tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum el 26 de noviembre.

Los rumores apuntan a que Gertz Manero tenía en su poder investigaciones sobre corrupción, huachicol fiscal, tráfico de armas y narcotráfico que potencialmente involucraban a liderazgos de la 4T. Bajo esta lógica, su remoción no era remoción política sino depuración de un fiscal incómodo, aunque paradójicamente ineficaz.

Lo que debería haber sido una fiscalía que investigara sin correa política se convierte en una institución donde la correa es ahora visible y los dueños de la correa cambian, pero la subordinación persiste.

¿Técnico-Jurídica o puramente política?

Los pasillos del Senado ya tienen candidata. Ernestina Godoy, actual Consejera Jurídica de la Presidencia, es la favorita de Morena para ocupar el encargo de Fiscal General de la República. Su perfil, que sus promotores presentan como "técnico" y "experiente", cuenta una historia muy distinta cuando se examina con rigor.

Como Fiscal de la Ciudad de México, no se distinguió por investigaciones profundas o valentía institucional. Al contrario: fue titular durante la construcción de la Línea 12 del Metro, período de opacidad presupuestal sin precedentes donde desaparecieron miles de millones sin responsables. Su gestión quedó marcada por acusaciones documentadas de persecución a opositores políticos, represión selectiva a medios de comunicación críticos, y una pasividad notoria ante denuncias de corrupción de alto nivel que involucraban a funcionarios cercanos al poder.

Múltiples reportes de organizaciones de derechos humanos documentaron cómo su fiscalía fue más célere en procesar manifestantes que en investigar delitos de cuello blanco.

Pero Godoy no actúa sola en esta transición. Detrás de bambalinas, estructurando estratégicamente este "cambio" en el sistema técnico-jurídico operativo de las fiscalías en el país, está Arturo Zaldívar. El exministro de la Suprema Corte, ahora asesor de confianza de la presidenta, es el verdadero arquitecto de esta reconfiguración institucional. Zaldívar representa todo lo turbio y opaco del sistema jurídico mexicano contemporáneo. Su gestión en la Corte estuvo atravesada por controversias graves: filtraciones de decisiones judiciales antes de ser públicas, permitiendo que actores políticos se prepararan para fallos aún no publicados; negociaciones ocultas con el Ejecutivo que erosionaron la confianza en la independencia del máximo tribunal; y una capacidad inquietante para desaparecer casos incómodos de las agendas judiciales.

Su paso por la Suprema Corte no fue reformista ni transparente, sino transaccional. Ahora, desde su posición como asesor presidencial, Zaldívar parece estar diseñando el nuevo andamiaje de la FGR, pero uno donde la lealtad política sea aún más determinante que en la era Gertz Manero.

Que Godoy sea la candidata y Zaldívar el titiritero tras bambalinas no es casualidad. Ambos comparten un pasado turbio en el servicio público, ambos entienden cómo funciona el poder político real—ese que opera en los espacios que no aparecen en actas ni en acuerdos públicos. Si esta transición se concreta, no estaremos frente a un cambio de rumbo sino ante la consolidación sofisticada de un modelo donde la fiscalía es oficina de servicios políticos, dirigida por personas que ya probaron ser confiables para quienes manejan el poder desde las sombras.

Los mecanismos constitucionales: autonomía en papel

La Constitución estableció que el Fiscal General solo puede ser removido por el Ejecutivo Federal por causas graves que establezca la ley. Sin embargo, lo que observamos es la articulación de una renuncia presentada estratégicamente ante el Senado, donde Morena controla dos terceras partes de los votos. Técnicamente, Gertz Manero se fue "voluntariamente". Constitucionalmente, pasó lo contrario: un fiscal supuestamente autónomo se vio obligado a irse porque su capacidad de investigar sin cortapisas políticas se volvió insostenible.

El proceso es engañosamente formal. El Senado tiene 20 días para enviar a la presidenta una lista de diez candidatos aprobada por mayoría calificada. La presidenta tiene diez días para devolver una terna. El Senado debe elegir al nuevo fiscal en máximo diez días y mediante mayoría calificada, previo a comparecencias. Si el Senado no cumple, la presidenta envía su propia terna. Si el Ejecutivo no responde, el Senado elige de su lista. Pero todos estos mecanismos de checks and balances se vuelven ficción cuando una sola fuerza política controla ambos poderes y, más importante, cuando el sistema funciona con la disciplina de un partido que interpreta la mayoría legislativa como mandato para recomponer todas las instituciones a su imagen.

El consuelo de la embajada o la carga de la justicia

Aquí reside la verdadera ironía de esta historia. Gertz Manero no desaparecerá del todo del imaginario político. Acumuló experiencia desde 1970, fue Secretario de Seguridad Pública en la administración Fox, rector de una universidad, diputado. Un perfil como el suyo, en la lógica de la 4T, puede valer por una embajada, un puesto internacional, un "retiro honorable" donde se le reconozca la trayectoria. Mientras tanto, la procuración de justicia—la labor más pesada, la que importa—quedará en manos de alguien cuya trayectoria sugiere que prioriza la lealtad política sobre la investigación incómoda.

Porque esa es la verdadera encrucijada. La FGR no es un ministerio cualquiera. Es la institución encargada de investigar los crímenes más graves, desde delincuencia organizada hasta corrupción de funcionarios públicos. Cuando esa institución se subsume a cálculos políticos, la consecuencia no es un cambio administrativo limpio. Es la institucionalización de la impunidad, disfrazada de continuidad gubernamental.

La pregunta que debería atormentar a quien lea esto es simple: ¿qué clase de procurador desea realmente Morena? ¿Uno que investigue sin temor, o uno que entienda las prioridades políticas del gobierno? Las señales que vemos sugieren la respuesta.

Y esa respuesta, lamentablemente, no es alentadora para quienes creían que autonomía fiscal significaba algo más que autonomía hasta que la autonomía se vuelve incómoda.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.