El diagnóstico es claro. Las restricciones fiscales del gobierno federal y su impacto en el desarrollo de infraestructura han afectado negativamente el proyecto de Claudia Sheinbaum y sus posibilidades para atraer más inversión. En un contexto de estancamiento económico e incertidumbre sobre el futuro del T-MEC, no sorprende que este haya podido ser un tema de conversación en la reunión de la presidenta con Carlos Slim del pasado lunes en Palacio Nacional, como fue reportado por algunos medios de comunicación. Después de esta reunión, a la que también acudió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, Claudia Sheinbaum informó en su cuenta de X acerca de una conversación con ejecutivos de HSBC “sobre las grandes oportunidades para nuestro país”.
Siempre sí a las asociaciones público-privadas, pero sin transparencia
De este modo, continúa ganando tracción el trascendido de que hay una gran estrategia en marcha que permita a la presidenta echar mano de la iniciativa privada para financiar grandes proyectos de infraestructura. Como parte de esta estrategia, se encuentra la presentación y aprobación de una ley de inversiones en la materia, que buscaría la derogación de la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) y que permitiría el aprovechamiento de diversos instrumentos como fondos de inversión, ahorros y créditos.
Casualmente, este verano fue presentada en la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir la Ley General de Infraestructura para el Bienestar, que pasó desapercibida por muchos. Conforme al texto del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, se crea un régimen especial para atraer inversión mixta en proyectos estratégicos sin considerar estándares mínimos de transparencia- muchos de ellos previstos en la LAPP- como la obligación de publicar convocatorias, estudios de viabilidad, actas de evaluación, contratos y avances en plataformas públicas como CompraNet. Así, la propuesta abre la puerta a esquemas negociados con personas físicas o morales con estructuras financieras complejas y opacas.
Como parte de la iniciativa, se propone la creación de una Comisión de Infraestructura para el Bienestar presidida por la Secretaría de Hacienda e integrada por otras secretarías con voz y voto, para la coordinación, autorización, evaluación y supervisión de los proyectos. Pero en ningún lugar se garantizan condiciones para que este órgano tenga algún mecanismo de supervisión o simplemente para que no actúe con discrecionalidad. Así, pareciera que la administración apuesta por un modelo de coinversión flexible con la iniciativa privada, pero con menos salvaguardas de las que hoy existen. Paradójicamente, estas asociaciones fueron tachadas en el sexenio anterior como focos de corrupción y dañinas al interés nacional.
Resulta innegable la urgencia de mayor inversión en infraestructura y la necesidad de contar con participación privada en este ámbito. Pero una legislación que no garantiza rigor técnico, orden y transparencia no cumplirá el objetivo de reactivar la economía y detonar obras prioritarias para el desarrollo nacional. Cualquier modelo de inversión debe garantizar estándares de transparencia equivalentes o superiores a los que hoy exige la LAPP. Un régimen más laxo sería violatorio del principio de progresividad de los derechos y sumamente perjudicial, especialmente a la luz de la eliminación del órgano autónomo garante de nuestro derecho al acceso a la información pública. Por otro lado, los órganos colegiados deben incorporar la participación ciudadana y criterios técnicos públicos para la toma de decisiones; así como límites a la discrecionalidad en la asignación de proyectos y criterios de equidad regional y social.
Sin estas garantías, la estrategia pinta para ser un vehículo para la opacidad más que un habilitador para el desarrollo.
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Nota del editor: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a Georgina De la Fuente.
