La amenaza de intervención armada estadounidense en territorio mexicano ya no es retórica abstracta. Cuando un presidente de Estados Unidos contempla abiertamente operaciones militares contra el crimen organizado en México, el mensaje es inequívoco: la comunidad internacional percibe al Estado mexicano como incapaz de garantizar seguridad dentro de sus fronteras. Esta percepción no surge de la nada. Se alimenta de una realidad tangible: un gobierno que reprime manifestaciones legítimas mientras tolera estructuras criminales, que reforma radicalmente su sistema de justicia sin plan de continuidad, y que presenta iniciativas como el Plan Michoacán que naufragan antes de demostrar resultados. La soberanía nacional no se defiende con discursos nacionalistas, sino con instituciones funcionales y estrategias coherentes.
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El doble estándar de la fuerza estatal
El uso selectivo de la fuerza por parte del Estado mexicano revela una contradicción devastadora para su credibilidad internacional. Mientras las fuerzas policiales despliegan contundencia contra manifestantes sociales y movimientos de protesta —muchos de ellos legítimos—, exhiben parálisis ante estructuras del crimen organizado que controlan territorios enteros.
Esta selectividad no pasa desapercibida para gobiernos extranjeros que evalúan la estabilidad del país.
Los abusos policiales documentados contra ciudadanos desarmados contrastan brutalmente con la incapacidad para desarticular redes criminales mediante inteligencia financiera. México cuenta con marcos legales para congelar activos, rastrear flujos financieros ilícitos y desmantelar patrimonios criminales, pero la aplicación de estas herramientas es prácticamente inexistente.
La Unidad de Inteligencia Financiera opera más como instrumento político que como maquinaria anticriminal efectiva. Esta inacción deliberada en el combate financiero al crimen organizado envía un mensaje claro: el Estado mexicano puede, pero no quiere ejercer su poder contra quienes realmente amenazan la seguridad nacional.
El espejismo del Plan Michoacán y la continuidad perdida
El Plan Michoacán ejemplifica la enfermedad crónica de las políticas de seguridad mexicanas: iniciativas diseñadas para titulares, no para resultados. Presentado con fanfarria mediática, el plan carecía desde su concepción de elementos fundamentales: recursos sostenidos, coordinación interinstitucional real, métricas de evaluación verificables y, crucialmente, mecanismos de continuidad institucional.
La falta de continuidad programática en seguridad representa quizás el mayor obstáculo para generar certeza internacional. Cada administración mexicana desmantela lo construido por la anterior, sin importar si funcionaba o no. Los programas de profesionalización policial, los protocolos de investigación criminal, las estrategias de inteligencia —todo se subordina al capricho sexenal. Para un inversionista extranjero o un gobierno aliado, esta volatilidad institucional es indistinguible del caos.
¿Cómo confiar en acuerdos de cooperación en seguridad cuando las instituciones con las que se firman pueden desaparecer en meses?
Los cambios radicales en el sistema de justicia agravan esta percepción. Reformar la estructura judicial sin garantizar capacitación continua, recursos tecnológicos y autonomía operativa genera más incertidumbre que la que pretende resolver. Las empresas internacionales no solo evalúan la criminalidad directa; analizan la previsibilidad del marco legal y la confiabilidad de las instituciones de procuración de justicia para proteger inversiones y personal.
Reconstruir la confianza: de la retórica a la acción verificable
Para generar certeza ante gobiernos extranjeros y neutralizar pretextos intervencionistas, México necesita transitar de anuncios a resultados medibles. Esto implica cinco acciones concretas.
1) Activar genuinamente el combate financiero al crimen organizado. Esto significa publicar trimestralmente el número de activos congelados, cuentas intervenidas y patrimonios desmantelados, con auditorías internacionales independientes. La transparencia en este rubro es verificable y genera credibilidad inmediata.
2) Establecer protocolos de uso de la fuerza policial con supervisión internacional. Si México tolera observadores electorales, puede aceptar veedores en materia de abusos policiales. Esta apertura, lejos de debilitar la soberanía, la fortalece al demostrar compromiso con estándares democráticos.
3) Crear un Sistema Nacional de Seguridad Pública blindado constitucionalmente contra disrupciones sexenales. Programas de profesionalización, bases de datos criminales, protocolos de investigación y estructuras de inteligencia deben tener continuidad garantizada por ley, con presupuestos plurianuales obligatorios.
4) Vincular la reforma judicial con indicadores de desempeño transparentes: tiempos de resolución, tasas de impunidad, satisfacción de víctimas. Sin métricas públicas, cualquier reforma es propaganda.
5) Establecer mecanismos formales de diálogo con la comunidad empresarial internacional sobre seguridad. Foros trimestrales donde empresas expongan preocupaciones específicas y el gobierno presente respuestas medibles, no discursos.
La soberanía se defiende con instituciones, no con consignas
La retórica nacionalista ante amenazas de intervención externa resulta hueca cuando el Estado no cumple su función primordial: garantizar seguridad. México enfrenta una disyuntiva existencial.
Puede continuar con la simulación —planes sin sustancia, reformas sin continuidad, fuerza selectiva contra los débiles— y observar cómo su soberanía se erosiona ante la impaciencia internacional. O puede construir instituciones de seguridad y justicia funcionales, transparentes y sostenibles que hagan innecesaria cualquier intervención externa.
La confianza internacional no se mendiga, se construye con hechos verificables. Cada día que México pospone el combate financiero genuino al crimen organizado, cada abuso policial sin consecuencias, cada reforma sin plan de continuidad, es un día más cerca de perder el control sobre su propio destino. La pregunta ya no es si México puede restaurar la confianza. Es si todavía quiere hacerlo.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
