Uruapan enfrenta en 2025 una crisis de seguridad que trasciende incidentes aislados: la percepción ciudadana y la persistencia de agresiones contra servidores públicos evidencian fallos sistémicos. Según cifras reportadas por el Inegi, aproximadamente el 89.5% de la población de Uruapan manifiesta sentirse insegura, y en las últimas semanas la violencia escaló hasta provocar la muerte de un policía municipal y la cancelación de actos públicos por riesgo.
#ColumnaInvitada | Del show al colapso: la seguridad en ruinas en Uruapan

Fallos estructurales y operativos
a) Déficit de personal y capacidad operativa. El Secretariado Ejecutivo estatal reconoce que Uruapan cuenta con cerca de 350 elementos frente a una plantilla normativa de 643, una brecha que reduce patrullaje, prolonga turnos y facilita la erosión del control interno. La subdotación impone priorizaciones que dejan vacíos en la custodia territorial. Esta limitación operativa obliga a priorizar puntos de control visibles en lugar de operaciones de investigación y seguimiento, lo que facilita la permanencia de células criminales en corredores económicos y rurales.
b) Gestión centrada en espectáculo y liderazgo performativo. La administración municipal ha privilegiado la visibilidad mediática —transmisiones públicas, “nochecitas” y actos simbólicos— por encima del fortalecimiento técnico institucional. Además, el propio alcalde ha emitido llamados públicos de auxilio y advertencias a los grupos criminales, demostrando la presión política que atraviesa la gestión local. Esta retórica de firmeza sin herramientas especializadas debilita la cohesión y la credibilidad operativa.
c) Paralelismo y ambigüedad normativa: la “Guardia del Sombrero”. La promoción pública de colectivos vinculados al movimiento municipal, identificados como “Guardia Ciudadana” o “Guardia del Sombrero”, introduce un actor paralelo cuya regulación, procedimientos de control y formación no son públicos ni claros. Las fuerzas auxiliares sin marco jurídico transparente comprometen la trazabilidad de actos y la responsabilidad por uso de la fuerza; existen reportes periodísticos que documentan su presencia y que señalan episodios que ameritan investigación por posible usurpación de funciones o actuaciones fuera de protocolo.
d) Ausencia de inteligencia táctica integrada. La capacidad preventiva se ha visto limitada por la falta de una unidad municipal de inteligencia coordinada con la Fiscalía y la Secretaría estatal; la gestión reactiva ha derivado en operativos fragmentados y respuestas tardías frente a amenazas a la integridad de policías y civiles. Aunque se han reportado detenciones vinculadas a hechos recientes, la falta de seguimiento estratégico y trazabilidad de resultados limita la eficacia a medio plazo.
Prácticas que requieren investigación
Desde la perspectiva técnico-jurídica procede investigar sin prejuzgar: (a) la operación de cuerpos armados o auxiliares sin registro legal; (b) la incorporación de personal sin control de confianza acreditado; (c) eventuales canales financieros opacos en partidas de seguridad; y (d) vínculos institucionales no transparentes con actores civiles armados. Estas líneas deben dirimirse mediante auditorías forenses y carpetas de investigación formales ante la Fiscalía.
Propuestas concretas y viables
- Convenio tripartito de estabilidad operativa. Establecer un acuerdo municipal-estatal-federal con mandos conjuntos, protocolos de mando, cadena de custodia y cláusulas de evaluación pública y temporal para proteger personal crítico, intercambiar información y coordinar operativos con rendición de cuentas. (Fundamento: déficit de personal y ataques a policías).
- Profesionalización y depuración. Implementar reclutamiento masivo, control de confianza obligatorio, formación homologada por la Academia Estatal y una carrera policial con incentivos salariales para reducir rotación y riesgos de corrupción. Depuración administrativa y penal ante indicios fehacientes.
- Regularización o desactivación de cuerpos paralelos. Someter a auditoría operativa y jurídica a la “Guardia del Sombrero”: si desempeñan funciones públicas, integrarlas dentro del marco legal con registro, control de armas y formación; si incumplen, proceder a su desactivación y remitir a la autoridad competente. La regla debe ser la legalidad y la trazabilidad de actos.
- Unidad mixta de inteligencia y persecución financiera. Crear una célula operativa conjunta con Fiscalía y SESP para seguimiento de rutas delictivas, análisis de redes y trazabilidad de bienes y recursos; priorizar evidencia técnica y análisis forense sobre la exhibición mediática.
- Auditoría forense y transparencia. Contratar auditoría externa inmediata sobre partidas de seguridad, publicar convenios y licitaciones en formatos abiertos, implementar controles internos automatizados y crear un Órgano Ciudadano de Seguimiento con acceso a informes técnicos y facultades consultivas para recuperar confianza.
- Prevención focalizada y reconstrucción del tejido social. Reasignar recursos a programas territoriales de empleo juvenil, mejora de infraestructura pública y capacitación comunitaria, medidos con indicadores de impacto verificables.
- Comunicación técnica y rendición de cuentas. Sustituir el discurso performativo por reportes trimestrales técnicos sobre incidencia, resultados operativos y seguimiento a detenciones, accesibles para la ciudadanía y evaluadores independientes.
En efímeras palabras…
La crisis de Uruapan no es irreparable, pero exige diagnóstico honesto, voluntad técnica y coordinación interjurisdiccional.
Sin dotación suficiente, sin inteligencia integrada y con actores paralelos jurídicamente ambiguos, las respuestas serán fragmentarias y costosas en vidas humanas y tejido social. La combinación de estabilización operativa, profesionalización, control jurídico de cuerpos auxiliares, persecución financiera y prevención social constituye una hoja de ruta realista. Implementadas con transparencia y auditoría externa, estas medidas ofrecen un camino plausible hacia la recuperación institucional y la reducción sostenida de la violencia.
El reto es político y técnico: sin coordinación y sin controles, la violencia seguirá imponiéndose a la gobernabilidad local. Urgente resolver, sin demagogia.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.