El recuento de los daños: las fallas estructurales de la política de seguridad

Falla 1: Divorcio funcional entre instituciones de seguridad y de justicia

La primera falla radica en la persistencia de un sistema fragmentado donde policías, fiscalías y poder judicial operan desconectados. Las policías detienen, pero las fiscalías no procesan coherentemente; las fiscalías abren investigaciones sin articulación con inteligencia territorial; el Poder Judicial actúa aislado de quienes producen los casos.

Decisión errónea: El gobierno permitió que tensiones internas obstaculizaran políticas profundas de coordinación. La reforma judicial de 2025 enfatizó cambios de composición sin resolver cuellos de botella operativos que generan impunidad. No se establecieron sistemas integrados de gestión de casos con trazabilidad desde detención hasta sentencia, ni unidades conjuntas fiscales-policiales con autoridades compartidas.

Consecuencias: La tasa de impunidad en extorsión alcanzó 98% según ENVIPE. Las policías municipales, condenadas al aislamiento, se convirtieron en objetivos vulnerables para cooptación criminal. Cada institución opera bajo lógicas propias, imposibilitando contención de delitos.

Falla 2: Estrategia fronteriza como instrumento de presión política

Durante el período, el gobierno concentró 10,000 efectivos de la Guardia Nacional en estados fronterizos bajo presión directa de Estados Unidos para frenar tráfico de fentanilo. Esta decisión subordinó prioridades nacionales a demandas externas.

Decisión errónea: El gobierno priorizó contención política sobre diagnósticos internos de riesgo. Justificó el despliegue como necesario para evitar sanciones arancelarias, transformando seguridad nacional en instrumento de relación bilateral, en lugar de formular estrategia basada exclusivamente en amenazas internas.

Consecuencias: Los decomisos fronterizos generaron paradójicamente incentivos para disputas más feroces en mercados ilícitos nacionales. Colima, Sinaloa y Sonora experimentaron incrementos de violencia. La guerra intestina del Cártel de Sinaloa fue completamente desatendida. El gobierno eligió responder a Washington antes que a realidades territoriales nacionales.

Falla 3: Omisión de prevención y precarización policial

El texto legislativo fue voluminoso pero la prevención—herramienta más efectiva y de menor costo—nunca se desarrolló operativamente. No se creó fondo federal específico para prevención integral, ni se generaron perfiles especializados, ni se avanzó en justicia cívica que resuelva conflictos antes de escalar.

Decisión errónea: Persistió la precariedad laboral de policías municipales. El 80% carece de seguridad social; menos del 70% cuenta con prestaciones básicas; menos del 8% accede a crédito para vivienda. Se condenó a profesionales en labores riesgosas a pobreza patrimonial sin contrapeso.

Consecuencias: Sin prevención ni policías dignificadas, el Estado perdió capacidad de contener problemas en su origen. Las extorsiones proliferaron sin costo operativo para criminales. Las policías municipales, imposibles de retener, se convirtieron en puerta de entrada de recursos criminales hacia estructuras estatales.

Falla 4: Vulnerabilidad cibernética del estado

Entre abril y mayo, múltiples instituciones sufrieron ciberataques. El Registro Civil fue hackeado con filtración de millones de documentos; fiscalías fueron comprometidas; incluso sistemas presidenciales fueron accedidos indebidamente.

Decisión errónea: El gobierno minimizó impactos y evitó transparencia. No se implementó estrategia nacional de ciberseguridad, no se modernizó infraestructura tecnológica, no se establecieron regulaciones para proteger información sensible. La respuesta fue silenciosa.

Consecuencias: La base de datos de identidades quedó comprometida, facilitando suplantación de identidad. Capacidades estatales de investigación criminal fueron vulneradas. La credibilidad institucional se erosionó por opacidad.

La bifurcación no elegida

Las fallas comparten raíz común: incapacidad de formular política criminal de Estado coherente, resistente a presiones externas, pero dialogante, fundamentada en diagnósticos reales. El gobierno respondió reactivamente a urgencias coyunturales mientras fallos estructurales permanecían intactos.

Una política viable requiere decisiones no tomadas entre enero y julio de 2025: integración funcional de instituciones bajo estrategia común; política nacional de prevención con recursos dedicados; dignificación laboral policial como condición de contención de corrupción; fortalecimiento cibernético; prioridades basadas exclusivamente en análisis internos.

La paradoja fue producir normas sin transformar operaciones. México está ante bifurcación: continuar por activismo legislativo que perpetúe impunidad, o construir arquitectura de seguridad estructuralmente diferente. Los datos sugieren que la segunda opción no fue elegida. El precio de esa omisión será pagado por años.

Y eso que esta es la primera parte del año 2025.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.