Más allá del estallido: Morelia en 2008 y la guerra en Sinaloa en 2024

El caso Morelia (15 de septiembre de 2008): un hito simbólico

La noche del Grito en Morelia, dos granadas de fragmentación explotaron entre la población reunida en la plaza central; el atentado causó al menos ocho muertos y más de un centenar de heridos según las crónicas contemporáneas, y marcó un precedente: la violencia del crimen organizado había pasado a atacar de manera directa eventos civiles masivos. El suceso generó consternación nacional y fue calificado por autoridades como un acto terrorista perpetrado en el contexto de la guerra contra los cárteles.

Meses y años después la investigación mostró fallas graves: detenidos que retractaron confesiones, denuncias de tortura y decisiones judiciales que terminaron por dejar libres a acusados por violaciones al debido proceso. La factura más visible fue la impunidad y el daño permanente a la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de protegerla.

La guerra en Sinaloa: fragmentación, facciones y daños colaterales

En contraste con el atentado puntual de Morelia, la emergencia en Sinaloa —visible con particular crudeza desde septiembre de 2024— es una guerra intraorganizacional entre facciones del propio Cártel de Sinaloa (los llamados “Chapitos”, la facción de El Mayo y otras subgrupos) que desató enfrentamientos, bloqueos y ejecuciones en ciudades como Culiacán.

En pocos meses se reportaron centenas de muertos y desaparecidos; estimaciones periodísticas y de monitoreo de conflicto señalaron cifras que van desde decenas diarias hasta más de un centenar de muertes y cientos de desapariciones en ventanas cortas de tiempo, con ciudades paralizadas y una presencia militar masiva.

Las odiosas comparaciones: patrones, objetivos y efectos

- Objeto de la violencia. El atentado de Morelia fue —en su forma— una acción dirigida a crear impacto simbólico y miedo social, un mensaje externo al Estado y a la población. La guerra en Sinaloa, en cambio, es una disputa por control territorial, rutas y redes logísticas; su violencia es cotidiana y sostenida.

- Dinamismo organizacional. Morelia exhiba la capacidad de un actor (o actores) para proyectar violencia selectiva en tiempos festivos; Sinaloa muestra la consecuencia de la fragmentación y la competición interna que multiplica actores armados, lo que incrementa la imprevisibilidad del conflicto.

- Impacto institucional. Ambos eventos subrayan debilidades estructurales: ineficacia investigativa y alta impunidad en el primer caso, y una capacidad estatal limitada para contener una guerra urbana prolongada en el segundo. La militarización, lejos de resolver la fragmentación, la ha acentuado en muchas regiones.

La crítica…

Las respuestas tradicionales —operativos masivos y detenciones emblemáticas— han mostrado efectos limitados: desarticulan liderazgos temporales pero producen vacíos que se traducen en guerras territoriales y violencia indirecta contra población civil. Paralelamente, la debilidad forense y la corrupción en cadenas de investigación han alimentado impunidad —como ilustró el caso Morelia— y minado la legitimidad estatal.

Las propuestas que nadie va a tomar en cuenta…

- Transición a una estrategia de seguridad civil y de inteligencia: priorizar unidades de inteligencia criminal con control judicial y enfoque en desarticulación financiera y logística (seguimiento de rutas de precursores y redes de lavado), no solo golpes de fuerza. Esto requiere interoperabilidad y rendición de cuentas.

- Acuerdos binacionales focalizados: intensificar cooperación con EEUU en trazabilidad de armas y control de precursores químicos, con protocolos de intercambio judicial expedito y políticas para reducir demanda/mercado en el norte. La evidencia apunta a una correlación entre armas provenientes de EE. UU. y la letalidad en México.

- Reforma integral de procuración y peritaje: crear unidades forenses autónomas, con estándares internacionales y protección a peritos para evitar fabricaciones de prueba y tortura, además de programas de reparación para víctimas (caso Morelia como precedente).

- Prevención social y microeconomía territorial: programas de sustitución económica orientados a municipios estratégicos (empleo, gobernanza local, acceso a servicios) para reducir la oferta de mano de obra criminal y restablecer tejido social.

Cierre

Morelia y Sinaloa son dos caras de la misma crisis: un atentado que expuso la vulnerabilidad civil y una guerra interna que demostró la escala y duración posible de la violencia cuando el Estado no ofrece alternativas estructurales. La lección es clara: sin la convergencia de inteligencia, justicia técnica, cooperación internacional con control democrático y políticas sociales sostenidas, seguiremos administrando crisis en vez de reducir la violencia estructural. La paz exige una estrategia paciente, técnica y responsable con los derechos humanos y la verdad.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.