Cada sexenio, desde alguna secretaría federal bien iluminada, emerge un documento que promete poner orden en el caos.
Orden desde el desorden: la trampa conceptual del Programa Sectorial 2025-2030
El gobierno intenta aplicar herramientas administrativas a una crisis que es estructural, histórica y, en gran medida, irresistible.
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El Programa Sectorial de la SSPC 2025-2030 no es la excepción: llega con objetivos luminosos, coordinación intergubernamental, tecnología, profesionalización policial y prevención social. Todo está ahí, cuidadosamente redactado, estratégicamente articulado. Es, técnicamente, un documento impecable.
El problema es que México no necesita planes impecables: necesita ejecutarlos en un país que opera desde el desorden.
El documento perfecto, la realidad imperfecta
La trampa del Programa Sectorial es su propia coherencia interna. Se lee bien y suena razonable: fortalecer instituciones, mejorar la inteligencia, coordinarse entre federación, estados y municipios. Son ideas correctas. El asunto es que suponen algo que no existe en buena parte del territorio nacional: un Estado funcional.
En centenares de municipios, la gobernanza está capturada por redes criminales. Las policías locales no persiguen delitos; trabajan para quien paga más. Las fiscalías no investigan; reciben presión política. Los jueces fallan conforme a instrucciones que llegan de fuera del sistema legal. Ahí, en ese contexto, el programa es papel mojado.
El colapso silencioso de la impunidad
El diagnóstico que omite el documento es brutal: más del 92% de los delitos no se denuncian, y de los que sí llegan a las autoridades, apenas el 2% se resuelven. Esa cifra no es un dato estadístico; es un colapso funcional.
Significa que no hay seguridad pública, hay teatralidad de seguridad. Significa que millones de mexicanos han optado por no denunciar porque confían más en resolver sus asuntos por cuenta propia que en instituciones que les han fallado sistemáticamente.
El programa promete justicia, pero la justicia no depende de la SSPC: depende de fiscales que están quebrados, de jueces que actúan bajo presión, de un sistema penal que lleva décadas desinflándose.
La militarización que no se reconoce
La Guardia Nacional es otro elefante en la sala.
El programa la menciona como eje de prevención y coordinación, pero la realidad operativa es que funciona con lógica militar en territorios que requieren presencia policial. No es lo mismo patrullar un pueblo que ocupar un territorio.
Un militar aplica doctrina de combate; un policía debe aplicar doctrina de proximidad. Son mentalidades incompatibles. Mientras la seguridad pública siga militarizada de facto, cualquier retórica sobre profesionalización es cosmética.
El realismo presupuestal que no existe
Luego está el dinero.
El programa promete modernización tecnológica, capacitación masiva, infraestructura renovada y prevención territorial. Todo eso cuesta. En México, históricamente, los gobiernos cierran las billeteras en seguridad pública cuando llegan las crisis económicas o cuando cambian las prioridades políticas.
No hay nada en el programa que garantice continuidad presupuestal más allá del sexenio. Sin continuidad, sin dinero real y consistente, es retórica.
Lo que falta: las soluciones reales
¿Qué se necesita entonces?
- Primero, una reconstrucción del sistema de justicia desde los cimientos. No hay seguridad sin justicia. Eso significa reformar fiscalías, dotar a jueces de autonomía real, capacitar peritos, crear defensoras fuertes.
- Segundo, desmontar la estructura policial fragmentada. México tiene decenas de policías: federal, estatal, municipal, militar. Necesita arquitectura policial unitaria, profesionalizada, responsable ante autoridades civiles, blindada políticamente de la corrupción.
- Tercero, instituciones anticorrupción con dientes, con capacidad de fiscalizar, sancionar y controlar presupuestos.
- Cuarto, aceptar que la prevención social no es marketing: es economía, empleo formal, educación, salud mental, presencia estatal permanente. Eso toma una década, mínimo.
Lo que niega el programa
El Programa Sectorial 2025-2030 no fracasará por lo que contiene; fracasará por lo que niega.
Niega que el Estado mexicano está parcialmente capturado. Niega que miles de policías y funcionarios reciben órdenes de criminales, no de mandos. Niega que la impunidad es sistémica, no administrativa. Niega que la profesionalización es un cambio cultural de décadas, no un curso de capacitación.
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El espejismo persiste
México está atrapado en una paradoja: necesita seguridad pero está gobernado, parcialmente, por estructuras que no tienen interés en proporcionarla.
Mientras el Estado siga operando desde el desorden institucional, cualquier plan para combatirlo será un espejismo más en el desierto de la inseguridad.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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