#ColumnaInvitada | La Roma huele a pan fermentado, flat white y a desalojo

Los restaurantes “de moda” y los cafés con términos extranjeros en la carta no son solo espacios para comer. Son motores que atraen inversión, turistas y un nuevo perfil económico que puede pagar 30, 35 mil pesos mensuales por un departamento. Eso tiene un costo: expulsar a vecinos, cerrar locales tradicionales y transformar la identidad de las zonas.

La llegada de extranjeros y nómadas digitales a la Roma y la Condesa no es en sí un problema, pero es parte de un modelo de ciudad que privilegia sus bolsillos sobre las comunidades que llevan generaciones ahí. No es solo un fenómeno de gustos, es una cuestión económica y social. Cuando los menús se escriben en inglés y las tiendas locales desaparecen, la ciudad cambia para quién es, no para quién fue.

Es importante subrayar que estas protestas y el rechazo social que han surgido no deben confundirse con xenofobia. No se trata de odiar a los extranjeros ni a quienes buscan nuevas oportunidades; se trata de denunciar un modelo urbano y económico que privilegia la llegada de capital extranjero sin cuidar a quienes llevan años construyendo estas zonas. La incomodidad no nace de un rechazo a “los gringos” o “los turistas”, sino de la frustración ante la falta de políticas que regulen el fenómeno y protejan el derecho a la vivienda y a la identidad cultural.

La gentrificación no es un problema de personas, es un problema de estructura y poder. Cuando las rentas se disparan por encima de lo que una familia mexicana puede pagar, cuando los comercios de toda la vida son reemplazados por franquicias o locales de lujo, se está borrando una parte fundamental de la ciudad. La tensión surge porque la desigualdad se vuelve visible y violenta, y no porque exista odio al extranjero.

Este fenómeno no debería sorprendernos, pero sí exigir una respuesta clara y responsable del gobierno mexicano. La llegada masiva de turistas, inversionistas y nómadas digitales representa una fuente importante de ingresos para la economía local y nacional. Sin embargo, esta llegada no está siendo regulada ni controlada adecuadamente. La falta de políticas públicas efectivas para frenar la especulación inmobiliaria, controlar plataformas como Airbnb y proteger a las comunidades vulnerables está generando un daño irreversible.

La gentrificación en CDMX se ha vuelto cada vez más visible. El 20 de julio se realizó una segunda marcha contra este fenómeno. Estas protestas no solo expresan un rechazo al alza en los precios o a la llegada de turistas, sino una demanda por el derecho a pertenecer y vivir en la ciudad sin ser desplazados.

Los reclamos van desde la falta de regulación en plataformas hasta la ausencia de estrategias que promuevan la vivienda asequible y la preservación cultural. Mientras tanto, los restaurantes siguen abriendo, las rentas suben y las fondas tradicionales desaparecen, llevándose con ellas parte de la memoria y la identidad de la zona.

El problema no es solo quién puede pagar un café caro o un brunch. Es qué se pierde cuando la zona se convierte en un producto, una postal para mostrar en Instagram y un espacio inaccesible para muchos. La ciudad no debería ser solo para quienes pueden presumirla, sino para quienes la habitan y la hacen vivir.

La Roma y la Condesa están en una encrucijada: ¿serán zonas para vivir o solo para lucir? El gobierno mexicano tiene la responsabilidad de garantizar que este cambio no signifique expulsión y olvido, sino un desarrollo que integre a todos, sin criminalizar la protesta ni confundir la legítima defensa de un espacio con xenofobia.

La alcaldesa Clara Brugada ha presentado 14 acciones para frenar la gentrificación: desde limitar el aumento de rentas, regular Airbnb, hasta proteger a inquilinos y fomentar vivienda pública asequible. Son medidas necesarias, pero queda en manos del gobierno demostrar voluntad política real y traducir estas propuestas en acciones concretas. Sin un compromiso efectivo, la Ciudad de México seguirá siendo un espacio inaccesible para la mayoría, convertido en un lujo para unos pocos.

Porque defender el derecho a la vivienda y a la identidad cultural no es cerrar puertas, sino exigir justicia urbana. La respuesta a esta pregunta definirá no solo el futuro de estas zonas, sino el de toda la Ciudad de México.

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Nota del editor: Kelly Mendez es internacionalista egresada de la Universidad Iberoamericana, con especialidad en política global. Tiene experiencia en marketing, relaciones públicas y analista de temas nacionales e internacionales. Escribe sobre cultura, política y asuntos sociales. @kellmeen en Instagram y X. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.