El gobierno de la Ciudad de México presentó un plan de 14 puntos para reducir los efectos de la gentrificación y el encarecimiento de las rentas, la vivienda habitacional y el suelo destinado a construcción.
El objetivo es evitar el desplazamiento de habitantes y, con ello, la pérdida de la identidad “chilanga” y de los pueblos y barrios originarios. Expertos ven aciertos en la estrategia... sin embargo, advierten que hay falta de claridad para su implementación.
El llamado “Bando 1: por una ciudad habitable, asequible, con identidad y arraigo local” contempla acciones como el desarrollo de vivienda social en renta, con la que el gobierno capitalino busca participar como actor en el mercado inmobiliario. El plan también propone establecer topes al aumento de rentas y ejercer mayor regulación sobre las plataformas de hospedaje.
Analistas consultados por Expansión Política reconocen avances en medidas como la defensoría de inquilinos, la creación de un índice de precios y los programas de apoyo a comercios locales. No obstante, coinciden en que la estrategia carece de claridad en su implementación, así como de sustento técnico y un enfoque integral.
“La propuesta plantea cosas interesantes, pero las plantea en términos de lo que se quiere hacer, no lo que se hará, cómo se proyectará o se implementará, siempre el verbo futuro. Nos está diciendo el qué, pero no nos está diciendo el cómo, ni el cuándo, ni con qué (recursos)”, afirmó Gustavo Gómez, experto urbanista.
Expertos señalan que, para que el gobierno capitalino pueda incidir de manera efectiva en el mercado de rentas, sería necesario que participara con al menos el 40% de la oferta.
Sin embargo, de acuerdo con estadísticas del INEGI, la Ciudad de México requeriría construir más de 300,000 viviendas en renta para alcanzar ese nivel de competencia, mientras que la administración actual solo contempla 20,000 unidades durante el sexenio.
El pasado 4 de julio, diversos colectivos convocaron vía redes sociales a una manifestación contra la gentrificación, el desplazamiento de locales por extranjeros y a favor del derecho a la vivienda digna y económica. Aunque los colectivos llevaron a cabo sus manifestaciones y marchas, un grupo de encapuchados causó desmanes en comercios de la colonia Roma y Condesa.
En respuesta a las manifestaciones y el tema de debate, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó un paquete de 14 puntos con los que se busca hacer frente al fenómeno.
Aunque algunos puntos como el tope a rentas, la regulación de plataformas digitales y la creación de padrones de viviendas en renta y de alojamientos temporales ya había sido anunciado desde la administración del exjefe de gobierno, Martí Batres, el plan los retoma y agrega nuevos mecanismos como la creación de la defensoría de los inquilinos, un observatorio de vivienda y la construcción de vivienda para renta dirigidos jóvenes, grupos prioritarios y sectores populares.
En este contexto, el experto Gustavo Gómez califica el anuncio como una respuesta reactiva a la manifestación del pasado 4 de julio y no como una política pública con rumbo definido. Asegura que es un compendio de buenas intenciones, de proyecciones a futuro, pero sin claridad sobre cómo se implementarán.
Es la primera vez que yo veo una intención clara de combatir este tema, se celebra, pero este es un anuncio político y no técnico.
Por su parte, Claudio Nieto, especialista en temas urbanos, de vivienda y gentrificación, considera que una regulación en el mercado de rentas, como lo plantea el Bando 1, es importante para que exista un elemento legal que modere y evite el desplazamiento de habitantes por altos costos.
“Cuando la ciudad, es decir, el desarrollo inmobiliario se enfoca exclusivamente, sin ninguna limitante, hacia el interés y la inversión y la especulación inmobiliaria, empieza a ocurrir este fenómeno de la gentrificación”, apunta.
Sin embargo, advierte que hay puntos el el Bando 1 como el Índice de Precios de alquiler, que desde su planteamiento es ambiguo, ya que no contempla los mecanismos que se tomarán en cuenta para controlar el precio de las rentas.
Considera que la Defensoría de los Inquilinos es una buena medida, no obstante, este organismo, podría equipararse a otros similares como la Procuraduría Social en la Ciudad de México, el cual solo es un mediador en un conflicto vecinal
“No son muy efectivos, simplemente podemos ver todos los organismos que se encargan de regular la propiedad condominal, que realmente no tienen un peso más allá de supuestamente la mediación y no no tienen un efecto real en la cultura de vivienda”, señala.
El punto siete del Bando 1 se refiere a la construcción de vivienda pública para renta, dirigido a jóvenes y sectores vulnerables o de atención prioritaria.
El pasado 11 de julio, el gobierno de la Ciudad de México anunció la creación de las primeras 1,000 viviendas para renta de las 20,000 que se tienen proyectadas para este sexenio. Estas estarán ubicadas en las alcaldías Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo y podrían empezar a habitar hasta mediados de 2026, cuyos costos mensuales no serán definidos por el mercado sino por el ingreso de una persona o una familia.
En este sentido, Gustavo Gómez asegura que el gobierno capitalino busca ser un competidor dentro del mercado inmobiliario sin embargo, hasta el momento del anuncio del Bando 1, la administración de Clara Brugada no cuenta con una sola vivienda en renta.
De acuerdo con el INEGI, en 2022 la Ciudad de México reportó 2.9 millones de viviendas de las cuales el 26.9% eran rentadas. Por tanto, la Ciudad de México debería construir más de 316,000 viviendas para impactar en el mercado de renta, pero la administración capitalina actual, tiene proyectada la construcción de 20,000.
Señala que para considerarse un competidor en el ramo, el gobierno de la Ciudad de México debe participar, mínimo con el 40% del mercado de las rentas, como sí lo hacen otras ciudades del mundo
“Por ejemplo, si quiero rentar a un privado y me cuesta 100 pesos y el estado lo renta a 70 pesos, pues se lo rento al estado, así funciona el mercado”, dice Gómez.
Por su parte, Claudio Nieto coincide en que el gobierno debe asumir un papel activo como único actor capaz de generar estabilidad y equidad en el acceso a la ciudad.
El problema es que los programas no son lo suficientemente sólidos ni plantean escenarios a plazo suficientes que puedan realmente marcar una diferencia en cómo se desarrolla la ciudad
Ambos expertos coinciden en que si bien el fenómeno de la gentrificación no es nuevo, este debe enfrentarse con urgencia, y con un diagnóstico profundo que permita diseñar políticas eficaces y sostenibles.
