Desde hace algunas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum retomó el planteamiento sobre una reforma electoral. Se trata del cuarto intento de la 4T por cambiar las reglas de acceso al poder, desde luego para hacerlas más favorables a su causa y tener aún más poder y control del sistema político del país.
#ApuntesElectorales | La reforma electoral que necesitamos

En esencia, lo que buscan es un debilitamiento de los partidos políticos y de la autoridad electoral. ¿Cómo? P ues a través de la reducción del financiamiento público a los partidos y la eliminación de los escaños plurinominales, medidas ambas que sólo beneficiarían a Morena y, por el contrario, perjudicarían al resto de los partidos de oposición, incluyendo sus aliados.
En cuanto a la autoridades electorales, el planteamiento se centra en abaratar los costos de las elecciones y la posibilidad de que los consejeros y las consejeras electorales se elijan por voto popular, nuevamente debilitar a la autoridad electoral a partir de las asfixia presupuestal y tener un mayor control de los tomadores de decisiones mediante un esquema similar al de las elecciones judiciales, pero ahora para un órgano constitucional autónomo, que es el INE.
De lo que no hablan es que la verdadera reforma electoral que se necesita es en torno a las elecciones judiciales; desde luego, lo ideal sería echar para atrás la tóxica reforma al Poder Judicial, pero siendo honestos se ve poco viable, por lo que siendo realistas a lo que sí podríamos aspirar es a una reforma a las reglas para llevar a cabo las elecciones judiciales.
Es seguro que no podemos volver a otras elecciones judiciales con tan baja calidad. Los consejeros electorales del INE, al menos seis de ellos y ellas, han señalado la gran cantidad de malas prácticas e irregularidades que se presentaron en este primer intento de elecciones de personas juzgadoras. No solo la autoridad electoral lo ha evidenciado, también la Organización de Estados Americanos, a través del informe que emitió la Misión de Observación Electoral que acudió a acompañar el proceso, enlistó las deficiencias y señaló de manera puntual las posibilidades de mejora, a lo cual también se sumó el Observatorio Electoral Judicial. En el informe que presentamos recientemente se dio cuenta de la total falta de integridad de la elección y planteamos recomendaciones puntuales para una verdadera reforma que permita tener elecciones judiciales de mayor calidad.
La suma de estos ejercicios lleva a concluir algo claro: el proceso electoral judicial fue una elección carente de autenticidad, operada a partir de la violación sistemática, grave y determinante de los principios constitucionales de certeza, legalidad, equidad y libertad del sufragio, lo cual, en cualquier democracia seria, llevaría a discutir la nulidad de la elección y la reformulación de las reglas ara realizarla.
Por eso, la verdadera reforma electoral que se necesita es en torno a la elección judicial. Tan solo enlisto los temas que en este caso deberían abordarse, los cuales van desde la concurrencia electoral y la distritación electoral judicial, hasta la creación de un Código Electoral específico para las elecciones judiciales; fortalecer a partir de requisitos puntuales el proceso de evaluación de los perfiles y la autonomía e independencia de los comités de evaluación; crear un modelo de fiscalización acorde al tipo de elección, así como reglas para que exista un verdadero acceso a la justicia; la previsión de recuentos de la votación; el fortalecimiento de la educación cívica en torno a la elección y, desde luego, la prohibición tajante del uso de recursos públicos y el énfasis en el respeto al principio de neutralidad, entre otros muchos.
Esta será otra batalla en la que habrá una oportunidad más de demostrar si lo que se busca es fortalecer la democracia, como lo han señalado, o si, por el contrario, nuevamente es pura retórica y la verdadera intención es tener elecciones a modo. La disyuntiva es tomar el camino a la democracia o confirmar la ruta hacia el autoritarismo.
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