El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Oliver de Frouville, anunció que abriría un proceso “urgente” para monitorear la situación de desapariciones forzadas en México. El funcionario de Naciones Unidas dijo que decidió activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, con el cual solicita información al gobierno de México sobre este delito que ocurre “de manera generalizada o sistemática” en nuestro país. El proceso podría llegar hasta la Asamblea General de la ONU.
El Estado sí comete desapariciones forzadas en México
Las autoridades revictimizan a los familiares de las personas desaparecidas al ignorarlos o argumentar que quienes fueron desaparecidos “en algo andaban metidos”.
@jacquescoste94
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La presidenta Sheinbaum, los legisladores de Morena, los altos mandos del partido y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no tardaron responder desacreditando a Frouville y aduciendo que en México no se cometen desapariciones forzadas, ya que el Estado no participa en estos crímenes. Luisa María Alcalde , dirigente nacional de Morena, aseveró que: “No cabe duda que este señalamiento contra México tiene orientación política e ideológica. No les gustan los gobiernos progresistas y cercanos a la gente”, y añadió: “no es la primera vez que grupos dentro de este organismo actúan de manera facciosa sin ningún elemento objetivo”.
Más grave aún, la CNDH emitió un comunicado negando la crisis de desapariciones de México y la presidenta de la institución, Rosario Piedra Ibarra , declaró: “La ONU no va a hacer nada aquí, no lo vamos a permitir. Quienes se dicen defensores de la democracia mundial quieren venir a pisotear la democracia que está en ciernes en este país”.
Con ello, Piedra cayó en una doble contradicción, pues su madre Rosario Ibarra, estandarte en la lucha por los derechos humanos a finales del siglo XX, abogó por la colaboración de instancias internacionales para solucionar la crisis de desapariciones en México. En segundo lugar, la propia presidenta de la CNDH había declarado en 2020: “Yo creo que sería muy importante que este Comité volviera a venir, porque ya estuvo cuando estaba en pleno auge la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y ellos llevaron una investigación muy seria y profunda”.
Ante la crueldad y el cinismo de las autoridades, los colectivos de víctimas reaccionaron con dignidad y valentía, efectuando una poderosa protesta en el Senado, donde colocaron imágenes con los rostros de sus desaparecidos y un letrero a manera de sello de clausura: “Clausurado por su falta de compromiso con los familiares de personas desaparecidas. Nos faltan más de 127,000”. Con una diligencia nunca vista antes, trabajadores del Senado rápidamente removieron las imágenes y limpiaron todo rastro de la protesta, añadiendo otro eslabón a la cadena de mentiras y agravios contra las víctimas.
De acuerdo con instrumentos internacionales en la materia, la desaparición y la desaparición forzada de personas son dos delitos diferentes. Mientras que la primera es cometida por particulares sin participación del Estado, la segunda es perpetrada por agentes del Estado o cuenta con algún grado de colaboración de autoridades gubernamentales. Es decir, para que la desaparición de una persona se considere forzada debe haber involucramiento del Estado en grado de participación u omisión.
Algunas formas de omisión del Estado son la negativa a investigar los casos de desaparición de forma diligente, el mal manejo de las evidencias que podrían ayudar a determinar la identidad o el paradero de una persona desaparecida, la falta de voluntad para ayudar a los familiares de las víctimas a encontrar a sus seres queridos y la falta de acciones del Estado para prevenir y sancionar el delito de desaparición de personas.
En consecuencia, por si hiciera falta decirlo, es evidente que en México sí se cometen desapariciones forzadas por omisión del Estado. Además, las autoridades revictimizan a los familiares de las personas desaparecidas al ignorarlos o argumentar que quienes fueron desaparecidos “en algo andaban metidos”. Por si fuera poco, el Estado no garantiza la seguridad de las personas buscadoras, quienes constantemente sufren amenazas y ataques del crimen organizado.
En nuestro país también se cometen desapariciones forzadas por involucramiento directo del Estado. Por poner un ejemplo —de muchos que podrían resaltarse—, de acuerdo con Raymundo Ramos Vázquez , presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, tan sólo en 2018 se registraron 54 casos de desaparición forzada en operativos de seguridad de la Marina en Tamaulipas, ante lo cual el gobierno de AMLO prometió tomar acciones, pero terminó encubriendo a los militares involucrados, al igual que lo ha hecho Sheinbaum.
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Como lo han documentado Jacobo Dayán, Daniel Moreno y Paris Martínez en su libro Permiso para matar, la negativa a reconocer, investigar y sancionar crímenes, abusos y violaciones a derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas es un comportamiento constante del Estado mexicano. Así, el encubrimiento de las desapariciones forzadas perpetradas por los cuerpos castrenses es una práctica institucionalizada en México.
De acuerdo con la organización “A dónde van los desaparecidos” , en los primeros 100 días de gobierno de Sheinbaum se registraron, en promedio, 40 desapariciones cada día, lo que significa un aumento del 60% en comparación con el sexenio de AMLO. En total, hay más de 125 mil personas desaparecidas en México. Pero, para el oficialismo, la ONU exagera y no hay una crisis de desapariciones en México. Vaya indolencia, vaya prepotencia: como diría el dicho que tanto le gusta al morenismo, “la arrogancia de sentirse libres” e impunes.
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Nota del editor: Jacques Coste ( @jacquescoste94 ) es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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