Ser buscador o buscadora de personas desaparecidas en México es el trabajo más horroroso y desgastante emocionalmente que cualquiera se pueda imaginar. Al dolor de perder a un ser querido, a la incertidumbre de no saber dónde está, a la impotencia de no poder encontrarlo y a la frustración de lidiar con la indolencia y la ineptitud de las autoridades, hay que sumar los ataques retóricos y las amenazas de los poderosos. Desde políticos y funcionarios públicos hasta miembros del crimen organizado ponen en duda la credibilidad y amenazan constantemente a los colectivos de búsqueda. El caso Teuchitlán es un ejemplo representativo y especialmente terrible, pero de ningún modo es un caso aislado.
Caso Teuchitlán, una revictimización tras otra
Desde políticos y funcionarios públicos hasta miembros del crimen organizado ponen en duda la credibilidad y amenazan constantemente a los colectivos de búsqueda.
@jacquescoste94
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El domingo pasado, Guerreros Buscadores de Jalisco, el colectivo que encontró el campo de exterminio en el Rancho Izaguirre, publicó un comunicado para informar a la opinión pública sobre una campaña de desprestigio en su contra: “Se han creado audios, videos, imágenes, así como también capturas falsas de WhatsApp utilizando inteligencia artificial para editar voces e imágenes de algunos miembros de nuestro colectivo. Estos materiales falsos buscan manipular la opinión pública y dañar nuestra reputación”, decía el comunicado.
Previamente, supuestos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) publicaron un video en redes sociales en el que ponían en duda la veracidad del hallazgo de Guerreros Buscadores y sugerían que se trataba de un montaje con intereses oscuros detrás. Algunos periodistas cuestionaron si la autoría del video realmente era del CJNG y otros pusieron de relieve la similitud entre la narrativa de este video y el discurso de varios miembros de la coalición gobernante que desacreditaron al colectivo de búsqueda y plantearon la hipótesis del montaje, como Gerardo Fernández Noroña.
Por otra parte, el jueves de la semana pasada, el fiscal Alejandro Gertz organizó una suerte de visita guiada al Rancho de Izaguirre para medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos. Algunos periodistas oficialistas aprovecharon la visita para elogiar la supuesta transparencia del gobierno en esta investigación y otros incluso se atrevieron a circular la hipótesis del montaje. Sin embargo, madres buscadoras y activistas que participaron en la visita acusaron a la Fiscalía General de la República de “barrer” el lugar antes de que pudieran recorrerlo y examinarlo.
Es decir, las autoridades retiraron las evidencias y limpiaron el lugar antes de la visita, por lo que ésta fue una acción para lavarse la cara y no una muestra de auténtica voluntad de incorporar a las víctimas en esta investigación. Por si fuera poco, la Fiscalía restringió la entrada y le dio acceso preferente a medios oficialistas por encima de las víctimas, por lo que éstas acusaron maltrato por parte de las autoridades.
La presidenta Sheinbaum ha oscilado entre victimizarse, argumentando que la oposición ha aprovechado el hallazgo del crematorio clandestino para atacar al gobierno, y anunciar acciones para atender la crisis de la desaparición de personas. Entre esas acciones, destacan reforzar la Comisión Nacional de Búsqueda, equiparar las penas del delito de secuestro al de desaparición, así como la creación de la Base Única de Información Forense y la Plataforma Nacional de Identificación Humana.
No obstante, varias organizaciones de derechos humanos han respondido con escepticismo ante estos anuncios. El Centro Prodh advirtió que varias de las medidas anunciadas por la presidenta ya estaban previstas en la legislación mexicana, por lo que no tienen nada de novedoso, “y si [esas leyes] no han sido operativas no es por falta de marco legal sino por las resistencias de las propias instituciones, falta de presupuesto e indolencia”.
Otros colectivos de víctimas han señalado que las medidas anunciadas por Sheinbaum resultan contradictorias y decepcionantes. Las medidas han sido contradictorias porque el Estado mexicano había avanzado pasos en la dirección correcta en materia de búsqueda de personas desaparecidas durante la primera mitad del sexenio de AMLO, pero retrocedió en la segunda mitad de su mandato, cuando el expresidente forzó la renuncia de Karla Quintana, la entonces comisionada nacional de búsqueda, y maquilló las cifras de personas desaparecidas.
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Los anuncios de la presidenta han sido decepcionantes porque, desde que era candidata, Sheinbaum se ha negado a reunirse con las madres buscadoras y los colectivos de víctimas. Esta negativa ha continuado durante su presidencia. Así, la presidenta anunció medidas sin tomar en cuenta la opinión de las familias de las personas desaparecidas y sin conocer el problema de fondo, pues éste jamás ha formado parte de su proyecto de gobierno. Por tanto, el anuncio parece más un intento por sacudirse las presiones políticas desatadas por el hallazgo del campo de exterminio que un intento genuino de atender la crisis de las desapariciones.
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En suma, como muestra este recuento de hechos, al horroroso hallazgo de Teuchitlán le ha seguido un acto de revictimización tras otro contra Guerreros Buscadores de Jalisco y contra los colectivos de búsqueda y las organizaciones de víctimas. Esto no es algo extraño en México. Por el contrario, los colectivos de búsqueda y de víctimas constantemente lidian con las amenazas del crimen organizado, la indolencia y la ineficacia de las autoridades y el manejo politizado de los casos mediáticos por parte de los líderes políticos. Teuchitlán es un caso representativo, mas no excepcional.
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Nota del autor: El caso Teuchitlán nos ha recordado el horror en el que vivimos en México. Tengo la convicción de que la literatura nos puede dar herramientas para narrar, darle sentido y procesar colectivamente ese dolor. Por eso, he iniciado una serie de cuentos que reflexionan sobre la violencia en México desde distintas perspectivas. Aquí el enlace al cuento más reciente para los lectores interesados.
Nota del editor: Jacques Coste ( @jacquescoste94 ) es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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