El Comité de Naciones Unidas sobre Trabajadores Migratorios emitirá recomendaciones a México ante la falta de respuestas para atender las desapariciones de migrantes que cruzan el país.
El gobierno mexicano fue evaluado por este organismo internacional los pasados 7 y 8 de abril en Ginebra y publicará un informe final el próximo martes 15 de con sus recomendaciones.
“Esperamos que el país ponga especial énfasis en el cumplimiento y adopción de medidas para atender las problemáticas señaladas”, declararon en pronunciamiento organizaciones mexicanas de derechos humanos que participaron en las sesiones de evaluación.
El Comité de la ONU solicitó información a México sobre sus acciones para investigar los delitos y violaciones a derechos humanos contra las personas en movilidad.
También pidió conocer las estrategias para fortalecer la búsqueda de migrantes desaparecidos y para instalar la Mesa de Búsqueda de Migrantes, pendiente desde hace tres años.
Sin embargo, el Estado mexicano no respondió a esas preguntas, aunque reconoció pendientes en el diseño de políticas públicas de atención a la crisis de desapariciones, afirmaron las organizaciones civiles.
Además, el gobierno reconoció la necesidad de fortalecer el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación, para que las familias de personas migrantes desaparecidas accedan a mecanismos de justicia trasnacional.
Las organizaciones recordaron que hay juicios por las masacres de migrantes ocurridas en México. En 2010, 72 migrantes fueron asesinados en Tamaulipas, donde también fueron halladas las fosas clandestinas de San Fernando en 2011. Otra masacre sucedió en Cadereyta, Nuevo León en 2012.
#Comunicado 📣
— Fundación para la Justicia (@FJEDD) April 10, 2025
🇲🇽 El 7 y 8 de abril, el Comité de la ONU sobre Trabajadores Migratorios evaluó al Estado mexicano. La ausencia de la @FGRMexico y el @INAMI_mx, claves en la política migratoria, fue notoria.
Organizaciones expusimos graves violaciones y omisiones del Estado. pic.twitter.com/H2dEXjOEGo
Sin embargo, el Estado mexicano no detalló los resultados de las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por esos hechos, ni los avances en la identificación y sanción de los responsables.
El gobierno reconoció que el índice de judicialización de los delitos contra migrantes es bajo en el país. De 2019 a 2025, expusieron, se emitieron 53 sentencias, 10 de ellas absolutorias. Mientras que de 2018 a 2023 se dictaron 15 sentencias condenatorias por desapariciones forzadas, aunque sin especificar si las víctimas eran migrantes.
De acuerdo con las organizaciones, el Comité de la ONU mostró su preocupación por los efectos de la militarización del control migratorio, con casos de asesinatos de migrantes a manos de Fuerzas Armadas.
El gobierno mexicano fue señalado, además, de no adoptar políticas para evitar la repetición de graves violaciones a los derechos humanos de migrantes, ni para prevenir las extorsiones, secuestros y la trata, delitos de los que suelen ser víctimas.
Otros casos graves por los que México fue cuestionado fueron la masacre de 17 migrantes en Camargo, Tamaulipas, en 2021; el asesinato del cubano Cristobal Cobreiro a manos de la Guardia Nacional ese mismo año, en Chiapas; el asesinato de Victoria Salazar, originaria de El Salvador, por policías municipales de Quintana Roo, y el incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez Chihuahua, en 2023.
Entre las asociaciones que expusieron los pendientes de México en materia de desaparición de migrantes, y que también enviaron informes sombra al Comité, están Fundación para la Justicia, el Instituto de Mujeres en la Migración, Sin Fronteras, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Asylum Access y el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria.
