Con la respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, México regresa a la época donde se negaba este problema, que ya suma 117,000 casos.
Como hicieron en su momento los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la administración actual critica a ese organismo internacional, que inició un proceso en contra de México por las desapariciones forzadas.
Tanto Sheinbaum como las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y senadores de Morena criticaron al presidente del Comité, Oliver Frouville, y negaron que en México se comentan desapariciones forzadas sistemáticas. Incluso, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, anunció que pedirá a la ONU sanciones para Frouville.
Pero la negación no ayuda a resolver este fenómeno ni permite al país recibir apoyo internacional, aseguró Santiago Corcuera, exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada.
“Otra vez la actitud negacionista, enojarse con el doctor en lugar de poner en práctica las recomendaciones que te da el doctor”, señaló en una charla con el académico del Colegio de México Sergio Aguayo.
El experto recordó que no es la primera vez que el Comité alista revisiones en la materia ni tampoco la primera ocasión en que el gobierno en turno responde con negativas.
En 2011, otra instancia de la ONU, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, revisó la situación de México en la materia.
Su primera recomendación fue que el Estado reconociera la dimensión del problema como un primer paso para resolverlo. Sin embargo, el gobierno del panista Felipe Calderón negó la existencia de las desapariciones forzadas.
Más tarde, en 2015, el país fue revisado por el Comité, conformado por 10 expertos en derechos humanos independientes. El organismo concluyó entonces que las desapariciones se mantenían sin solución, pero ahora lo negó el gobierno del priista Enrique Peña Nieto.
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En 2018, el Comité dio seguimiento al caso mexicano. Reconoció los avances legislativos para atender las desapariciones, aunque estos no garantizan la implementación de medidas de prevención.
Así que el organismo regresó al país en 2021, por invitación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tomó la actitud contraria a la de sus antecesores.
Esto demuestra que el Comité no tiene intención de señalar al gobierno de Sheinbaum, subrayó el académico Corcuera, sino de contribuir a resolver las desapariciones forzadas.
Este gobierno vuelve a la conducta calderonista y peñanietista. No es una resolución contra México, es para solucionar el problema de México”,
Santiago Corcuera detalló que, si el gobierno coopera, probablemente el caso no llegará ante la Asamblea General de la ONU y México puede recibir apoyo internacional para el establecimiento de mecanismos de atención a las crisis forense, de justicia, impunidad, búsqueda y desapariciones.
“Lo que quiere hacer el Comité es proteger a la población mexicana de la desaparición forzada. No es un ataque contra México, no es un ataque contra la soberanía”, reiteró.
“Yo esperaría que la presidenta Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores y la secretaria de Gobernación rectifiquen”, agregó.
