#Opidemia | Reforma electoral recargada

Lo que se anuncia ahora es un plan para alargar la permanencia del proyecto en el poder teniendo inmejorables condiciones. De ahí que haya un poco de prisa, porque no existe la certeza de que éstas se mantengan tras las elecciones de 2027, no tanto por un fortalecimiento de la oposición, sino por las fisuras, y hasta fracturas, que se asoman ya en el movimiento derivado de las disputas por los cargos públicos y por una capacidad de aglomeración de los grupos políticos disminuida de la presidenta en relación con la que tenía su antecesor.

La propuesta de reforma toca tres aspectos fundamentales de los procesos electorales en el país: la transformación del Instituto Nacional Electoral (INE), la disminución del presupuesto público destinado a los partidos políticos y la eliminación de los legisladores plurinominales.

Se trata de una iniciativa sobrecargada que agrega a los cambios en el INE la posibilidad de que sus consejeros sean electos por el voto popular, ya no solamente modificaciones para que se convierta en un generador de consultas públicas. Además, desde luego, de lo conducente para preparar el terreno para que los organismos públicos locales (Oples) desaparezcan.

La elección judicial del pasado primero de junio quizá no atrajo a un porcentaje mayoritario de los electores mexicanos, pero sí dejó la posibilidad de trabajar en una narrativa que legitime dos cosas: 1) la idea de que es posible hacer elecciones con mucho menos dinero del que regularmente solicita la autoridad electoral, y 2) la idea de que los servidores públicos de alto nivel, ya sean ministros o ministras, consejeros o consejeras electorales, pueden tener un mejor desempeño que quienes son nombrados por acuerdos cupulares partidistas.

Sobre la disminución del presupuesto a los partidos políticos es difícil que haya quien defienda lo contrario… salvo los propios partidos. Se trata de organizaciones con altos niveles de desconfianza entre la ciudadanía, superadas incluso por servidores públicos como los policías, el gobierno y, sobradamente, el Ejército. Cada vez más se diluye el argumento de que el financiamiento público evita la intromisión de grupos fácticos en la liza electoral.

Por lo que respecta a la eliminación de los legisladores de representación proporcional la presidenta Sheinbaum tampoco tendrá problema en lograr un mayoritario respaldo social. Ya sea por falta de comprensión de esta figura o por un análisis informado, lo cierto es que el desprestigio que le han acarreado personajes como Ricardo Anaya y Alejandro Moreno parece irreversible.

La reforma plantea diputaciones de primera minoría, similar a la figura que ya existe para acceder al Senado (32 de los 128 legisladores). Esto significa que quienes logren el segundo lugar en una contienda, o, dicho de otra manera, los menos perdedores, podrían acceder a una curul de aprobarse la iniciativa. Una pregunta clave aquí es cuál será el tamaño de la Cámara de Diputados.

Cabe recordar la manera como lo explicó la presidenta: “El problema (sic) son las listas de plurinominales (…) Supongamos que una persona, Juan Pérez, es candidato de un partido político al distrito 1 de la Ciudad de México. Gana el de ese partido político, pero en segundo lugar, muy cerca, quedó Pedro López de otro partido político (…) Cuando terminan las elecciones, los que quedaron en mejor lugar, que tienen menos diferencia en el segundo lugar, esos entran como representación de la minoría. Y no listas”.

La pregunta de fondo tiene que ser qué reforma electoral debería proponerse para fortalecer la democracia mexicana. Es una paradoja interesante: no porque más cargos se pongan en disputa en una liza electoral hay garantía de mayores niveles de democracia, como tampoco la medición de altos niveles de popularidad del movimiento de la 4T significa, necesariamente, una democracia pujante.

Hay una serie de temas que podrían ser discutidos si se quisiera propiciar una reforma de mayor integralidad: búsqueda de una mayor equidad en las elecciones --que tendría que comenzar con una distribución distinta de los recursos que se les otorgan a las ofertas políticas--, posibilidad de disminuir el umbral del 3% que se exige para que los partidos mantengan el registro, cambio del actual modelo de comunicación basado en una spotiza…

Y desde luego queda la gran pregunta: ¿qué se va a hacer con la elección judicial de 2027? Para ser medianamente exitosa, no podría permanecer intocada. A debatir, pues.

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Nota del editor: Javier Rosiles Salas ( @Javier_Rosiles ) es politólogo. Doctor en Procesos Políticos. Profesor e investigador en la UCEMICH. Especialista en partidos políticos, elecciones y política gubernamental. Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.