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Desapariciones, verdad que enfurece

El régimen sacó a pasear su peor cara: la de un gobierno que ya no gobierna, sino que se encubre, se protege y se justifica, mientras miles de familias siguen buscando a sus hijos, padres o hermanos.
lun 14 abril 2025 06:03 AM
Clausura Simbólica Senado Colectivos Desaparición
La desaparición forzada no es una herencia del pasado: es un crimen del presente. Y lo que está en juego no es solo la memoria de quienes faltan, sino la dignidad del Estado mexicano, señala Jorge Triana.

En México, la verdad incomoda. Pero en la era de la mal llamada “Cuarta Transformación”, la verdad enfurece; y ante cualquier crítica o señalamiento sobre la violencia que azota al país, la reacción no es investigar ni rendir cuentas, sino atacar a quien denuncia.

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Esta semana, Gerardo Fernández Noroña arremetió contra el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. ¿El motivo? Las declaraciones de su presidente, Olivier de Frouville, quien —con toda razón— afirmó que la desaparición forzada en México es un problema sistemático. Desde la tribuna, el vocero más estridente y vulgar del régimen descalificó con arrogancia al organismo, exigió la remoción de su presidente y retó a que se le probara “un solo caso” ocurrido durante el obradorato.

Pero la evidencia está en los propios datos del gobierno que Fernández Noroña defiende a gritos. La Fiscalía General de la República ha iniciado 697 carpetas de investigación por desaparición forzada tan solo entre 2019 y 2023. No es un caso aislado: son cientos. Y detrás de cada uno hay nombres, familias y comunidades destrozadas.

El escándalo no está solo en los hechos, sino en la soberbia con que se niegan. La respuesta oficial nunca es la autocrítica, sino la descalificación. Es la misma estrategia de siempre: desacreditar, gritar, victimizarse… pero jamás asumir responsabilidad.

La ley es clara: la desaparición forzada ocurre cuando un servidor público —o alguien con su consentimiento— priva de la libertad a una persona y se niega a reconocerlo. Es un crimen de Estado. Y el hecho de que haya al menos 700 casos abiertos confirma que el obradorismo, en sus dos pisos, no solo ha fracasado en proteger a los ciudadanos, sino que también está directamente implicado en estos delitos.

Fernández Noroña acumula declaraciones miserables. Basta recordar cuando, tras el hallazgo del rancho Izaguirre en Jalisco, minimizó el horror diciendo que no podía “asegurar que fueran restos humanos”.

Mientras él vociferaba para lucirse ante su clientela política, Rosario Piedra Ibarra —titular de la CNDH— guardaba silencio. La misma funcionaria que no dijo una palabra ante el hallazgo de restos humanos de al menos 34 personas, muchas de ellas jóvenes desaparecidos, sí tuvo tiempo para descalificar a la ONU por “excederse en sus funciones”. No reaccionó con empatía hacia las víctimas, sino con obediencia al poder.

La omisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es tan dolorosa como reveladora. Desde que Piedra está al frente, la institución que debería encabezar la defensa de las víctimas opera como una oficina de propaganda del régimen. En lugar de emitir recomendaciones, publica comunicados para limpiar la imagen del gobierno.

Y Claudia Sheinbaum, como en tantos otros temas, opta por la tibieza calculada. Guarda silencio ante los datos, desestima los señalamientos internacionales e ignora el sufrimiento de las madres buscadoras que claman justicia cada día.

La desaparición forzada no es una herencia del pasado: es un crimen del presente. Y lo que está en juego no es solo la memoria de quienes faltan, sino la dignidad del Estado mexicano. Fernández Noroña grita. Piedra se somete. Sheinbaum lo niega. Y mientras tanto, las familias siguen cavando la tierra que el gobierno se niega siquiera a pisar.

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El régimen sacó a pasear su peor cara: la de un gobierno que ya no gobierna, sino que se encubre, se protege y se justifica, mientras miles de familias siguen buscando a sus hijos, padres o hermanos.

Las cifras no se gritan. Se investigan.

Las víctimas no se niegan. Se reparan.

Y la verdad, por más incómoda que sea, no desaparece.

Ya no pueden seguir ocultando lo evidente: el gobierno tiene responsabilidad directa en la tragedia de las desapariciones en México. Y por más que les incomode la ONU, el mundo los está mirando.

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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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