La revelación del video en el que los abogados Sergio Arturo Ramírez Muñoz y Juan Pablo Penilla Rodríguez presumen sin reparo que defienden abiertamente a líderes del crimen organizado y capos del narcotráfico no es, en sí misma, el escándalo. En un Estado de derecho, incluso los delincuentes más peligrosos tienen derecho a una defensa legal, y cualquier ciudadano mexicano puede ejercer su profesión dentro del marco de la ley.
Legalmente turbia
Los nexos entre abogados de capos y altos funcionarios de Morena sugieren que la línea entre política y narcotráfico ha desaparecido.
@JTrianaT
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Lo verdaderamente preocupante es que los socios del despacho ERP Abogados, asesores legales de criminales como Ismael "El Mayo" Zambada y el recientemente entregado al gobierno de Estados Unidos, Miguel Treviño Morales, alias "Z-40", parecen haber tejido una red de relaciones dentro de Morena y el gobierno, al punto de influir en decisiones estratégicas relacionadas con la seguridad y la justicia.
Esta semana salieron a la luz cerca de 80 fotografías en las que los autodenominados "abogados defensores de criminales y narcos" aparecen sonrientes junto a figuras clave de la mal llamada "Cuarta Transformación". En las imágenes se les ve, entre otros, con Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, Clara Brugada, Félix Salgado Macedonio, Ricardo Monreal, Olga Sánchez Cordero, Sergio Gutiérrez Luna, Delfina Gómez, Mario Delgado, Layda Sansores, Citlalli Hernández, Martí Batres, Pedro Haces, Alejandro Gertz Manero, Arturo Zaldívar y Omar García Harfuch.
La cercanía de estos personajes no es casualidad ni un incidente aislado. Por ejemplo, Arturo Zaldívar, quien desde las sombras mueve influencias para colocar a sus leales como jueces, magistrados y ministros, aparece junto a un abogado que se dice especializado en la defensa de narcotraficantes y criminales.
Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, impulsa la repatriación del capo más buscado del mundo, "El Mayo" Zambada, mientras convive con un abogado que presume defender narcotraficantes.
Omar García Harfuch, quien debe combatir el crimen organizado y el narcotráfico, posa en fotografías con quien se jacta de representarlos legalmente.
Si esto no es evidencia de la infiltración de personajes cercanos al crimen organizado en el poder, ¿qué lo es?
La cercanía de estos abogados con el régimen rebasa la línea del cinismo. Sergio Ramírez es militante activo de Morena desde 2018 e incluso fue candidato a diputado suplente en 2021; además, ha asesorado legalmente a legisladores de Morena. Su socio, Juan Pablo Penilla, fue homenajeado en el Senado de la República en presencia de senadores y senadoras de Morena y designado asesor honorífico del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.
Ramírez y Penilla también asesoraron al gobierno federal en el sexenio anterior a través de la Secretaría de Gobernación con la fallida propuesta de "justicia transicional" impulsada por López Obrador, un esquema que buscaba negociar con los cárteles bajo la bandera de la pacificación. En otras palabras, estos abogados, confesos defensores de narcotraficantes, propusieron legalizar pactos con los grupos criminales.
Lo más grave es que el gobierno les dio acceso a reuniones en Bucareli con la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario y ex titular de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo, señalado por corrupción y vínculos con el crimen organizado, en particular con el fallecido Sergio Carmona, el "Rey del Huachicol".
No es solo una cuestión de ética o de conflictos de interés. Es una cuestión de seguridad nacional.
El discurso de Morena siempre ha sido que representa la lucha contra la corrupción y el viejo régimen. Sin embargo, la cercanía de personajes de las altas esferas de este partido con abogados de narcotraficantes demuestra que la corrupción no solo sigue existiendo, sino que se ha sofisticado. Ya no se trata solo de políticos recibiendo maletas de dinero en lo oscuro, sino de operadores legales con acceso directo a los sótanos del poder.
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Los nexos entre abogados de capos y altos funcionarios de Morena sugieren que la línea entre política y narcotráfico ha desaparecido. El problema ya no es si el narco ha permeado la política, eso está claro desde hace décadas. La pregunta es cuánto poder tiene actualmente.
La gran interrogante es: ¿hasta dónde llega la influencia del crimen organizado en el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Fue López Obrador quien consolidó esta estructura y luego la heredó?
En un país donde los autodenominados "abogados del narco" no solo defienden a criminales, sino que asesoran a gobiernos y legisladores, la respuesta se vuelve cada vez más evidente.
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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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