Ayer domingo arrancaron las campañas para las elecciones judiciales en todo el país, 3,422 candidatos y candidatas a cargos judiciales federales estarán dándose a conocer y pidiendo el voto de la ciudadanía durante los próximos 60 días.
#ApuntesElectorales | Campañas austeras y limitadas

En este maratón que ha sido la elección judicial, desde el 15 de septiembre que se publicó la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación, se han llevado a cabo por parte del INE, el Tribunal Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Congreso de la Unión una serie de actos, improvisados la mayoría de ellos, para poder organizar estas elecciones. En su mayoría se ha ido diseñando y confeccionando sobre la marcha el proceso electoral.
Previo al inicio de las campañas, el INE fue emitiendo poco a poco las reglas que aplicarían a las miles de candidaturas que están participando. Con los tiempos encima e impulsados por diversas consultas realizadas a la propia autoridad electoral, las y los consejeros electoral han establecido un sinfín de reglas, la gran mayoría de ellas excesivamente restrictivas e incluso absurdas para una campaña de este tipo.
Primero que nada, desde el diseño constitucional y legal se definió que las candidaturas no pueden recibir ningún tipo de recursos públicos o privados, es decir, las campañas las tienen que financiar con sus propios recursos, pueden gastar en función del cargo que buscan un máximo que va entre los 220,000 pesos hasta 1.4 millones. Las candidaturas no pueden acceder a tiempos de radio y televisión y los partidos políticos no pueden participar en este proceso bajo ninguna forma, prohibición que de manera enfática reafirmó recientemente el INE, especialmente por los intentos del Ejecutivo Federal y Morena de incidir públicamente en la misma.
Adicional a ello, las candidaturas no pueden hacer eventos de promoción masivos, ni instalar templetes, carpas, sonido o sillas, solo pueden hacer eventos al aire libre con megáfonos o bocinas no profesionales, no pueden tener casas de campaña, su equipo no puede estar formado por voluntarios, quienes participen deben recibir pago, no pueden contratar publicidad en redes sociales, sus actividades de campaña solo pueden ser entrevistas de carácter noticioso, foros informativos, mesas de dialogo o encuentros, e incluso podcast, pero todo debe ser organizado de manera gratuita por el sector privado o público, pero en condiciones de equidad, es decir, invitando a todas las candidaturas contendientes.
Los lineamientos emitidos por el INE respecto a las reglas para las campañas de las candidaturas a cargos judiciales están plagados de disposiciones que hacen que las campañas vayan a ser de muy poco alcance, pues la autoridad electoral pretende que personas que nunca antes han sido candidatas tengan visibilidad orgánica a través de redes sociales y difundan sus ideas en foros y encuentros organizados de manera gratuita y equitativa. Algo que suena ideal, pero en la práctica es mucho más complejo de lo que parece.
Las campañas bajo estos lineamientos propiciarán malas prácticas para buscar el voto, pues ante las enormes dificultades para darse a conocer y en la desesperación por competir y ganar, se generan condiciones para simular el cumplimiento de las reglas y buscar rutas alternas a fin de promoverse y llegar a la ciudadanía. Sumado a lo anterior, se abrirán las puertas para el negocio clientelar del acarreo el día de la jornada electoral a fin de asegurar mediante malas prácticas el voto.
Nuevamente, la falta de tiempo y planeación para emitir reglas que garanticen certeza y equidad, pero que a su vez permitan a las candidaturas darse a conocer de manera amplia bajo la realidad del contexto que presenta esta novedosa elección, tiene como víctima a miles de candidatos y candidatas que están de buena fe y con recursos propios participando en una elección que parece ponerles más obstáculos que apoyos.
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