Por increíble que parezca en pleno siglo XXI en que estamos en la antesala de un salto cuántico en cuanto al uso de tecnología artificial y cambios importantísimos en lo que debe suceder con las economías locales, regionales y globales, hay países que están empecinados en engañar a la población y no meterse en la ola de evolución hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas. En su lugar, países retrógrados como es el caso de México en estos momentos y por los últimos siete años, han determinado que lo que es rentable política y electoralmente es engañar al electorado con una retórica de defensa a ultranza de la nación y de una falsa austeridad, aunque ello conlleve a hacer que el país pierda su turno ante esta oportunidad irrepetible.
La opacidad como regla
Pero el problema no para ahí. Es mucho más grave. Lo que los dos gobiernos federales de Morena han hecho en los últimos siete años es que han privilegiado el que todas las decisiones que se tomen sean sobre la base de que nadie sepa o se pueda enterar de lo que realmente implican las alternativas de fondo. Morena se auto atribuye como el intérprete de la voluntad popular. Ellos se dicen como los que saben lo que mejor conviene al país, y para ello no es necesario seguir procedimientos, concursos, licitaciones, ni nada que se le parezca. Incluso han llegado a resolver que el uso presupuestal es tan discrecional que no requiere un escrutinio de forma alguna y que se permiten provocar que las adjudicaciones directas de contratos públicos sean de hasta el 85% del presupuesto federal.
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Y siguen las complicaciones. No contentos con haber hecho un dispendio total de lo que se encontraron en las arcas nacionales, optaron por impulsar que las fuerzas armadas se hicieran cargo de la ejecución de las grandes obras oficiales. Al hacerlo así provocaron varias cosas. Los militares se sintieron empoderados al manejar enormes recursos públicos, se propició la pauperización de las finanzas públicas, se permitió que los proyectos se catalogaran como de seguridad nacional para no ser auditables, se ejecutaron las obras sin estudios o criterios de viabilidad operativa o económica, y al final del día se dieron los efectos de un derroche total de recursos sin sentido alguno.
Pero no contentos con estos grandes escollos, decidieron ir aún más a fondo y pasar a institucionalizar la imposibilidad de allegarse información de lo que hacen con los recursos públicos. Bajo el estúpido argumento de un gasto alto de operación, decidieron eliminar el funcionamiento del organismo constitucional autónomo encargado de la transparencia, el Instituto Nacional de Acceso a la Información – INAI. Lo que costó décadas instalar para beneficio de la ciudadanía, los legisladores de Morena (en uso de la absurda e ilegítima mayoría calificada) se encargaron de descarrilar y eliminar, corriendo la misma suerte otros organismos como la Cofece y el IFT. El resultado fue que ahora el gobierno federal decidirá hacia sus adentros si quiere compartir información, puesto que ya no hay derecho para que un organismo independiente lo haga disponible a cualquier ciudadano que lo solicite. Ahora ya no se pueden obtener ni datos ni documentos que el gobierno no quiera facilitar. Se cerraron las puertas ante nuestros ojos.
La inercia ha seguido impactando prácticamente todas las tareas del Estado Mexicano. En el Poder Ejecutivo ya dijimos que ahora la revelación de datos y documentos es absolutamente discrecional. En el caso del poder legislativo la falta de transparencia ha llegado a niveles inusitados. En lugar de explicar los alcances de iniciativas, proyectos de ley, y alcances de reformas, ahora se han dedicado a simplemente impulsar tantos cambios en la Constitución y leyes como se les ocurran, sin mediar discusiones, análisis conjuntos, o reflexiones plurales. Nada de eso. Determinaciones unilaterales, ninguna discusión, y empuje de votaciones con una aplanadora total en el Congreso respectivo. Oscurantismo legislativo lesivo.
En una fase adicional de su despliegue por la cerrazón, se apresuraron a generar la discrecionalidad en el funcionamiento del Poder Judicial. Como de lo que se trataba era de reemplazar a quienes sí se atrevieron a detener a los que abusaron e impactaron la Constitución misma, se propusieron y lograron reemplazarlos con un mecanismo golpista como fue el decir que se elegirían públicamente entre los que ellos mismos seleccionaron. Esto detonó un error descomunal en cuanto a balances y contrapesos, pero se entiende justamente como parte del proceso para no permitir que alguien meta freno a quienes se pasen de la raya. Nada de eso. Abusos permitidos desde todos lados sin instituciones capaces de evitarlos. No más balances y/o contrapesos republicanos.
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Esta situación de una absoluta propensión a la falta de rendición de cuentas está a punto de pasar el punto de no retorno. Y me refiero al hecho de que se pretenda por parte de Morena realizar una reforma electoral en la que lo que se pretende es llevar a cabo los cambios para inhibir competencias comiciales transparentes, competitivas y equitativas. Nada de eso. Ahora lo que se piensa hacer es que se eliminen los espacios para que haya representatividad de los distintos partidos políticos y puntos de vista (puestos plurinominales), se reduzca el financiamiento a partidos políticos para debilitar su capacidad contestataria, y se fortalezca la postura de un partido hegemónico para que no haya ya posibles nuevas alternancias pacíficas. Es la versión más acendrada del deseo guinda de permear en la oscuridad e instaurar la nula posibilidad de la capacidad popular de premiar o castigar a quienes gobiernan, independientemente del partido político al que pertenezcan.
Al gobierno actualmente le es particularmente preocupante que se develen todos los datos sobre sus niveles de complicidad con la delincuencia organizada. Sus grandes fechorías, que han sido utilizadas para financiar campañas electorales, hoy son materia de escrutinio público nacional e internacional. Estamos en la antesala de grandes escándalos cuando testigos protegidos en Estados Unidos digan todo lo que hicieron con servidores públicos, algo que no van a poder evadir tan fácilmente cuando muchos activistas de Morena celebraron la condena de Genaro García Luna con ese mismo método y nivel de pruebas. Ni más, ni menos.
Y es entonces por todo lo anterior que debemos de resaltar lo que está pasando. Estamos entrando en una zona de absoluta turbulencia. Lo bueno es que los planes de Morena de tener a la opacidad como regla es lo más obvio posible, y no tiene sino un ánimo de destrucción y de acumulación de poder sin límites. Es ante este riesgo que la población no puede tolerar este nivel de atropellos. Y la última llamada para detener el abuso está en las elecciones intermedias de 2027 en que la oposición renovada va a hacer la tarea que permita evitar que se consolide este impulso autoritario y de opacidad absoluta. No nos dejemos engañar y hagamos todos el esfuerzo requerido para ser participes del gran bloque de rescate nacional. Es esa elección intermedia la última aduana antes de caer al gran hoyo negro en que Morena quiere empujar a todo el país. No se los podemos permitir.
P.D.1. Sigue así la cuenta regresiva de los procedimientos en Estados Unidos en los cuales unos y otros presuntos delincuentes están buscando protecciones como testigos protegidos. Los incentivos para que dichas personas busquen salvar su pellejo a cambio de incriminar a personas en México son altísimos. Morena no podrá descalificar dichos procedimientos si se afectan a personas en sus filas por la simple y sencilla razón de que se seguirá el mismo criterio que el que tanto han aplaudido en el caso de Genaro García Luna. A apechugar ante lo que viene.
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P.D.2. La supuesta virtud de la presidenta Sheinbaum para lidiar en base a serenidad y paciencia con el Presidente Trump se sigue cayendo más rápido que un castillo de naipes. El caso es que la amenaza de aranceles es hoy más vigente que nunca. Tristemente en lugar de allegarse de los mejores negociadores disponibles en nuestro país, se desprecia dicho talento por el simple hecho de que trabajaron en administraciones de otros partidos. Vaya miopía.
P.D.3. Las condiciones de deterioro en calles y carreteras en todo el país ya no es una cuestión anecdótica. Es un grave problema de inseguridad y de transportación y logística. Los vehículos se siguen dañando por el infame problema de baches y cráteres en todas partes. No es aceptable que se sigan abandonando estas tareas esenciales para cualquier gobierno por el simple hecho de que gastaron y siguen gastando en proyectos faraónicos ineficientes y deficitarios.
P.D.4. Los niveles de subsidio que se siguen dando en las obras sin sentido del último sexenio ya son escandalosos. El gobierno federal actual no da su brazo a torcer y en lugar de rechazar o limitar la demagogia subyacente y la hemorragia presupuestal absurda, ha optado por inyectar recursos masivos para evitar el colapso de los proyectos que no tienen viabilidad propia. Pero no solamente han mantenido las operaciones básicas sino que sumaron más erogaciones y así impiden el uso de fondos para las tareas realmente importantes como son los casos de salud, educación, justicia, transporte, etc.
P.D.5. Las carencias en el sector salud no paran. Nada de Dinamarca. Las medicinas escasean, los quirófanos no pueden funcionar, el personal de salud no tiene insumos, los hospitales no dan citas a enfermos, y las familias están gastando dinero que no tienen para subsidiar al sistema de salud pública que ha colapsado. Los programas sociales son un paliativo que no alcanza a detener el impacto de la tragedia sanitaria en curso.
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Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
