Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, sostiene que el riesgo de que el crimen organizado "capture" esos espacios está latente debido a la debilidad institucional y la vulnerabilidad ante al crimen organizado.
“Nuestra democracia está totalmente vulnerada frente al crimen organizado. Es un riesgo que todavía está latente y es un riesgo que creo que después de las elecciones veremos en qué grado se materializó, pero estoy cierto de que va a ocurrir en algún nivel”, señala.
El 1 de junio habrá elecciones para renovar a la mitad de los juzgadores que integran el Poder Judicial Federal; en 19 entidades, además, se irá a las urnas para elegir a un total de 1,788 jueces y magistrados locales.
Los estados que tendrán elección judicial local son: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Nayarit y Zacatecas.
Vargas alerta que en estas entidades es más probable una posible injerencia del crimen organizado, reflejada en
agresiones hacia los candidatos, amenazas, presiones, ataques directos e incluso acciones para tratar de imponer a juzgadores.
En entrevista con Expansión Política, el especialista explica que el interés de estos grupos estriba en la posibilidad de que el crimen organizado busque impunidad a nivel territorial para mantener sus operaciones y realizar actividades ilícitas como el llamado cobro de piso.
“En México el sistema institucional permite la operación a través de reglas no escritas, porque no tenemos instituciones suficientes y capaces para hacer frente a temas de fiscalización y por eso nuestra democracia está totalmente vulnerada frente al crimen organizado”, recalca.
"Así, ahora que se someterá a la democracia al Poder Judicial, eso abrió varios flancos: la posibilidad de que grupos políticos quieran imponer juzgadores, pero también que el crimen organizado lo intente".
Para Vargas, es previsible que el 1 de junio ganen los candidatos que tengan mayor financiación, capacidad de movilización votos y hasta el impulso de cacicazgos locales o grupos delictivos.
Mapa de riesgo
México Evalúa mapeó el nivel de riesgo "político-electoral" en los procesos locales. La semaforización, explica Vargas, “no significa que va a suceder, pero ya es un dato importante como para encender las alarmas”.
La organización considera que ocho entidades, de las 19 que tendrán elección de juzgadores a nivel local, tienen nivel de riesgo "muy alto" o "alto". Otros 11 estados están en nivel "medio" y "bajo".
Para elaborar el mapa, México Evalúa consideró factores como:
-Disputas en tres o más zonas del estado.
-Explotación de tres o más mercados ilícitos.
-Número de víctimas de violencia político criminal por arriba del promedio nacional en 2024.
-Porcentaje de cargos en disputa en elecciones judiciales de 2025 arriba del 50%.
Baja California tiene riesgo muy alto; Chihuahua, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, tienen riesgo alto; Sonora, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Edomex, CDMX y Tlaxcala, tienen riesgo medio; Coahuila, Durango, Aguascalientes y Yucatán tienen riesgo bajo.
"Cabe destacar que cada uno de los factores de riesgo se plantea como condición necesaria, pero no suficiente para la ocurrencia de violencia político-criminal en las elecciones del poder judicial. Así, proponemos que los efectos pueden potenciarse cuando las condiciones se acumulan, incrementado el nivel de riesgo", agrega el informe.
El nivel de riesgo correspondiente a cada estado, explica México Evalúa, es una aproximación basada en evidencia para orientar la toma de decisiones y desplegar medidas focalizadas a nivel regional.
Según la revisión, Baja California tiene el mayor nivel de riesgo debido a fenómenos como la disputa por el control de las aduanas, el tráfico de migrantes y enfrentamientos entre organizaciones como Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de Tijuana.
Propuestas de México Evalúa:
- A nivel espacial. Las regiones con mayor riesgo son las que deben recibir protección de manera prioritaria. La medición de la incidencia delictiva no siempre captura la dinámica del crimen organizado, por lo que no sirve para anticipar el riesgo de violencia política. Deben contemplarse zonas con disputas violentas por la explotación de mercados ilícitos.
- A nivel individual. Las candidaturas que puedan interferir con mayor frecuencia en los intereses del crimen organizado son las que deben recibir protección de manera prioritaria. Es decir, las que pueden entorpecer la explotación ilegal y violenta de las economías locales. Los jueces penales de primera instancia estatal son particularmente vulnerables.
- A nivel institucional. La protección debe estar a cargo de corporaciones policiales con el menor grado de captura por parte del crimen organizado, como la Guardia Nacional. Las corporaciones locales pueden participar previo diagnóstico de riesgos. La protección debe ser proporcionada de forma expedita a iniciativa de las autoridades electorales y de seguridad y justicia, o bien, a petición de las potenciales víctimas.
Para mitigar los riesgos, México Evalúa además propone un enfoque de seguridad "hiperfocalizado" que priorice la protección en regiones de riesgo alto, así como para candidaturas vulnerables, mediante corporaciones con menor grado de infiltración criminal.
