La Guardia Nacional, el caso del asesinato de 43 estudiantes de Ayotzinapa, la estrategia de abrazos y no balazos para combatir la inseguridad y la violencia que aqueja al país, la guerra contra el huachicol… son todos ellos temas que Andrés Manuel López Obrador abordó durante el primer tramo de su administración que hoy mismo no se tiene la certeza sobre si son herencias benditas o malditas.
No se trata sólo de valorar los 100 primeros días del gobierno de la presidenta Sheinbaum, sino de contrastarlos con la primera centena de AMLO y establecer si hay rasgos de continuidad entendida como avance gradual hacia una notoria mejoría o si la hay como simple traza de sostenimiento en el tiempo y de las problemáticas irresolutas.
Hay por lo menos tres conjuntos de acciones que entre un inicio y otro generan una paradoja: significan, ciertamente, la profundización de la decisión que se tomó con López Obrador y que ahora se prolonga, pero que en los hechos no dan visos claros de que dicha persistencia evite el desmedro social, institucional y democrático.
1. Nuevas estructuras de la administración pública
Con AMLO fueron los “superdelegados”, la concentración de los recursos públicos en cada estado y un mayor control desde la Presidencia. La idea del gobierno esbelto, la eliminación de la corrupción y de la “burocracia dorada”.
Los resultados no son contundentes, no hay, necesariamente, una administración pública más fortalecida y eficaz tras seis años. Pareciera que la discusión sigue siendo la misma: qué hacer para mejorarla. No son acciones sucesivas que marquen una ruta hacia un avance gradual. Hoy hay tres nuevas secretarías, un cambio de nombre en una más y la fagocitación de organismos autónomos por algunas. Más esperable que esperanzador.
2. Cambio radical en el Poder Judicial
López Obrador propuso durante su primera centena de días en el poder a tres ministros/as de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos-Farjat y Yasmín Esquivel. Ahora, el primero de junio, quizá a manera de revancha, se llevará a cabo la primera elección judicial en la historia del país, lo que convierte a México, según palabras de la presidenta, en uno de los países más democráticos del mundo.
Los efectos de dichos comicios son variados. Uno muy significativo tiene que ver con la relación entre el Ejecutivo y un órgano constitucional autónomo. ¿Cómo puede leerse el hecho de que consejeros/as electorales del INE tengan que ir a solicitar recursos para desarrollar una de sus encomiendas? ¿No rompe eso el principio de autonomía?
La idea de la autonomización institucional es alejar de la órbita de la Presidencia la toma de determinadas decisiones, garantizando, en principio, el tema presupuestal. La tranquilidad, en este caso, tuvo que provenir de quien encabeza el Ejecutivo, quien garantizó la disposición de 800 millones de pesos para la elección de personas ministras, juezas y magistradas. Inesperado, pero ¿esperanzador?
