En esta primera columna del año enuncio los 10 riesgos y las 10 oportunidades en materia de seguridad pública y nacional para 2025. Los riesgos son aquellos que pueden derivar todavía en mayor violencia e incrementar los costos políticos, económicos y sociales en ciertas regiones del país.
Las oportunidades, en cambio, pueden reducir lo anterior.
1. El crimen organizado aprovecha las elecciones de este año para comenzar la captura directa al poder judicial y así consolidar sus redes de impunidad a nivel territorial.
2. La guerra intestina del Cártel de Sinaloa, entre los “Mayos” y “Los Chapitos”, provoca un reacomodo vertiginoso de las coaliciones criminales en el norte del país.
3. La guerra intestina del Cártel de Sinaloa acapara la atención del Estado mexicano, desprotegiendo a otras regiones de atención prioritaria, principalmente en el centro y sureste del país.
4. La detención de funcionarios públicos coludidos con el crimen organizado desata nuevas pugnas entre grupos criminales y agresiones contra los nuevos funcionarios, deteriorando más a los municipios.
5. Los grupos criminales responden con mayor fiereza, pues Sheinbaum y García Harfuch han abandonado la política de “abrazos, no balazos” del sexenio anterior.
6. Los recortes presupuestales en materia de Seguridad Nacional y Policía reducen la eficacia de la política de seguridad pública.
7. Pugnas internas de Morena, incluyendo desencuentros entre el poder civil y militar y entre el ex presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, dificultan la operación de la política de seguridad basada en la inteligencia.
8. Las deportaciones masivas de migrantes intensifican la disputa del mercado de tráfico de personas, propiciando, incluso, la formación de nuevos grupos criminales.
9. Los golpes contra la producción y tráfico de fentanilo favorecen nuevos mercados criminales, incluyendo la producción y tráfico de nuevas drogas sintéticas.
10. Inicia la guerra de Donald Trump contra los cárteles en México (detenciones de “peces gordos” y ataques a distancia con tecnología de punta, sin participación del gobierno mexicano) provocando la fragmentación de los grupos criminales en territorio nacional.
1. Los nuevos gobiernos locales impulsan políticas públicas endógenas para fortalecer a sus instituciones de seguridad y justicia, frente a la militarización y la falta de recursos federales suficientes.
2. La presidenta Sheinbaum impone en el Plan Nacional de Desarrollo una visión de la seguridad pública realmente basada en la evidencia y la participación ciudadana, para desmarcarse, institucionalmente, de los legados oscuros de López Obrador.
3. La presidenta Sheinbaum adopta una política de reconocimiento de problemas —entre ellos, la colusión entre funcionarios y crimen organizado— que López Obrador negó (manipulación de los datos, desaparición de personas, etc.), para construir su propio legado.
4. Omar García Harfuch maximiza la eficacia de la inteligencia para dar “tiros de precisión” en el combate al crimen organizado, frente a la falta de personal operativo y los recortes presupuestales.
5. La “operación enjambre” detona la implementación de políticas pertinentes para blindar a los gobiernos municipales de la intervención del crimen organizado a largo plazo.
6. La oposición finalmente formula propuestas viables en materia de seguridad pública y teje alianzas para posicionarlas entre el oficialismo, ante la continuidad de la política de militarización, los recortes en la materia y su irrelevancia política actual.
7. La presidenta Sheinbaum escucha a tiempo las advertencias y propuestas específicas de la sociedad civil organizada para frenar la violencia político criminal en el proceso electoral de 2025
8. La cada vez mayor diversificación y tecnificación del crimen organizado motiva la renovación de los instrumentos del gobierno para monitorear las violencias.
9. La formación y trayectoria del nuevo embajador estadounidense, Ronald Johnson, permite el combate multilateral contra el crimen organizado, basado en la inteligencia y el respeto a la soberanía.
10. El Estado mexicano demuestra capacidad para frenar la producción y tráfico de fentanilo, frenando a corto plazo la política antiterrorista en México de Donald Trump.
Aunque se trata de un ejercicio prospectivo, más no predictivo, los problemas estructurales del país, las coyunturas recientes y la reacción de gobiernos y actores de la sociedad civil organizada ante las mismas, me hacen pensar que existen altas probabilidades de que por desgracia se materialicen principalmente los riesgos.
Sin embargo, me parece relevante enunciar tanto riesgos como oportunidades por su impacto en el debilitamiento o fortalecimiento del Estado de Derecho. ¿Cuáles sobran o faltan?
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Nota del editor: Armando Vargas ( @BaVargash ) es doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa ( @mexevalua ). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
