Seguimos polarizados. Más que nunca, quizá. Las elecciones fueron apenas un preámbulo, un primer escalón para esta temporada que México sufre.
Ahora se trata de la reforma al poder judicial, un asunto que el presidente López Obrador sabe perfectamente que no es solamente controversial, sino conflictivo en todas las esferas locales e internacionales.
Quizá por eso esperó hasta sus últimos días como presidente, para lanzar esta potente iniciativa, que tiene paralizado a los trabajadores del Poder Judicial en la mayoría del país; pero también en vilo a la economía mexicana, que tambalea ante cambios tan drásticos.
Antes que nada debemos comprender que la Constitución mexicana ha costado mucha sangre durante los 200 años que tiene de vida, la cual ha sido transformada en seis ocasiones. La de 1917, la que nos rige actualmente.
Nuestra actual Carta Magna es el resultado de una fuerte batalla revolucionaria. Ha sido modificada en más de 700 ocasiones, buscando adecuar el marco legal a los cambios sociales, políticos y económicos que hemos experimentado, en un país que apenas está conociendo los primeros pasos democráticos.
Las reformas no pueden ser un simple “albazo”, consisten en un proceso legislativo que debería ser metódico, democrático y científico. En México, aunque el presidente puede crear iniciativas para crear o modificar leyes, el poder para hacer reformas constitucionales recae principalmente en el Congreso de la Unión, compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado. Para que una reforma sea aprobada, se necesita el voto favorable de dos tercios de los miembros de ambas Cámaras.
Además, la reforma debe ser ratificada por al menos 17 de las 32 legislaturas estatales, lo que debe garantizar una representación equilibrada entre el gobierno federal y los estados. En teoría, este proceso debería tener autonomía e ir más allá de emociones electorales o banderas políticas. Lo que nunca ha sucedido.
La importancia de no modificar constantemente la Ley Suprema es esencial porque ella representa los principios fundamentales que guían el funcionamiento de un país.
La estabilidad constitucional ofrece confianza a los ciudadanos y al sector económico, al asegurar que las reglas básicas no cambian arbitrariamente por un nuevo régimen.
Hacer muchas reformas puede generar inestabilidad y desconfianza en todos los ámbitos, debilitando así el sistema jurídico y afectando el respeto por las leyes. Además, las reformas excesivas pueden diluir los valores originales de la Constitución y abrir la puerta a intereses particulares o coyunturales, afectando el bien común y el futuro de nuevas generaciones.
Aunque es necesario ajustarla ocasionalmente para adaptarse a nuevos contextos, los cambios deben ser cuidadosamente considerados para no socavar la estructura institucional ni erosionar los derechos fundamentales.
Si ahondamos en la reforma que propone el presidente, encontramos aspectos positivos y otros que son inciertos e incluso negativos.
En pro, podríamos resumir los más significativos, en que:
1. Busca exterminar la corrupción en el Poder Judicial mediante un Tribunal de Disciplina Judicial independiente.
2. Establece plazos garantizables para resolver casos, agilizando la justicia en México.
3. Que la gente pueda conocer los perfiles de jueces y ministros, que buscan un puesto tan importante, acercando el Poder Judicial a la ciudadanía.
Pero las alarmas se prenden, cuando se comprende que:
1. La elección popular de todos los jueces conlleva un riesgo y podría atacar la independencia judicial.
2. Los recortes masivos y la austeridad que propone, provocarían falta de personal e infraestructura; esto puede dificultar cumplir con los nuevos plazos, una completa contradicción.
3. El Tribunal de Disciplina Judicial puede ser politizado y afectar la imparcialidad, así como ser utilizado por grupos criminales para castigar a jueces íntegros que los afecten.
Más allá de la inminente reforma (pues Morena asegura que ya tiene a más de un senador de oposición en la bolsa y la mayoría de las legislaturas en los Estados son morenistas) debemos profundizar en la debilidad que tiene el Legislativo cuando no hay contrapesos suficientes. Algo que la gente no suele meditar mientras vota.
En nuestro país no existen candados suficientes para darle la autonomía que debe tener un poder tan importante como es el Legislativo que se rinde y cae en sus rodillas, frente al poder ejecutivo, cuando este tiene una mayoría tan aplastante.
Sin embargo, es importante que en las comisiones del Senado se profundice en el estudio de la iniciativa para que no sea votada en “borregada”, como lo hicieron los diputados, que ni siquiera se tomaron el tiempo de revisarla en comisiones con sus colegas antagónicos.
Por eso los senadores, sin importar el partido, deben tomar en cuenta su posición ante la sociedad, pues si nos remontamos a la historia, el mismo término “senador” procede del latín “senatus”, que significa “anciano”. En la antigua Roma, el Senado estaba compuesto por los ciudadanos más experimentados y mayores, quienes se consideraban sabios y capaces de gobernar. El Senado romano fue una de las principales instituciones políticas y sus miembros, los senadores, ejercían un rol fundamental en la toma de decisiones y en la administración del Estado.
¿Estarán Adán Augusto López -coordinador de Morena- o Gerardo Fernández Noroña -presidente del Senado- a la altura de sus puestos para ordenar a sus compañeros de partido, el analizar científicamente y asertivamente cada uno de los puntos, haciendo cambios en la iniciativa, a fin de representar a la sociedad en su totalidad? ¿Las comisiones que deberán consultarla podrán consensuar y en todo caso mejorar la iniciativa?
En los senadores debería recaer la mayor conciencia social, pues su labor y análisis trasciende en una decisión que se convierte en crucial.
El debate de este tema es fundamental para la vida pública de nuestro país, en todas sus esferas. Pero también nos hace pensar individualmente sobre qué tanto nos interesa conocer sobre el sistema de leyes que nos rigen, pues solo es el principio de una inmensa renovación de leyes, según lo que el nuevo régimen prometió en campaña. Y así le concedió el voto la gran mayoría de los mexicanos.
Tenemos mucho que reflexionar.
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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
