El impostor todo ridiculiza, nada pasa, todo está bien. Miren, se los digo yo que no sé mentir ni traicionar, pero que, pese a mi compromiso de no interferir en las decisiones de los jueces, los amenazo y miento sobre su desempeño; se los digo yo que los quiero tanto, pero los abandono ante la delincuencia y en un servicio público de salud indigno.
Se los digo yo que les entrego dinero y lucho por los pobres, pero no les beneficio con educación de calidad para verdaderamente sanar su condición de vida y no condenar a sus generaciones futuras a la misma vida de carencias; se los digo yo que expulsé la corrupción y aborrezco a los “aspiracionistas”, pero estoy rodeado de corruptos y vulgares empeñosos que sólo buscan el beneficio personal e instaurar la mediocridad como cultura para que el pueblo permanezca en la pobreza material y mental que les haga creer que la medianía es lo de hoy, para no exigir nada, no desarrollar su talento ni su creatividad, vivir en la miseria en todo sentido, pero “feliz”.
Se los digo yo que soy un defensor de la democracia, soy del pueblo y para pueblo, pero en realidad soy del pueblo que cree mis mentiras, no del pueblo que me cuestiona, ese es mi enemigo.
Cómo se logra todo eso que pareciera improbable. El método es sencillo, enlisto solo cosas negativas para mi víctima que es la sociedad, la suma de negativos da como resultado una percepción negativa, aunque falsa y, como la sociedad, incluidos aquellos con ciertos conocimientos, tiende a ser pesimista, pues le cuesta reflexionar en su día a día sobre las noticias negativas y se queda con ese impacto.
El Poder Judicial de la Federación es presa hoy de ese método; se le califica de corrupto y privilegiado, alejado del pueblo, pero qué prueba han dado de esa generalización: ¡ninguna! Es verdad que el Poder Judicial, igual que las demás instituciones del país y como cualquier otro organismo, no es perfecto; sin embargo, para entender si se trata de un poder con resultados positivos o negativos es imprescindible comprobarlo y qué mejor mediante una encuesta a los usuarios del servicio, es decir, a los propios justiciables y personas abogadas.
Resulta que el último Estudio Nacional sobre la Percepción de la Calidad de los Servicios que proporcionan los órganos jurisdiccionales a las personas usuarias y/o justiciables (2023), elaborado por el Consejo de la Judicatura Federal, demostró que 91.6% de los encuestados calificó la función de las y los juzgadores de muy bien y bien, solo 0.9% de muy mal; es decir, la realidad es que la justicia federal tiene una muy buena aprobación, la gran mayoría ve al Poder Judicial de la Federación como una institución confiable en la defensa de sus derechos.
¿Cómo explicamos entonces la percepción de que la justicia federal está corrompida? Como lo anticipé, se debe a que la sociedad, lejos de estar mejor informada, ha desarrollado en ella una percepción tergiversada de la realidad. La pregunta es: ¿por qué y con qué fin se le colocó en ese escenario?
Como el propio Presidente de la República y sus aliados lo han dicho públicamente [hacer público algo es la mejor manera de disfrazarlo de bueno aunque sea escandalosamente perverso (miren, nada escondo, solo lo que se esconde es malo)], sucede que la actual Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, no les “ayudó” en los casos de “interés de Estado”, porque ni “pensando en el interés general, pensando en la justicia”, pudo hablar con los jueces para decirles “cuidado con esto”.
La realidad, entonces, es que la independencia judicial y su imparcialidad es un estorbo para la clase política dominante, les incomoda el Derecho, así que mejor politicémoslo, ¿cómo?, creamos una percepción errónea del riesgo de los jueces para la sociedad, digamos que son corruptos y privilegiados, pongamos a la sociedad en una indefensión aprendida para provocarles desprecio y hostilidad hacia los juzgadores; digamos que todo lo malo de la justicia es por culpa de los jueces (como si ellos provocaran la inseguridad que vive el país, no las estrategias de seguridad impuestas por el régimen político).
El remedio: quitemos a todos los jueces y pongamos otros mediante la fórmula más fascinante para el pueblo “bueno y sabio” (traducción, al pueblo manipulable que tengo entre mis manos porque yo los quiero mucho) como es el voto popular, a través del cual la Presidencia de la República y los legisladores los preseleccionarán y acapararán, porque fácilmente dirán a sus votantes que no elijan a los que el Poder Judicial (desprestigiado maliciosamente) pudiera proponer (pues no se crea usted que eso suceda, eso ni pensarlo).
En otras palabras, el pueblo elegirá a los que el poder previamente eligió y así, tenemos jueces a modo, sujetos al poder político que no estorbarán, porque para ese novedoso juez lo importante es defender los “intereses de Estado”; oiga, le diría hacienda pública, fíjese que necesitamos que pague más impuestos y si los evade quedará en prisión preventiva de oficio, es decir, automática; usted diría: oiga, pero eso no es proporcional; le dirán: bueno vaya usted ante un juez para que se defienda, y qué cree, ese juez resolverá que es más importante el “interés de Estado”, así que pague o se va a prisión.
La independencia judicial no es una “licencia” para hacer lo que se quiera, según se ha dicho en las milagrosas conferencias “mañaneras” (otra forma de desinformar es tergiversar el significado de las palabras); la independencia judicial es un derecho de todos, significa que los jueces defiendan tus derechos sin preferencias de ante mano.
