El alegato oficialista a favor de la reforma judicial es más un embate que una explicación. El presidente, su coalición y sus voceros han optado por impulsarla a partir de frases hechas, lugares comunes, simplificaciones ofensivas, tergiversaciones burdas y un ánimo más revanchista contra el Poder Judicial que progresista en términos de acceso efectivo a la justicia. Es deplorable pero tiene sentido, pues se trata de una reforma que está pensada no desde la perspectiva de los derechos ciudadanos sino desde la lucha por el poder. Lo que la sostiene no es un diagnóstico solvente, no son datos duros ni experiencias exitosas de otros países que hayan intentado hacer algo similar; es la movilización del enojo y la desconfianza (contra el pasado, contra la corrupción, contra las élites), es un viejo y merecido (aunque muy malentendido) desprestigio del sistema de justicia, es una represalia contra un poder que supo ponerle límites a un presidente que quiso gobernar como si su voluntad estuviera por encima de la ley.
No es la justicia, es el poder
Una reforma que de veras buscara atender la compleja problemática de la justicia en México no sería una reforma concentrada exclusivamente en el Poder Judicial Federal. Sería una reforma enfocada en las fiscalías, los ministerios públicos y los poderes judiciales de los estados; una reforma que protegiera el profesionalismo y la autonomía de la función jurisdiccional; sería una reforma más orientada a mejorar los juzgados y circuitos locales donde se deciden la inmensa mayoría de los pleitos legales que a querer “disciplinar” a jueces, magistrados y ministros del orden federal.
Sucede, sin embargo, que la opinión pública no está registrando bien esos déficits. Según una encuesta recién publicada de Alejandro Moreno , la mayoría de los mexicanos no está bien enterada de la propuesta sobre la reforma judicial, pero aun así la apoya; aprueba el trabajo de la Suprema Corte pero, al mismo tiempo, está de acuerdo con cambiar el método para elegir popularmente a sus ministros. ¿Por qué? Postulo cuatro posibilidades, no mutuamente excluyentes: por inercia (es lo que quiere el presidente y lo apoyan), por incongruencia (a veces las personas tienen preferencias ilógicas o contradictorias), por ignorancia (porque no saben lo que la motiva ni lo que va a implicar) o por indiferencia (no les preocupa, creen que no les afecta, les da lo mismo).
¿Hay problemas serios, graves, de corrupción, de nepotismo, de negligencia en el Poder Judicial? Sí. ¿Busca esta reforma combatirlos realmente? No. Su objetivo, como ha sido el sello de la casa obradorista desde principios del sexenio que ahora termina, no es tratar de resolverlos sino de instrumentalizarlos, de aprovecharlos políticamente. Más que una solución, lo que ofrece es una captura. No quiere construir un Poder Judicial más fuerte, más independiente ni más eficaz, quiere tener un Poder Judicial a modo, bajo su control, que no pueda ejercer como contrapeso. No va a eliminar la corrupción, ni el nepotismo ni la negligencia, los va a poner a trabajar a favor del obradorismo.
En Bolivia se hizo una reforma muy similar durante la segunda presidencia de Evo Morales y el resultado, como explicó en esta misma pantalla hace un par de meses Rafael Archondo , fue que los jueces terminaron alineándose con el poder en turno. Y en otros países que han atravesado procesos de erosión democrática, la experiencia es parecida: se alega la intención de “democratizar” al Poder Judicial pero lo que se consigue, al final, es la politización partidista de la labor jurisdiccional.
Que nadie se llame a engaño, esta reforma no va a solucionar los múltiples y añejos problemas que arrastra el sistema de justicia en México, pero sí va a generar otros nuevos y peores: mayor conflictividad social por pérdida de confianza en los tribunales, más riesgo político y menos certidumbre jurídica para la inversión, un gobierno cada vez más arbitrario y una ciudadanía crecientemente indefensa ante los abusos de poder.
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