La iniciativa de reforma que presentó el presidente López Obrador para “regresar las atribuciones” de varios Órganos Constitucionales Autónomos (OCAs) y Órganos Reguladores Coordinados (ORCs) al gobierno federal está planteada a partir de dos propósitos explícitos. Uno es, literalmente, “transversalizar la política de austeridad republicana”; el otro, revertir el desmantelamiento del Estado posrevolucionario. Mediante dicha reforma, se propone desaparecer a la Comisión Federal de Competencia (COFECE), al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al Instituto Nacional Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
Neoliberalismo del bienestar
Aquí hay, de entrada, dos problemas. El primero es que, como advierte el libro publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas al respecto, “muchas de las facultades de estos órganos nunca estuvieron ‘originalmente’ en una secretaría de Estado, sino que nacieron con los órganos” en cuestión (página 66, nota 1). El segundo es que, como ha quedado claro tras el sexenio que termina, paradójicamente la política de austeridad del obradorismo suele terminar siendo otra forma de desmantelamiento del Estado, en el sentido de que priva de recursos a la administración pública al grado de imposibilitar el cumplimiento de sus responsabilidades y/o de obligarla a reducir la calidad de los servicios que presta.
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Un tercer problema tiene que ver con las funciones técnicas que cumplen estos órganos, ya sea en materia de acceso a derechos (e.g., a la información pública y a la protección de datos personales), de regulación de los mercados (e.g., competencia, energía, hidrocarburos o telecomunicaciones) o de evaluación de políticas públicas (e.g., desarrollo social o de educación). La iniciativa de reforma plantea transferir sus facultades y obligaciones a las secretarías de Economía (COFECE); de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (IFT); a la Secretaría de Energía (CRE, CNH); a la Secretaría de Educación (MEJOREDU), al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (CONEVAL), a Función Pública, al Instituto Nacional Electoral y al Ejecutivo Federal (INAI). Pero, más allá de esa transferencia por la vía de la reforma constitucional, la iniciativa no contempla una reingeniería jurídica, institucional, presupuestal, ni de ningún otro tipo, ni tampoco viene acompañada de cambios a la legislación secundaria que garanticen que todas esas funciones vayan a poder desempeñarse efectivamente. Supone, como si fuera una obviedad que no amerita ser cuestionada ni con el pétalo de una duda, que las secretarías que las reciben tendrán plena capacidad para cumplir con esas nuevas facultades…
No hace falta darle muchas vueltas, lo único obvio en este proyecto es la intención de desaparecer esos órganos porque su existencia representa una herencia maldita del “neoliberalismo” que le quita poder al Ejecutivo Federal. Así de simple, así de absurdo.
La falsa premisa en la que se basa la iniciativa es que entre menos presupuesto tengan ciertas burocracias y más pueda el presidente hacer su reverenda voluntad, mejor para el pueblo que lo eligió democráticamente. No importa que al eliminar estos órganos se ponga en entredicho el acceso efectivo a derechos, la regulación de los mercados o la evaluación de las políticas públicas. Más que una reforma antineoliberal, se trata de un ejemplo paradigmático de lo que cabría denominar “neoliberalismo del bienestar”: cuando la austeridad se convierte en una política para que la presidencia concentre más poder.
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