Pues no hemos acabado de asimilar el tamaño del golpe electoral del 2 de junio y estamos claros de que estamos metidos en un gran problema en el país. En condiciones normales las elecciones habrían resultado en una definición de la integración de un nuevo gobierno con una integración plural de fuerzas políticas diversas, particularmente en el Congreso de la Unión. Pero como sabemos no fue así y el resultado fue que se generó una situación en extremo preocupante.
#ColumnaInvitada | ¡La alarma sigue encendida!
Estamos en un escenario en que las mayorías calificadas no están nada lejos del control de Morena y satélites y, por lo tanto, debemos entender cuáles son los riesgos frente a nosotros.
@JuanFTorresLand
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Por las razones que hayan sido, pero el electorado optó por no avalar otras ofertas y prefirieron validar la continuación del actual gobierno, pero además se hizo en forma amplia porque se dieron los votos para que Morena conquistara 7 de 9 gobiernos estatales, y de manera destacada el control de ambas cámaras del Congreso Federal. De hecho en el momento en que escribo este artículo no se han completado los procesos legales, pero todo parece indicar que el grupo en el poder podrían tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y muy cerca en el Senado (quizá le falten unos 2 o 3 Senadores solamente). La realidad es que este escenario en que Morena contara con la capacidad de realizar modificaciones constitucionales unilateralmente se había descartado como uno imposible dado que ante el desastre de país que tenemos hoy en día, nadie en su sano juicio podría suponer que el electorado le daría a Morena y satélites una mayoría simple y mucho menos calificada en el Congreso. Pero pesó mucho más la retórica y el convencimiento colectivo que la carencia de resultados. Así lo que las urnas determinaron y ahora amerita analizarse.
Sobre este tema hay un “pequeño detalle” que es el tema de la sobre representación. La Constitución señala que ningún partido político puede tener más de 300 diputados y tampoco una sobre representación mayor a 8% sobre la base del porcentaje de votos que obtuvo y el número de curules en la Cámara respectiva. Esa discusión es ahora medular porque están deliberándose hasta donde llega el número de diputados y senadores que tendrán finalmente los principales ganadores en la elección. Se debe evitar un abuso de que los que ganaron el 54% de la elección de legisladores se suban al 66% o incluso más. Por ello tan importante lo que hagan el INE y el Tribunal Electoral en este terreno. Mucho está en juego en esos cálculos y determinaciones. Habrá que estar muy pendientes de lo que en este tema se determine finalmente pues es clave para las siguientes fases.
Lo cierto es que estamos en un escenario en que las mayorías calificadas no están nada lejos del control de Morena y satélites y, por lo tanto, debemos entender cuáles son los riesgos frente a nosotros. Nos toca revisar como llegamos a esta situación y las posibles consecuencias, pero además la mejor forma para evitar consecuencias letales. Vamos a ver de qué se trata lo que está configurándose y sus consecuencias.
Regresemos al tema de la elección. Sin duda que hubo un alud de votos hacia el partido en el gobierno y su coalición. Eso es un hecho y no se puede ignorar. Pero también hay que entender bien el monto real de dicho número de votantes. Si se tuvo una abstención de 40%, entonces la participación efectiva de la coalición ganadora es de un tercio del número total de votantes posibles. Eso quiere decir que 66% de la población total en edad de votar no votó por la razón que fuera a Morena y su grupo. Y ese dato no es menor.
Pero además amerita una reflexión más profunda sobre lo que motivó al gran nucleo poblacional optar por esa fórmula. Todo parece indicar que el principal motivante fue la existencia de flujos de efectivo y programas sociales a más de 25 millones de familias. Ese grupo se ha beneficiado de políticas públicas específicas que implica uso de recursos del erario. Para que eso sea sostenible requieren tener finanzas sanas. Y no hay posibles recursos públicos si se atenta contra la establidad económica del país.
Mi punto es que el que Morena y grupo indique que el voto que recibieron es autoridad suficiente para que ellos pasen los cambios que presuponen el Plan C es un disparate. Asumir que los beneficiarios de programas sociales quieren ahora que se implementen cambios que van a irremisiblemente darle al traste a la seguridad jurídica y económica del país es un despropósito absoluto. Pero a eso nos enfrentamos, a un grupo ideológico que es capaz de completar la destrucción de lo poco que queda de instituciones y contrapesos, en particular por lo que hace a la independencia y estructura del Poder Judicial, del INE y los órganos constitucionales autónomos. Una historia de terror frente a nuestros ojos en tiempo real.
Y si no me creen basta ver la forma en que han reaccionado los mercados ante la sola mención o referencia de que el Plan C se llegue a discutir. El tipo de cambio y los indicadores se han movido adversamente para el país porque los inversionistas recriminan el que en México se llegue a dar un retroceso de estas dimensiones. Más allá de la retórica electoral impregnada de conceptos populistas es un hecho que si se llegaran a implementar estos cambios el país regresaría a una época de concentración de poder anterior a los 1980´s, pero con agravantes adicionales como son la militarización creciente, la delincuencia organizada amplificada, y un deterioro en el funcionamiento económico general del país. Un desastre total a la vista.
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Es por ello que no podemos dejar de lado el riesgo fundamental que significa la secuela de la elección nacional y lo que ahora se haga con dicho poder por parte de la mayoría legislativa morenista. En particular hay que destacar la zona de turbulencia extrema que supone el mes de septiembre en que convivirán el Presidente en su último mes de mandato y el nuevo Congreso Federal en su primer mes de funciones. Es en esa coyuntura que se pueden dar enormes arrebatos y excesos por lo que al Plan C se refiere. En preparación de dichas semanas es que es tan crítico revisar todo lo que está sucediendo ahora en la definición final de las legislaturas, pero también y en forma destacada, analizar las conductas y propuestas de la candidata previsiblemente electa. En lo que veamos por parte de la futura Presidenta de sus acciones y declaraciones en estos momentos se puede definir en gran medida el futuro inmediato del país. En un escenario de irracionalidad extrema con cambios profundos en septiembre el siguiente sexenio se puede morir antes de empezar por el desastre económico resultante, algo que varios opinadores ya refieren como el “error de septiembre”.
La futura Presidenta encontrará un país con una debilidad fiscal y presupuestal brutal, un panorama muy distinto al que tuvo el actual Presidente en 2018 en que le dejaron finanzas sanas y recursos abundantes. Con las carencias en el erario público la futura gobernante deberá ser doblemente cuidadosa porque, a diferencia de su predecesor, su margen de maniobra es muy limitado y es como caminar en hielo delgado, un paso mal dado implicará un accidente potencialmente letal.
Es así que tenemos que indicar a todos que la alarma sigue encendida y que no podemos bajar la guardia. Por todo lo que está en riesgo no podemos sino pedir a todos ser exigentes y previsores de esta batalla, una que muy probablemente nos motive tener que ocupar calles y espacios públicos para hacer sentir la opinión ciudadana pronto. No podemos vacilar con lo que pasa en el país, los resultados electorales adversos no son motivo para dejar de actuar. Como lo dijimos antes y lo reiteramos, en la lucha por libertades al subirnos a la bicicleta de la democracia dejar de pedalear no es opcional porque nos caeremos. Así es que a seguir avanzando que no hay de otra ante prioridades tan obvias.
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Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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