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La democracia no nació en el 2000, se empezó a descomponer lo avanzado

Hoy la gran disyuntiva es, a la luz de nuestra historia democrática y electoral, definir qué tipo de sistema queremos.
lun 29 abril 2024 06:05 AM
Nuestra erosión democrática en perspectiva
¿Qué buscamos como sociedad y qué estamos dispuestos a hacer para corregir el rumbo en 2030? Muchas de las grandes reformas tuvieron a la ciudadanía detrás, hasta que se nos olvidó nuestra obligación democrática, señala Don Porfirio Salinas.

Desde el año 2000, uno de los argumentos más comunes, y simplones, de varios supuestos analistas y opinólogos mexicanos es que ese año empezó la democracia con la alternancia. Hoy, son muchos de ellos los que argumentan que nuestra democracia está muriendo.

Ambas aseveraciones, fáciles, no consideran ni los matices ni la historia. En el 2000 no solo no nació la democracia, sino que se pararon las reformas democratizadoras, y arrancó la tendencia de descomposición y debilitamiento que el actual presidente aprovechó y profundiza con ahínco.

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La crisis del sistema hegemónico de los años 70, por la soberbia y demencia de muchos liderazgos, obligó a un punto clave de inflexión, gracias a estadistas como Don Jesús Reyes Heroles, a arrancar desde el sistema un proceso de dos décadas de reformas para la apertura democrática.

En 1977 se dio la reforma más icónica, con la que se crea la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales para poner reglas claras para crear y financiar partidos; se establece porcentaje mínimo para mantener un partido; se crea la representación proporcional, que da acceso a la izquierda al Congreso; y se permite la participación local de partidos con registro nacional.

En 1983 se da la reforma municipal, que otorga mayor autonomía a los municipios mediante facultades financieras y presupuestales; y amplía la figura de representación proporcional de 1977 a la elección de los ayuntamientos.

En 1986 se emite el Código Federal Electoral, que aumenta 100 curules de representación proporcional; limita a 70% las curules para un solo partido; crea la Comisión Federal Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Electoral (primer tribunal); la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal; el principio de Candidatura Común (alianza); y la renovación del Senado por mitades cada 3 años. Y se crea la cláusula de gobernabilidad que después sería eliminada afortunadamente.

En 1990, con la segunda reforma más icónica, se crea el Instituto Federal Electoral que quita al gobierno la organización de elecciones; la figura de Consejeros Magistrados; el Tribunal Federal Electoral; el Padrón Electoral y la credencial con fotografía; el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales; y actualiza la fórmula para asignación de diputaciones plurinominales.

En 1993 se establece la representación proporcional para el Senado, llevándolo a 128 escaños; se ponen límites para el gasto en campañas; se prohíbe financiamiento extranjero a partidos; se limita a 315 el número máximo de Diputados de un solo partido, eliminando la cláusula de gobernabilidad; se crea la figura de Observadores Nacionales Electorales; y el sistema de Resultados Preliminares.

En 1996 se da autonomía constitucional al IFE; se crea el Consejo Electoral; se limita a 300 las diputaciones para un solo partido; se definen los 128 escaños (64 de mayoría, 32 de primera minoría y 32 de lista nacional); asignación de recursos a partidos por porcentaje de votación; se limita financiamiento privado; se da acceso gratuito a medios masivos; y se establece que por primera vez el entonces Distrito Federal tendrá elecciones para la Jefatura de Gobierno y las Delegaciones.

Cabe señalar que para varias de estas reformas hubo mecanismos participativos; por ejemplo las Audiencias para la Reforma de instituciones Políticas de 1977; las Consultas Públicas para la Renovación Política de 1986; o el Acuerdo para la Reforma Política de 1995.

Es gracias a estos 20 años de reformas que fue posible la consolidación de partidos políticos nacionales más allá del PRI y el PAN; la pluralidad del Congreso; que en 1988 el PRI perdiera por primera vez la mayoría calificada en el Congreso; que en 1989 obtuviera su registro el PRD y empezara en Baja California la victoria de la oposición en gubernaturas; que en 1977 los capitalinos votaran por primera vez por sus autoridades, y que el PRI perdiera mayoría simple de Diputados.

Y sobre todo, es gracias al proceso de reformas democratizadoras entre 1977 y 1996 que en el 2000 llega el PAN a la Presidencia de la República. Como se ve, la democracia no nació en el 2000; es justamente la existencia de una democracia suficientemente sólida lo que permite esa alternancia.

Curiosamente, es justo en ese sexenio de la alternancia, de 2000 a 2006, cuando se pone un alto al proceso de reformas para la consolidación democrática, rompiendo la tendencia iniciada en 1977; justo cuando más se necesitaba profundizar el proceso.

También, lamentablemente, los partidos opositores al PRI al conquistar espacios de poder empezaron a replicar un modelo, bajo su propia interpretación, de concentración y centralización.

Lo hizo la llamada izquierda del PRD en la CDMX desde 1997, cooptando férreamente los poderes; así como en Michoacán, Zacatecas, Morelos, entre otros que gobernaron. Y lo hizo la derecha del PAN en Jalisco, y otros ejemplos como recientemente en Chihuahua.

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En 2008 llega una nueva etapa de reformas que, aunque con algunos avances, comienzan a pervertir el sistema y generar incentivos perversos a la competencia electoral y espacios de corrupción.

Se crea un mercado negro incalculable de publicidad irregular, de financiamiento ilegal a campañas a cambio de contratos gubernamentales, de supuestos asesores de estrategia y comunicación con costos millonarios, entre muchos otros.

Y en 2013-2014 llega como corolario la reforma peñista/panista que revierte muchos de los logros alcanzados durante 1977 a 1996, y que distorsiona y enturbia los sistemas electorales estatales.

Es bajo este escenario que el actual Presidente llega en 2018, con un sistema trastocado, instituciones cooptadas y vicios enquistados. Y, hábilmente, lo usa a su favor en su profunda convicción de desinstitucionalización y autoritarismo. Pero no lo arranca él, se lo heredan y él simplemente lo acrecienta y profundiza.

Hoy la gran disyuntiva es, a la luz de nuestra historia democrática y electoral, definir qué tipo de sistema queremos. Hemos probado la hegemonía, la apertura democrática, la perversión/monetización de la democracia y la desinstitucionalización.

¿Qué buscamos como sociedad y qué estamos dispuestos a hacer para corregir el rumbo en 2030? Muchas de las grandes reformas tuvieron a la ciudadanía detrás, hasta que se nos olvidó nuestra obligación democrática. ¿Estamos dispuestos a volver a impulsar un mejor sistema político?

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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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