En los últimos 17 años, México ha enfrentado una crisis de seguridad que ha dejado un saldo desgarrador: más de 300,000 personas han perdido la vida a causa de la violencia y ante estrategia fallida para enfrentarla.
Durante las dos últimas administraciones federales, según cifras oficiales, el incremento de murtes dolosas en el país es del 32%.
Ante la desgracia, no se ofrece una mejor respuesta, y lo que vemos es que la administración actual está desapareciendo a los desaparecidos. Afirman que que las 110,964 personas desaparecidas que contaba el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas es imprecisa. Que de todas estas desapariciones hay:
- 36,022 casos en los que no hay información para la búsqueda.
- 26,090 carecen de datos para la identificación.
- 17,843 personas han sido ubicadas.
- 16,681 personas han sido localizadas.
En otras palabras, están rasurando las cifras que dimensiona el tamaño del horror que vivimos a causa de viejos gobiernos que insisten en la militarización como vía a la pacificación.
La estrategia de seguridad implementada por el gobierno actual ha demostrado ser ineficaz y, en muchos casos, contraproducente. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSUS), al finalizar el 2023, el 59% de las personas mayores de 18 años dijo sentirse insegura en su ciudad.
Y es que la percepción de más de la mitad del país se confirma en los hechos: la militarización de la seguridad pública ha llevado a un aumento de la violencia y los abusos contra los derechos humanos.
La falta de coordinación e inteligencia entre las diferentes fuerzas de seguridad, la corrupción generalizada en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y la impunidad han debilitado aún más la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Cifras del Tablero de la Impunidad, presentado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), indican que, desde el gobierno de Peña Nieto, sólo el 60% de los implicados en casos de corrupción han sido investigados y procesados.
Por ello es que cada vez es más urgente adoptar una nueva estrategia de pacificación que ponga fin a esta crisis de violencia e inseguridad en México.
México precisa una agenda legislativa que busque detener la militarización del país y luego proponga una estrategia de pacificación nacional. Una política de seguridad ciudadana eficaz, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. La seguridad, la justicia y la paz deben ser los pilares fundamentales del Estado de Derecho en México.
Es fundamental establecer una política de seguridad ciudadana que privilegie la prevención del delito, la reparación del daño y la reinserción social de los delincuentes.
Esta política debe ser implementada con un enfoque de género y respeto a los derechos humanos, garantizando la protección de todas y todos los ciudadanos.
Creo que con la colaboración entre la sociedad civil, los diferentes sectores y las instituciones gubernamentales podemos prevenir la violencia, implementando mecanismos de participación ciudadana en la supervisión del proceso de seguridad pública y promoviendo una cultura de denuncia y colaboración.
Es hora de abandonar la estrategia fallida de militarización y represión y adoptar una nueva visión de seguridad ciudadana basada en el respeto a los derechos humanos y la participación activa de la sociedad.
Solo así podremos construir un México nuevo, donde la justicia siempre sea una opción.
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Nota del editor: Laura Ballesteros Mancilla es especialista en temas de medio ambiente y movilidad. Actualmente es senadora de la República. Síguela en X como @LBallesterosM Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
