¿En qué momento un gobierno que se dice de izquierda decide abandonar la causa medio ambiental?
No dejo de pensar en ello desde hace unos días, cuando terminó la COP28 y vi a una delegación mexicana señalar la falta de voluntad política de otras naciones para comprometer metas de mitigación más ambiciosas hacia el 2030.
Me narran algunos participantes de la delegación mexicana que México como país es el gran ausente, ni un pequeño stand como la mayoría de los países, ni un funcionario de alto nivel. Confieso que me generó una enorme inquietud, sobre todo porque ahora es más evidente que nunca está puesto el interés de este gobierno en materia ambiental.
Para muestras, algunos botones. Según documentó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Presupuesto de Egresos para 2024 propone destinar el 70% de los recursos del Anexo 16 (que se destinan a acciones de mitigación y adaptación al cambio climático) a proyectos como el Tren Maya, Sembrando Vida e infraestructura para transporte de gas fósil.
Múltiples especialistas en materia ambiental advirtieron desde los primeros años del sexenio que los megaproyectos del presidente López Obrador indican el poco –ya no es apresurado decirle nulo, ¿verdad?– interés que esta administración tendría por destinar recursos a la crisis climática que está asfixiando al planeta.
Cierto, en aquel entonces lo único que teníamos eran proyectos: trazos y planos y pronósticos y, sobre todo, promesas de campaña. No se habían puesto en su lugar los primeros tramos de las vías del Tren Maya ni se desmantelaba aún a las instituciones que, se supone, sirven para salvaguardar a las y los mexicanos de los riesgos ambientales que se avecinan.
Si así quieren verlo, era pura especulación. No obstante, hoy que la indolencia de este sexenio se aproxima a su fin, tenemos la información necesaria para verificar si, en efecto, estas preocupaciones van más allá de una opinión y más bien son otro de los temas de primera importancia que este gobierno decidió omitir.
Cuando sólo era una propuesta de campaña, mucho se dijo sobre si en verdad el entonces candidato López Obrador se atrevería a, –literalmente–, pasarle por encima con un tren a cientos de miles de hectáreas de selva tropical, uno de los ecosistemas más ricos y representativos del país.
No fue sino hasta que los primeros árboles cayeron que comenzamos a dimensionar la barbarie: cifras del Instituto Nacional de Antropología e Historia indican que el proyecto ha deforestado más de 130,000 hectáreas de selva tropical, sin ningún plan de acción de reforestación o contención ambiental efectivo.
Sólo para tener una imagen, esto equivale a más de 160 Bosques como el de Chapultepec (el cual, dicho sea de paso, las autoridades de la CDMX también quieren masacrar con un cablebús).
En entrevista con Deutsche Welle, Yuri Peña Ramírez, investigador del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), señaló que el programa Sembrando Vida se convirtió, en la práctica, en “un programa de prebendas y de clientelismo social”, con consecuencias radicalmente distintas a los objetivos marcados.
Describió la situación del programa como productores que cortan árboles indiscriminadamente para solicitar los subsidios que ofrece el gobierno, abriendo la puerta a que un programa de supuesta reforestación se convierta en una muestra del clientelismo más rancio.
¿Y quién lo paga? El territorio mexicano que ha perdido más de 70,000 hectáreas de masa forestal natural.
Sería complicado enumerar todos los proyectos de infraestructura gris que este gobierno ha impulsado. Para muestra, veamos la autopista Oaxaca - Mitla. Se estima que, una vez terminada, la autopista emitirá 200,000 toneladas de dióxido de carbono al año, que equivale a las emisiones de 77,500 vehículos compactos.
Es en este tipo de proyectos, en los cuales el gobierno federal decide invertir los recursos que deberían ser destinados al cambio climático y las crisis ambientales que se nos avecinan, y que afectarán a las y los más vulnerables, como las 80 familias desplazadas por daños ambientales en la comunidad El Bosque, en Tabasco, a quienes el presidente López Obrador dijo que ayudaría “entre el 23 de diciembre y el 2 de enero” en su conferencia matutina del 8 de diciembre.
La pregunta es: ¿por qué? ¿Cuáles de sus intereses –políticos, económicos, ideológicos– se pusieron en juego para optar por no aprovechar la oportunidad de proteger a las personas más vulnerables de la catástrofe ambiental que se aproxima?
Desde el Senado de la República trabajaremos de la mano con especialistas y sociedad civil para generar un fondo ante la emergencia climática y trabajar en un Acuerdo Verde Ya, en el que toda la sociedad participe en los costos de la crisis climática.
Esto es, una iniciativa para un Fondo de Crisis Climática y Desastres Naturales, que contempla la obligación de destinar el 1% del PEF a este Fondo, así como la obligación de financiarlo mediante los impuestos previstos en la Ley de Ingresos y otras leyes fiscales.
El Estado Mexicano le ha dado la espalda al medio ambiente, particularmente en este sexenio. Sin embargo, somos mucho más que gobierno y Estado: las y los mexicanos tenemos la oportunidad de corregir el rumbo en materia ambiental.
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Nota del editor: Laura Ballesteros Mancilla es especialista en temas de medio ambiente y movilidad. Actualmente es senadora de la República. Síguela en X como @LBallesterosM Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
