La relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad atraviesa uno de sus momentos más delicados. En un nivel operativo, ambos gobiernos se han presentado como aliados estratégicos frente al crimen organizado, pero cada nuevo episodio en el tema revela otra realidad. El de esta semana, relacionado con el traslado ilegal de “El Mayo” a Estados Unidos en 2024, confirma que la confianza para hacer efectiva esa cooperación ya se agotó.
La normalización de la excepción
La cooperación bilateral ha comenzado a depender de manera más frecuente en mecanismos extraordinarios, justo cuando se prevén acusaciones sobre actores de más alto perfil del gobierno mexicano.
@ginadelafuente
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En el nivel ejecutivo, hemos escuchado numerosas declaraciones de Donald Trump señalando al gobierno mexicano como un sujeto controlado por grupos del crimen organizado. Esta semana, Claudia Sheinbaum hizo lo propio al cuestionar al gobierno estadounidense por negociar beneficios procesales con integrantes de esos grupos bajo su custodia. A ello se sumó una solicitud formal de información al gobierno norteamericano- dos años después- sobre la participación de sus agencias en la captura y traslado de Zambada. Horas más tarde, la fiscal general, Ernestina Godoy, informó de la apertura de nuevas carpetas de investigación por el presunto delito de secuestro a partir de información revelada sobre la participación del FBI en aquella operación.
El episodio va más allá de la demanda de aclaración sobre una operación y obliga al análisis del panorama completo. Buscar obtener información de personas acusadas a cambio de trato preferencial a personajes acusados de algún delito no solo no es nueva, sino que es legal conforme a las normas procesales estadounidenses. Lo que distingue al momento actual es que la cooperación bilateral ha comenzado a depender de manera más frecuente en mecanismos extraordinarios, justo cuando se prevén acusaciones sobre actores de más alto perfil del gobierno mexicano.
Mientras Estados Unidos obtiene información directamente de líderes del crimen organizado mediante acuerdos de cooperación, México ha recurrido en los últimos meses a la entrega- también ilegal- de decenas de objetivos prioritarios fuera de los procesos ordinarios de extradición. Tan solo en el último año se ha informado de la “entrega” de casi 100 personas a la justicia estadounidense, entre ellas el propio piloto que transportaba a “El Mayo”, sin seguir el proceso establecido en los tratados de extradición vigentes.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha defendido estas entregas citando motivos de seguridad nacional. Lo cierto es que se trata de una flexibilización de los cauces institucionales que solo pueden leerse en el marco de una coyuntura de presión exacerbada y pérdida de confianza. Basta recordar el caso del general Salvador Cienfuegos, quien fue repatriado tras ser acusado de narcotráfico en Estados Unidos, tan solo para ser exonerado por la FGR meses después.
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De este modo, la excepción comienza a convertirse en regla. Los procesos de extradición, la asistencia en materia jurídica y los mecanismos formales de intercambio de información existen precisamente para ofrecer certeza y transparencia en el marco de una relación de cooperación y confianza. Pero pareciera que estos instrumentos han dejado de ser la vía idónea y han sido reemplazados recurrentemente por soluciones extraordinarias, convirtiendo el tema en un problema político.
Washington parece confiar cada vez más en la información que obtiene de los capos bajo su custodia y menos en la posibilidad de que el gobierno mexicano brinde cooperación de calidad y actúe de manera efectiva contra los grupos del crimen organizado. La apertura de investigaciones sobre el presunto secuestro de “El Mayo” dos años después de los hechos vuelve a colocar aquel episodio en el centro de la relación bilateral. Si bien toda posible violación a la soberanía nacional debe investigarse y esclarecerse, no se puede evitar ubicar este debate en el contexto del avance de los procesos judiciales en Estados Unidos y el aumento de la especulación sobre el alcance de la información que los acusados están proporcionando a las autoridades del país vecino.
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Así, mientras el gobierno estadounidense pudiera estar ensamblando el expediente más amplio a la fecha sobre los arreglos existentes entre el gobierno mexicano y grupos del crimen organizado, el affaire Zambada también revela que en la relación bilateral se ha sustituido la confianza por la sospecha. Ambos países reclaman transparencia en sus acciones y procesos, al tiempo que parecen haber asumido que los mecanismos ordinarios de cooperación ya son insuficientes.
Más que una disputa legal bilateral, se configura un tipo de cooperación bilateral organizada en torno a la desconfianza. Las reglas siguen existiendo, pero con mayor frecuencia son desplazadas por soluciones extraordinarias. Esta situación preocupa porque los procesos penales que hoy se desarrollan en Estados Unidos apenas comienzan. Cada audiencia y cada revelación tendrán repercusiones que trascenderán los tribunales y se instalarán en la agenda bilateral, marcando el ritmo y las condiciones del juego. En esa cancha, México difícilmente podrá competir.
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Nota del editor: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a Georgina De la Fuente.
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