Los grupos criminales someten a los gobiernos para construir redes de impunidad, con la finalidad de imponer o expandir su control territorial y apropiarse de la explotación de actividades políticas, económicas y sociales. Estos grupos centran sus esfuerzos en doblegar a los municipios, pero, debido a la diversificación de sus intereses y el recrudecimiento de sus disputas, cada vez extienden más su influencia hacia los ejecutivos estatales y los legislativos locales y federales, principalmente en épocas electorales. Estamos frente a un proceso de anulación completa del Estado por parte del crimen organizado que podría consolidarse en las próximas décadas. No obstante, hablamos de un proceso con lógicas diferenciadas que hay que comprender para contener, primero, y revertir, después.
#ColumnaInvitada | La democracia en las fauces del crimen organizado
La primera línea de fuego
Los municipios son blancos prioritarios del crimen organizado porque se encargan de la gestión de los conflictos cotidianos mediante la prestación exclusiva de funciones y servicios públicos, como la gestión del agua, recolección de basura, mercados y centrales de abasto, rastro, tránsito o la prevención del delito. En otras palabras, al someter a los municipios los grupos criminales acceden directamente al control de las economías locales, lo que no sólo proporciona recursos financieros, sino también un sistema robusto de informantes (transportistas, comerciantes o recolectores de basura) con datos clave (movimientos sospechosos o ubicaciones de casas de seguridad) para neutralizar a organizaciones rivales.
Para decirlo claro, controlar al nivel de gobierno más próximo a la población es el primer paso para construir autoridad criminal. Lo anterior explica por qué más del 50% de los asesinatos, atentados y amenazas en contra de funcionarios, políticos y candidatos en estas elecciones se concentra en actores municipales y sobre todo en territorios disputados por grupos criminales. De septiembre a la fecha, han sido asesinados, al menos, 16 candidatos a presidencias municipales y otros siete sobrevivieron a un atentado. En la mayoría de estos municipios hay evidencia clara de conflictos entre grupos criminales, destacando Maravatío, Taxco, Atoyac, Acapulco e Iguala. Uno de los casos más recientes fue el asesinato del priista Humberto Amezcua, quien buscaba la reelección del municipio jalisciense de Pihamo, ubicado en una zona de guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Nueva Familia Michoacana. En estos casos, es muy probable que las elecciones municipales den paso a hegemonías criminales en varios territorios que hoy están en conflicto armado.
La violencia más allá de lo microlocal
No obstante, los conflictos entre los grupos criminales pueden ser tan profundos que la captura de los municipios no es suficiente para imponer una hegemonía criminal. Entonces, las autoridades estatales se vuelven blancos del crimen organizado. Los estados cuentan con policías más preparadas y con mayor equipamiento, recursos públicos más cuantiosos y, principalmente, administran la justicia mediante las fiscalías; en otras palabras, controlar o neutralizar a las autoridades estatales ofrece mayores ventajas competitivas para los criminales.
En este proceso electoral se han reportado decenas de ataques contra funcionarios públicos, políticos y aspirantes a puestos de elección en el ámbito estatal, principalmente en Guerrero, Michoacán y Chiapas. Uno de los últimos casos fue la brutal ejecución de Cristal García Hurtado, comisaria regional de la Guardia Civil en Pátzcuaro, y sus dos escoltas. Precisamente, en estas entidades hay grupos criminales nacionales, regionales y locales disputándose violentamente el control territorial, por lo que la cooptación de municipios no es suficiente para que un grupo se imponga.
Los legislativos bajo acecho
Los grupos criminales se han convertido en coaliciones promotoras que colocan sus intereses en las agendas legislativas para que, por ejemplo, no se implementen políticas que atenten contra sus intereses o los territorios bajo su mando reciban mayores recursos públicos. Un síntoma de las bancadas criminales en los legislativos es la creciente violencia contra aspirantes a curules federales y locales.
En estas elecciones, cerca de 20 aspirantes a puestos legislativos (diputaciones locales, federales y hasta senadurías) han sido agredidos y, al menos, cuatro han sido asesinados. Uno de los últimos casos fue el asesinato del morenista Manuel Hernández, quien buscaba una diputación local en Veracruz. Además, decenas de candidatos buscarán el voto en distritos altamente violentos y otros tantos han preferido renunciar a sus aspiraciones legislativas. Es un hecho que el crimen organizado está penetrando todos los niveles y ámbitos de gobierno.
Tragedia democrática
Hace unos días se viralizaron videos en donde criminales castigan brutalmente a operadores del transporte público en Acapulco por “no reportar actividades” y “no portar uniforme completo”, es decir, por no seguir las reglas impuestas por los criminales. Dichas imágenes muestran cómo es la vida cotidiana bajo un régimen criminal, arropado, muy probablemente, por ejecutivos y legislativos democráticamente electos, pero sometidos. La tragedia más grande de nuestra democracia es haber caído en las fauces del crimen organizado y la realidad más cruda que experimentan cada vez más ciudadanos es vivir bajo regímenes criminales.
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Nota del editor: Armando Vargas (@BaVargash) es Doctor en Ciencia Política, profesor universitario y consultor especializado en (in)seguridad pública y riesgo político en Integralia Consultores (@Integralia_Mx). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
