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#ColumnaInvitada | Los segundos pisos no resuelven la desigualdad

Por el bien de todas, primero el transporte.
mié 24 enero 2024 06:00 AM
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Los segundos pisos son una vía inviable para resolver el derecho a la movilidad de quienes menos tienen; son una mentira, son una política pública mediocre y un alto a la movilidad sustentable, apunta Laura Ballesteros Mancilla.

Este 23 de enero pasado, el segundo piso vehicular de la CDMX cumplió 19 años. Diecinueve años de ser uno de los atropellos más grandes al derecho a la movilidad en la Ciudad de México, no sólo porque no resolvió el tráfico como lo prometía, sino porque profundizó la desigualdad de la ciudad. Permítame poner el asunto en perspectiva.

Imagine usted que diagnostican a una paciente con una enfermedad hormonal que le dificulta regular su peso. Su crecimiento es involuntario y cada talla que aumenta tiene consecuencias graves en sus sistemas circulatorio, respiratorio y motriz.

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Los doctores que la atienden, en lugar de recetarle dieta y ejercicio, junto con la medicación adecuada, le dicen que la solución a su problema de crecimiento es comprar ropa de tallas cada vez más grandes.

¿Usted diría que estos doctores están siguiendo el tratamiento adecuado? Es decir, ¿estas medidas pueden, en efecto, ayudar a la paciente a hacer frente a su enfermedad? ¿Se va a sentir mejor después de seguir estas indicaciones?

Yo no me fiaría de ellos, ni de ningún otro doctor que para atender un problema crónico me propusiera una solución cosmética.

Bueno, pues lamento informarle que esta metáfora representa la manera en que, durante décadas, los gobernantes a cargo de nuestras ciudades han abordado el problema de la movilidad: crear más vialidades, como el Segundo Piso, para darle cabida a más automóviles.

Y es que, al igual que nuestra paciente, la tendencia de nuestras ciudades es seguir creciendo de manera desmedida: el Banco Mundial estima que la población urbana aumentará más del doble para 2050, momento en que casi 7 de cada 10 personas vivirán en ciudades.

Así, entre los enormes retos que implica este panorama, está la cuestión de cómo movernos por la ciudad. Especialmente por los efectos colaterales que genera el privilegio de formas de movilidad no sustentables, como el automóvil particular y la infraestructura necesaria para soportarlo.

El verdadero problema: tráfico inducido

Comencemos, entonces, por identificar el problema.

La construcción de infraestructura dedicada al automóvil –desde vialidades hasta estacionamientos– genera un fenómeno al que los especialistas llaman tráfico inducido.

En pocas palabras, se trata de un efecto que ocurre en el corto y el mediano plazo tras la habilitación de infraestructura orientada al favorecimiento del automóvil como medio de transporte.

Contrario al sentido común, más espacio no significa que los autos avancen mejor y más rápido; sus consecuencias, en los hechos, es la presencia de más unidades y de todos los efectos secundarios que esto genera: mayor contaminación y daños a la salud, más tráfico y un incremento en los hechos de tránsito, pérdida de plusvalías, entre muchas otras.

En 2006, apenas un año después de que el entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, inaugurara el segundo piso del Periférico, los investigadores Luis Miguel Galindo y David Ricardo Heres demostraron la existencia de tráfico inducido en la Ciudad de México.

Los resultados publicados en su investigación muestran que, cuando una vialidad permite reducir 6 minutos un viaje de una hora, el volumen del tráfico incrementa casi 4%. Igualmente, si hablamos de un viaje de dos horas, la “oferta” de reducción de 12 minutos atrae 7.6% más tráfico; y si el trayecto dura tres horas, entonces el tráfico crece 11.6%.

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Así, como podemos apreciar, la tendencia nos indica que las nuevas vialidades para automóviles como solución al problema de movilidad es una medida cortoplacista: nuevamente, más espacio para el auto particular no se traduce en una mejor movilidad.

La narrativa que hasta ahora nos han impuesto de que la infraestructura dedicada a la movilidad de las personas que habitamos las ciudades debe privilegiar al auto es una falacia, más aún ante la cantidad de recursos que se le destina. Lo cual, en sí mismo, es otro problema.

¿Quién realmente paga por los automóviles?

Los 10 kilómetros que conforman la segunda etapa del distribuidor vial San Antonio le costaron a las y los contribuidores más de 5,068 millones de pesos, antes del IVA y de los costos imprevistos.

¿A qué pudimos destinado este dinero? Sin duda, a un sinfín de proyectos y programas, pero sólo para tener una imagen del atropello, éstas son algunas:

- Más de 2,500 kilómetros de ciclovías.
- Más de 1,600 unidades nuevas de transporte de pasajeros.
- Más de 1,000 escuelas.
- Al menos 2 hospitales de alta especialidad.

La construcción de infraestructura dedicada al auto no se detiene en que haya más tráfico y que nuestros trayectos para llegar a casa se prolonguen (lo cual no es un asunto menor: el Índice de Tom Tom señala que en 2023 pasamos 152 horas en nuestros automóviles, ¡prácticamente una semana encerradas en un auto!).

La creciente colonización del automóvil y sus consecuencias para los habitantes de la ciudad genera costos que impactan directamente al bienestar social; es decir, los sacrificios que en términos de calidad de vida tiene que hacer la población para amortiguar las decisiones del gobierno.

He escuchado muchas veces a grupos que defienden a capa y espada el uso del automóvil decir que, dado que las vialidades se pagan con sus impuestos, tienen derecho de apropiárselas para su uso y disfrute. Algo habrá de cierto en ello, supongo.

Sin embargo, se les olvida que también pagan por ellas nuestras infancias que no tienen una escuela digna donde estudiar, las personas enfermas para las que no alcanzan las camas de hospital, o las personas con discapacidad que no tienen acceso a una banqueta digna por la cual desplazarse.

Mas vías no es la vía

En este contexto, es crucial replantear una nueva estrategia de movilidad. La solución no radica en más infraestructura para el auto, sino en invertir en un transporte público eficiente y seguro, y en vialidades caminables.

Solo así se podrán mitigar los costos sociales, económicos y ambientales que nos ha impuesto el gobierno y sus malas decisiones. Los segundos pisos son una vía inviable para resolver el derecho a la movilidad de quienes menos tienen; son una mentira, son una política pública mediocre y un alto a la movilidad sustentable. Es urgente cambiar el paradigma; invertir en transporte eficiente, en movilidad ciclista, en los peatones. Por el bien de todas, primero el transporte.

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Nota del editor: Laura Ballesteros Mancilla es especialista en temas de medio ambiente y movilidad. Actualmente es senadora de la República. Síguela en X como @LBallesterosM Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

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