En ese reporte, los miembros del Mecanismo denunciaron que las Fuerzas Armadas no han cumplido con el mandato del presidente López Obrador, que en octubre de 2021 ordenó a las Fuerzas Armadas facilitar a la Comisión de la Verdad la consulta de sus archivos y colaborar en las investigaciones.
Según el informe de la Comisión, las Fuerzas Armadas sí colaboraron —a regañadientes y de manera limitada— con su investigación en un primer momento. Sin embargo, de acuerdo con el reporte: “En las últimas semanas las negativas a permitir la consulta de documentos se han multiplicado e incluso han derivado en que el personal militar —que no actúa sin indicaciones de su cadena de mando— altere documentación, es decir expedientes, relacionados con violaciones a derechos humanos”.
En consecuencia, los miembros de la Comisión señalan que la Secretaría de la Defensa Nacional incurrió en “desobediencia a la instrucción presidencial, la cual simuló cumplir al permitir el ingreso al archivo, aunque una vez dentro ha obstaculizado la búsqueda y reproducción de información”.
Una vez más, el Ejército obstruye el derecho a la verdad y la justicia que tiene la sociedad mexicana. No es nada nuevo. Las Fuerzas Armadas también obstaculizaron las investigaciones de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), que investigó la represión política de la Guerra Sucia durante el sexenio de Fox. Asimismo, durante los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador, han ensuciado y entorpecido las investigaciones para esclarecer el caso Ayotzinapa.
Fue un acierto de la Comisión de la Verdad publicar este reporte. En un país en el que la seguridad pública lleva militarizada casi dos décadas, es necesario que la sociedad sepa que no puede confiar en el Ejército cuando se trata de impartir justicia.
Además, el reporte ilustra un rasgo de las Fuerzas Armadas que hemos denunciado hasta el cansancio quienes nos hemos pronunciado contra la militarización: la opacidad. Al amparo de la seguridad nacional y bajo el manto protector de su propio sistema de justicia militar, los cuerpos castrenses no están sujetos a las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas de las autoridades civiles. Así pues, nuestros soldados-policías pueden perpetrar violaciones a derechos humanos y abusos de poder sin que nadie los llame a cuentas.
En los pocos casos en que los medios de comunicación develan violaciones a derechos humanos cometidas por soldados, los militares recurren a lo que Jacobo Dayán llama la falacia de la “manzana podrida”. Es decir, arguyen que un individuo se pasó de la raya y que lo castigarán internamente, pero el Ejército, como institución, es intachable.
En suma, el reporte tiene un gran valor informativo, en tanto que es un documento oficial y público, al alcance de cualquier ciudadano, que refleja el grado de opacidad del Ejército y muestra cómo esta institución es —y será— un obstáculo para cualquier esfuerzo de justicia transicional.
No obstante, el reporte también es una muestra clara sobre por qué, al depender de la voluntad presidencial, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico tendrá alcances limitados. Incluso, hay partes del reporte en las que pareciera que los comisionados solicitan ayuda al presidente López Obrador para asegurar la colaboración de las Fuerzas Armadas en la Investigación.
