En primer lugar, los habitantes de San Gregorio Chamic, Chiapas, salieron a las calles a celebrar la llegada de un convoy armado del Cártel de Sinaloa a su comunidad. Versiones periodísticas aseguran que los ciudadanos festejaron la llegada de este grupo criminal, ya que supuestamente contribuirá a pacificar y estabilizar la región, que vive momentos de violencia y desgobierno.
Es difícil saber si las personas salieron por cuenta propia, empujadas por un entusiasmo genuino, o si fue por la coacción de los grupos criminales. Los dos escenarios son aterradores.
Si la gente salió por entusiasmo, eso quiere decir que ve al Cártel de Sinaloa como un ente magnánimo que liberará a la región del terror de otras bandas delictivas asociadas al Cártel Jalisco Nueva Generación. En otras palabras, para quienes salieron a las calles a recibir el convoy, el Cártel de Sinaloa es un guardián de la paz más eficaz que el Estado.
En el otro escenario, si la gente salió por coacción, el Cártel de Sinaloa tendría suficiente control territorial y poder de fuego en la zona para obligar a decenas de ciudadanos a llenar la calle de “acarreados” tan sólo para montar una celebración espontánea y ostentar su nivel de influencia frente a las autoridades y las bandas rivales.
Si bien las motivaciones de la gente para salir a las calles son bien distintas en ambos casos, lo que queda claro en cualquier escenario es el grandísimo poder de convocatoria y movilización de los grupos criminales.
El segundo evento relevante fue la publicación de un estudio académico en la revista Science. La investigación de Rafael Prieto-Curiel, Gian Maria Campedelli y Alejandro Hope (que en paz descanse) llegó a la conclusión de que 175,000 personas trabajan para las organizaciones criminales en México , por lo que los grupos delictivos serían una de las principales fuentes de trabajo en el país. Un estudio previo, realizado por la consultora Lantia de Eduardo Guerrero, llegó a la misma conclusión.
Esta cifra indica la importancia económica y social de los grupos criminales en México. Es claro que el crimen organizado ya representa una parte importante de la actividad económica del país.
Aunque el estudio se centra en el poder de reclutamiento de las bandas delictivas, no hay que dejar de considerar todo el capital que se mueve alrededor del crimen organizado por medio del lavado de dinero, la entrada de dinero “sucio” a negocios “limpios” y la liquidez que dejan los negocios ilícitos. Tampoco olvidemos que los grupos criminales, en la práctica, desempeñan funciones de recaudación (por medio del cobro de derecho de piso y otros esquemas de extorsión) en diversas zonas del país.
Ahora bien, si pensamos la cifra de los 175,000 empleos a nivel regional, las cosas son aún más graves. No es exagerado decir que hay regiones del país donde la fuerza motriz de la economía local es algún grupo criminal. Por si fuera poco, muchas veces las bandas delictivas recurren a distintos mecanismos de reclutamiento forzado para engrosar sus ejércitos de sicarios. Es decir, en muchas regiones de México, el trabajo no-libre sigue siendo una realidad.
Cometeríamos un craso error si no consideramos estos dos fenómenos —la capacidad de movilización social y la importancia económica de las organizaciones delictivas— en conjunto. Ambos deberían ser poderosos recordatorios de que las fronteras entre el crimen organizado, la sociedad y el Estado, así como las divisiones entre la economía formal, la informal y la ilegal son difusas, porosas y, en muchos casos, imaginarias.
