Todos los partidos, aunque principalmente los de oposición, harían bien en reconsiderar esta posición: la clave para su competitividad podría estar en el orden local, no en el federal. Al seleccionar cuadros competitivos, con arraigo y conocimiento de la gente, el territorio y los problemas cotidianos de distintos estados y municipios podrían remediar —así sea ligeramente— su mala reputación como “marcas” nacionales.
Pero ese tema es harina de otro costal. Más allá de partidos, candidatos y nombres, aquí me interesa resaltar la importancia de las elecciones locales del próximo año para la vida cotidiana de la gente, así como señalar el principal desafío que enfrentarán quienes ocupen cargos municipales y estatales a partir del próximo año.
Recordemos que en 2024 se disputan nueve gubernaturas (incluida la Ciudad de México) y ayuntamientos en 31 de las 32 entidades de la República. Por supuesto, las personas que ocupen cada cargo enfrentarán retos particulares, que tienen que ver con las lógicas locales, los problemas territoriales y las características, coyunturas y condiciones de cada estado y municipio.
Pese a estas diferencias y más allá de la especificidad de cada caso, todos ellos enfrentarán un desafío complicadísimo y urgente apenas lleguen al poder: asegurar el control territorial de su demarcación.
Ya se volvió un lugar común decir que el crimen organizado domina gran parte del territorio nacional. Sin embargo, no está de más recordar lo que esa aseveración significa: en la práctica, en vastas regiones del país hay poderes criminales que compiten o desplazan al Estado y desempeñan buena parte de sus funciones. Cobran impuestos (en modo de derecho de piso o de paso), ofrecen protección a los habitantes de la región, imponen castigos —inhumanos y despiadados— cuando un sujeto rompe sus normas no escritas y, en última instancia, regulan la vida social, las actividades económicas y los mercados a nivel local.
Los gobiernos locales deberán enfrentar esta escalofriante situación. ¿Qué hacer ante ella? ¿Buscar el apoyo del gobierno federal para que envíe a las Fuerzas Armadas a pelear por el control del territorio? ¿Pactar con un grupo criminal para que establezca un dominio hegemónico —más o menos pacífico y ordenado— en la región, a cambio de que mantenga a raya a los otros grupos criminales y reduzca la violencia? ¿Pactar con distintos grupos en distintas zonas? ¿Desarrollar policías y fuerzas de seguridad poderosas a nivel local, con todo el tiempo y los recursos que eso implica?
Todas estas opciones han ocurrido —y están ocurriendo— en distintos estados en diferentes momentos. Elegir cuál es la mejor opción nunca es sencillo. Todas las alternativas implican consecuencias negativas e inesperadas. Todas ellas se pueden visualizar desde la lógica del “menor de los males”.
