Hace unos días, un grupo de manifestantes presuntamente ligado con la organización criminal “Los Ardillos” bloqueó la Autopista del Sol, tomó instalaciones del gobierno local de Guerrero, agredió a elementos de la Guardia Nacional y realizó diversos actos de vandalismo. La versión oficial es que los pobladores fueron obligados a manifestarse para exigir la liberación de dos líderes de dicho grupo delictivo.
La “base social del narco”, aún peor de lo que parece
Las organizaciones criminales son cada vez más violentas y poderosas, al tiempo que desempeñan un papel cada vez más importante como agente regulador de la vida social.
@jacquescoste94
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En general, las notas y reportajes al respecto refieren que “la base social del crimen organizado” se manifestó. Me parece que estas lecturas se quedan cortas (por simplistas y esquemáticas). Esto nos puede conducir a malinterpretar el problema y plantear mecanismos erróneos para atenderlo, lo que podría terminar por agravarlo.
En la realidad, no operan las fronteras artificiales que establecemos entre el crimen organizado, la sociedad y el gobierno, ni tampoco entre la economía formal, la informal y la ilícita. En la práctica, todos estos campos están entremezclados y la línea divisoria entre ellos es difusa y porosa o, en muchos casos, inexistente.
Para vivir tranquilos, tendemos a imaginar a las organizaciones criminales, a los famosos “cárteles”, como entes monolíticos y claramente identificables: casi como empresas, ejércitos formales o instituciones. De ahí, saltamos a imaginar que el dominio territorial del crimen organizado se ejerce por medio del terror y la violencia a la población. Bajo esta mirada, la población se vería “obligada” a realizar ciertas acciones —desde pagar derecho de piso hasta participar en una movilización social— por amenazas o por miedo.
Esta mirada parte de algunas premisas reales: por ejemplo, es innegable que los grupos criminales utilizan la violencia y el terror para regular la vida social y económica en distintas regiones del país. Sin embargo, hay muchos otros factores que explican por qué estas bandas funcionan como agentes reguladores del orden social y por qué en muchas regiones son un poder que suple o complementa al Estado, o en ocasiones compite con él.
Uno de ellos es que ni los gobiernos emanados de la transición ni el que enarbola la “cuarta transformación” han sabido —o querido— reconstruir —o sustituir— las redes de arreglos políticos locales ni los mecanismos de intermediación —casi siempre informales— entre el gobierno federal y las regiones, así como entre el Estado y los ciudadanos, que brindaban un nivel razonable de estabilidad y gobernabilidad al régimen posrevolucionario.
El régimen posrevolucionario no funcionaba como un reloj suizo, en el que cada engrane marcha en perfecta armonía y opera de manera sincronizada, sin fallas ni defectos. Lejos de ello, uno de los secretos de la estabilidad del régimen era la red de arreglos políticos informales, cambiantes, flexibles y ajustados a las realidades regionales con los poderes locales.
Como ha demostrado la extraordinaria investigación de Benjamin T. Smith, los grupos delictivos dedicados al narcotráfico operan en México desde hace décadas y el Estado siempre tuvo que lidiar con ellos. No obstante, durante el viejo presidencialismo, el PRI fue hábil para incorporar a estas bandas a su red de acuerdos locales. Esto explica, en parte, el nivel relativamente bajo de violencia relacionada con el crimen organizado durante esta época.
Como ha explicado Fernando Escalante, la transición a la democracia rompió esta red de acuerdos locales y averió los mecanismos de mediación entre el gobierno federal y las regiones. Esto se combinó con cambios en el mercado global de las drogas, con la declaración de guerra contra el narcotráfico por parte de Felipe Calderón y con la posterior militarización permanente de la seguridad pública.
El resultado fue fatídico: las organizaciones criminales son cada vez más violentas y poderosas, al tiempo que desempeñan un papel cada vez más importante como agente regulador de la vida social allí donde las redes de arreglos políticos locales se rompieron.
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Investigaciones como las de Natalia Mendoza y Claudio Lomnitz son invaluables para comprender la dimensión que ha alcanzado el dominio social y territorial de los grupos criminales, así como para entender que este poder no se ejerce exclusivamente por medio del terror y no se traduce únicamente en que los criminales obliguen a los ciudadanos a hacer cosas que no quieren.
Más bien, estos grupos son los agentes reguladores de la vida social en muchas regiones del país y cuentan con recursos adicionales —ajenos a la violencia— para ejercer esta función, entre ellos, la legitimidad. Asimismo, en varias regiones las bandas forman parte de la vida comunitaria, la cual modifican y moldean con su presencia, aunque al mismo tiempo sus modos de operación se ven transformados y adaptados según los usos, las costumbres y las particularidades de cada comunidad.
El desafío para el próximo presidente o presidenta será gigantesco: ¿cómo gobernar un país con vastas regiones en las que poderes no-estatales, informales y, muchas veces, criminales fungen como agentes reguladores de la vida social y como elementos cada vez más arraigados de la convivencia comunitaria? Un buen punto de partida sería reconocer el problema, pero para los candidatos es más fácil decir que van a instalar cámaras en todo el país, que van a atacar las causas sociales de la inseguridad o que van a enfrentar a los criminales con todo el peso de la ley.
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Nota del editor: Jacques Coste (@jacquescoste94) es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022).
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