La tragedia de Juárez, el retrato del gobierno obradorista

Bien dijo Elba Gutiérrez en Letras Libres que la tragedia es más un síntoma de la política migratoria del gobierno obradorista que una excepción. En otras palabras: se trata de un acontecimiento emblemático y especialmente infame, pero de ninguna manera es un hecho aislado o sorprendente (en todo caso, lo asombroso es que una tragedia de esta magnitud no haya acaecido antes).

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Yo añadiría que el caso no es solamente representativo de la atroz política migratoria de este gobierno, sino que pinta de cuerpo completo a la administración de López Obrador y es ilustrativo para comprender los vicios y problemas de este sexenio.

En primer lugar, la ejecución de la política migratoria ha sido, por decir lo menos, deficiente. Y ésa ha sido la tónica de la mayoría de políticas públicas impulsadas por un gobierno que desdeña el profesionalismo y los aparatos burocráticos especializados, y que no asigna recursos suficientes ni responsabilidades claras en cada proyecto que emprende. La incapacidad operativa es una de las insignias distintivas de este gobierno y es, también, una de las culpables principales de la tragedia de Juárez.

En segundo lugar, varios reportajes han dado cuenta de cómo diversos componentes de la política migratoria obradorista se han privatizado. Así, empresas particulares están encargadas del resguardo de los migrantes en las prisiones, entre otras tantas cosas. Hay una manera sencilla de nombrar a la delegación de responsabilidades del Estado a particulares: neoliberalismo. Y sí, la tragedia de Juárez arroja luz sobre el carácter neoliberal de este gobierno, que ha recortado cada vez más recursos y capacidades a las instituciones públicas.

En un tercer frente, es justo y preciso decir que la política de criminalización de la migración que ha emprendido este gobierno tiene su origen en las exigencias de Washington para que México contenga los flujos migratorios hacia Estados Unidos. El gobierno mexicano ha estado dispuesto a desempeñar este vergonzoso papel de policía migratoria estadounidense con tal de que el presidente tenga mayor libertad para impulsar su agenda política. Así es: la tragedia de Juárez muestra cómo López Obrador está dispuesto a pagar cualquier costo (incluyendo vidas humanas) con tal de concentrar más poder.

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Además, la tragedia de Juárez muestra el total desdén del presidente López Obrador frente a los derechos humanos en sí mismos —a los cuales concibe como una invención neoliberal para debilitar a los gobiernos — y ante las organizaciones defensoras de estos derechos. Diversas asociaciones y colectivos habían advertido sobre el carácter violatorio de derechos humanos de las cacerías de migrantes por parte de la Guardia Nacional y de las precarias condiciones de las estaciones migratorias del INM. El gobierno las ignoró. He aquí el resultado.

A los rasgos representativos de este gobierno presentes en la tragedia de Juárez hay que añadir la militarización. López Obrador decidió usar a la Guardia Nacional como policía militar-migratoria. Incluso, el responsable del INM en Chihuahua es un miembro de la Marina. Lo he dicho decenas de veces: la lógica militar exige solucionar problemas mediante la violencia y la eliminación, sin consideraciones de derechos humanos. Y, por supuesto, esto se vio claro en Ciudad Juárez.

Por último, la respuesta gubernamental al incendio arroja luz sobre la incongruencia, la cobardía, la intransigencia y la opacidad de López Obrador y su gabinete.

Primero, cuando el presidente culpó a los migrantes de su propia muerte, mostró su profundo desprecio hacia las víctimas, el cual ya había sacado a relucir cuando se negó a recibir a Javier Sicilia para no ensuciar “la investidura presidencial”.

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Luego, al acusar de ser conservadores o de tener intenciones aviesas a los ciudadanos, los migrantes y los activistas que han manifestado su indignación frente a los sucesos y han llamado a cuentas a los responsables, López Obrador ha mostrado su intransigencia y su nociva creencia de que él tiene el monopolio del liderazgo de cualquier protesta social legítima. Asimismo, el presidente dejó clara su aversión a la rendición de cuentas y asumir responsabilidades.

Finalmente, el cobarde deslinde del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien es responsable formal de la política migratoria, la indolencia de Marcelo Ebrard (que ha preferido seguir en campaña) frente a los hechos y el silencio cómplice, o peor aún, el apoyo estridente del resto del obradorismo al presidente, demuestran cómo quedar bien con el mandatario y aparecer en la próxima boleta electoral es lo único que le importa al oficialismo.

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Nota del editor: Jacques Coste (Twitter: @jacquescoste94) es historiador y autor del libro ‘Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica’, que se publicó en enero de 2022, bajo el sello editorial del Instituto Mora y Tirant Lo Blanch. También realiza actividades de consultoría en materia de análisis político. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.